www.abogacia.es/ 22.09.2014.
El Tribunal Constitucional está estudiando los recursos contra
las tasas judiciales que están vulnerando el derecho de los ciudadanos a
la tutela judicial efectiva por razones económicas, según publica El Confidencial.
Desde el TC se entiende que el recurso planteado contra las tasas de
Ruiz-Gallardón debe ser resuelto con prontitud principalmente por 2
razones. La 1ª, porque el clamor social es muy elevado y cada vez
se presentan menos recursos ante el Tribunal Supremo por las excesivas
cuantías. Y la 2ª porque hay muchos procesos judiciales paralizados
al haber presentado jueces y tribunales cuestiones de
inconstitucionalidad a las tasas judiciales –entre ellas la propia
Audiencia Nacional– que no pueden resolverse hasta que el recurso
principal quede decidido. De ahí que se espera que antes de que acabe el
año haya una decisión tomada, según El Confidencial.
Hace casi 1 año, en octubre de 2013 el presidente del Consejo
General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, solicitó al presidente
del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, que “se
agilice en lo posible la resolución de los recursos y cuestiones de
inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Tasas Judiciales”.
En el escrito dirigido al presidente del TC, Carnicer consideraba
urgente “paliar el efecto muy grave” que tienen las tasas judiciales
tanto para los ciudadanos, ya que no pueden acceder al derecho a la
tutela judicial efectiva, como para los tribunales, que carecen de
criterios para conocer la realidad social por las trabas puestas a los
ciudadanos para acceder a la Justicia.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos de
inconstitucionalidad interpuestos por los Gobiernos de Andalucía,
Aragón, Canarias , Cataluña, y el Grupo Parlamentario Socialista.
También hay que añadir las cuestiones de inconstitucionalidad que han
planteado Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Además, la Sala
IVª del Tribunal Supremo adoptó un acuerdo no jurisdiccional que
establece la no exigencia de tasas judiciales al trabajador, sindicatos,
beneficiario de la Seguridad Social, funcionario o personal estatuario
en recursos de suplicación y casación. Todos los recursos y cuestiones
de inconstitucionalidad, recordaba Carnicer en el escrito remitido a
Pérez de los Cobos, se fundamentan en que las tasas judiciales pueden
estar “condicionando el acceso de los ciudadanos a la Justicia”.
Según, El Confidencial, que cita fuentes del alto tribunal, el
ponente está redactando su texto, que después tiene que ir a pleno para
su votación.El TC tendrá que decidir si las tasas afectan en sí mismas a
la tutela judicial efectiva e impiden al ciudadano acceder a la
Justicia. Aunque también puede que la tasa judicial se considere
constitucional pero las cuantías desproporcionadas.
Oposición frontal de la Abogacía
La Abogacía Española se ha manifestado en contra de esta Ley desde
antes de su tramitación y ha criticado que el Ministerio de Justicia no
escuchara a los diversos colectivos antes de aprobarla. En el Manifiesto
publicado tras la entrada en vigor, las calificaba de “experimentos o
iniciativas improvisadas carentes de eficacia alguna, que sólo tienden a
impedir o recortar el acceso de los ciudadanos a la Justicia sin
percatarse de que el verdadero problema no son disfunciones puntuales,
sino el deplorable estado que sufre la Administración de Justicia”.
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