Cada 1 de los 6 órganos especializados que funcionan en Burgos, León, Salamanca y Valladolid asumió una media de 1.725 asuntos y resolvió 1.664 casos el año pasado.
M. J. Pascual,Valladolid, Jueves, 10 mayo 2018,
La 1ª pista sobre el desbordamiento de los juzgados de familia la corroboran los bufetes de abogados especializados en crisis matrimoniales: tras unos cuantos años de sequía -como ponen de manifiesto las estadísticas del último lustro del Poder Judicial, que reflejan una línea descendente en el nº de divorcios-, en 2017 parece que ha comenzado a cambiar la tendencia y va en aumento el número de clientes que acuden a los despachos para divorciarse. «La gente, que aguantó en casa durante la crisis viviendo bajo el mismo techo a pesar de las tensiones, ha decidido dar el paso ahora y se nota: esto está contribuyendo a que en los juzgados se estén señalando vistas con una demora de muchos meses», explica Jaime Sanz, de Safe Abogados. Este letrado pone como ejemplo uno de los asuntos que lleva: comenzó a tramitar la demanda de un cliente en 28 de febrero pasado, le recibieron en uno de los juzgados específicos de Valladolid el 27 de abril para recoger el apoderamiento del procurador para tramitar el procedimiento, que presentó al día siguiente, y la 1ª vista judicial se ha señalado para septiembre, es decir, con 6 meses por delante. «Eso es para empezar, porque si durante la vista se solicitan y se conceden informes de los equipos psico-sociales, se puede prolongar más. Vamos, que un hombre a quien su ex-mujer no quiere que tenga la custodia compartida va a estar 7 meses, al menos, sin poder ver a sus hijos, hasta que el juez dicte el auto de medidas».
Con una jueza de baja, otra que lo ha estado durante mucho tiempo y solo una que sigue en activo al 100 x 100, los juzgados de familia de Valladolid han lanzado un 'SOS' al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, quejándose de la saturación por el volumen de asuntos y de que casi no tienen fechas en el calendario para señalar las vistas pero no consiguen reducir los tiempos de demora.
Refuerzo
El pasado 26 de marzo, las magistradas titulares de los juzgados de familia de Valladolid solicitaron un refuerzo, para los próximos 6 meses, de un juez de adscripción temporal (JAT) o en comisión de servicio y 2 funcionarios en prolongación de jornada, dado el volumen de trabajo de los 3 órganos, que no solo se ocupan de casos de familia, sino de incapacidades e internamientos de personas con discapacidad mentales. Relatan en su petición que realizan 2 señalamientos a la semana, con una media de 9 cada día, lo que supone más de 18 asuntos con vistas a la semana. A ello se suma que tienen que resolver todos los recursos que se opongan a la ejecución de las sentencias, «que van aumentando considerablemente» y todos aquellos asuntos de la jurisdicción voluntaria que no precisan de comparecencia: enajenaciones de bienes inmuebles, aceptaciones de herencias de personas incapaces y menores.
Estos juzgados de familia ponen más de 450 sentencias de divorcio al año, indican las magistradas, puesto que «ya no hay tantas sentencias de mutuo acuerdo como hace años, pues muchos divorcios y separaciones pactadas finalizan por decreto cuando no hay hijos menores y otros son acordados por las notarías». A ello se suman los casi 700 autos anuales y «las diligencias que se hacen en el despacho, como la exploración de menores, oír a adoptantes y adoptados y examinar a las personas demandadas en procedimientos para determinar la capacidad».
Y es que, con la Ley de Jurisdicción Voluntaria de 2015, los juzgados de familia han asumido más competencias pero tienen prácticamente los mismos medios. Se ocupan, por ejemplo, de los internamientos involuntarios urgentes, de forma que tienen que acudir a los hospitales la semana que les toca (y en Valladolid hay 3).
La consecuencia, concluyen, es que «pese al esfuerzo realizado, tenemos una carga de trabajo excesiva y, a pesar de intentar reducir el tiempo de señalamiento, es imposible. Estamos señalando actualmente para el mes de septiembre y octubre, con claro perjuicio para el justiciable como para el normal funcionamiento del juzgado y la propia imagen de la Administración de Justicia».
En el tiempo en que se ha resuelto su petición, los señalamientos ya van por el mes de noviembre. Este pasado lunes 7 de mayo, el TSJ emitía un informe favorable y solicitaba el refuerzo al Consejo General del Poder Judicial que, según anunció ayer el juez decano de Valladolid, Ignacio Segoviano, se habría concedido. La carga de trabajo anual que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ve razonable para esta jurisdicción está en una horquilla de 908 a 1.088. Según los datos correspondientes al 1º trimestre de este año, los juzgados de familia de Valladolid ya han registrado «entre 386 y 477 asuntos, según el juzgado», lo que significa que ya han ingresado la mitad de la carga de trabajo «razonable» de todo el año.
Si en Valladolid la demora reconocida está en 6 meses, en Burgos, donde solo hay 1 juzgado de familia único, con 2.022 asuntos nuevos que ingresaron en 2017 y que arrancó 2018 con 936 asuntos en trámite, un divorcio puede tardar 1 año, tal y como señaló el magistrado titular, Roberto Pérez Gallego. Todos, también en León y Salamanca, donde hay juzgados específicos, pero también, en las provincias donde no existen y se ocupan de los divorcios los juzgados mixtos (de 1ª instancia e instrucción, como en Zamora, Ávila, Segovia, Soria y Palencia), reclaman que se creen nuevos órganos. Al menos, 1 en cada capital.
Pero las causas del desbordamiento, señalan en los juzgados, son múltiples. A los escasos medios se suman el excesivo papeleo en la tramitación, los informes que se piden a los equipos psico-sociales, que tampoco dan abasto, y al propio procedimiento que, según los especialistas, habría que revisar para acortar los tiempos.
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