Con motivo de la imputación de Juan
Fernando López Aguilar por un delito de malos tratos, se ha vuelto a
poner en cuestión la Ley contra la Violencia de Género, que el propio
López Aguilar impulsó durante su etapa como Ministro de Justicia.
Una de las noticias de esta primavera fue la imputación del ex ministro socialista López Aguilar por un delito de malos tratos
contra su mujer, con quien se encontraba tramitando el divorcio. La
noticia saltó a los medios cuando los protagonistas acudieron a declarar
en juicio rápido ante una juez de Las Palmas, que derivó el caso al
Supremo por la condición de aforado del eurodiputado, al encontrar
indicios de delito de malos tratos físicos y verbales. López Aguilar ya
aseguró entonces que se trataba, precisamente, de una denuncia falsa. De
una venganza por haberse separado de su esposa. El eurodiputado
socialista fue suspendido cautelarmente de militancia en el PSOE, a
petición propia, aunque no abandonó su escaño en la Eurocámara.Su ex mujer aseguró que no creía que hubiera habido violencia de género, aunque sí maltrato, por ambas partes. Lo cierto es que fue la Policía, de oficio y tomando como base el testimonio de los vecinos, la que denunció los hechos a finales del mes de marzo, cuando los agentes acudieron a la vivienda de la pareja para investigar un incendio en la misma. El fuego se habría declarado mientras los hijos menores del matrimonio dormían y estando su madre, supuestamente, en estado de embriaguez. Las alusiones de los testigos a golpes, insultos y gritos entre ambos cónyuges fueron suficientes, en virtud de la ley que él mismo aprobó, para que la denuncia haya prosperado.
En 2006 el entonces ministro de Justicia del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Juan Fernando López Aguilar afirmaba que las denuncias falsas serían un coste asumible de la Ley de Violencia de Género. La citada norma, fue polémica, porque en su desarrollo prima la presunción de culpabilidad del acusado, que se ve obligado a probar su inocencia.
Ahora, López Aguilar, a pesar de haber cerrado, finalmente, un acuerdo de divorcio con su mujer y de que el Supremo haya rechazado procesarle alegando un déficit argumental, se ve atrapado por los mecanismos de la Ley que él mismo impulsó.
Hemos consultado a los ciudadanos, para ver si el caso del ex ministro ponía en cuestión algunos aspectos de la Ley contra la Violencia de Género y qué opinión tenían de dicha norma.
Un 22’5 % de los encuestados creen es una ley estupenda, ya que, en su opinión, se puede asumir lo que sea con tal de acabar con una lacra como la violencia de género.
Las opciones que califican la ley de mala, fundamentándose en que se carga un principio básico de la justicia, como el de la presunción de la inocencia o, incluso, basándose en que es un coladero de denuncias falsas fruto de los celos o la venganza agrupa a un amplio 37’4 % de los ciudadanos que respondieron a este estudio.
La mayoría, toma una postura, menos intransigente, pero también bastante crítica con la ley. El 40’1 % de los ciudadanos piensa que no trata por igual a hombres y mujeres y, por tanto, sólo pueden calificar a la Ley contra la Violencia de Género, como regular.
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