Agencias
Barcelona
8 SEP 2010
La Generalitat aprobó ayer la creación de un fondo para cubrir el
impago de las pensiones alimentarias o compensatorias no abonadas.
Entrará en funcionamiento en mayo de 2011, después de llevar congelada
su puesta en marcha 9 años, cuando Jordi Pujol, entonces presidente
de la Generalitat, la anunció.
La consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, ha
concretado que la puesta en marcha del proyecto costará 9 millones
de euros y que podrá beneficiar a unas 1.300 familias en situación de
precariedad económica al no recibir la pensión que les correspondería.
Los beneficiarios recibirán durante 18 meses como máximo hasta 285 euros por hijo al mes.
Las condiciones para acceder a la ayuda son tener hijos menores de edad o con discapacidad, unos ingresos inferiores a 854 euros al mes y una pensión reconocida pero que no está siendo abonada.
La creación del fondo figuraba en la Ley de Apoyo a las Familias de 2003.
También la Ley del Derecho de las Mujeres a Erradicar la Violencia Machista de 2008, pero hasta ayer, no se había aprobado su puesta en marcha.
Además del fondo, Capdevila anunció que las administraciones públicas catalanas denegarán subvenciones a las empresas sancionadas por discriminar a la mujer e incentivarán a las que realicen buenas prácticas en materia de conciliación laboral, según el proyecto de ley para la igualdad que aprobó ayer el Gobierno.
Es una ley cuya entrada en vigor no dependerá del resultado de las elecciones, ya que su aprobación deberá llevarse a cabo en la próxima legislatura.
Los beneficiarios recibirán durante 18 meses como máximo hasta 285 euros por hijo al mes.
Las condiciones para acceder a la ayuda son tener hijos menores de edad o con discapacidad, unos ingresos inferiores a 854 euros al mes y una pensión reconocida pero que no está siendo abonada.
La creación del fondo figuraba en la Ley de Apoyo a las Familias de 2003.
También la Ley del Derecho de las Mujeres a Erradicar la Violencia Machista de 2008, pero hasta ayer, no se había aprobado su puesta en marcha.
Además del fondo, Capdevila anunció que las administraciones públicas catalanas denegarán subvenciones a las empresas sancionadas por discriminar a la mujer e incentivarán a las que realicen buenas prácticas en materia de conciliación laboral, según el proyecto de ley para la igualdad que aprobó ayer el Gobierno.
Es una ley cuya entrada en vigor no dependerá del resultado de las elecciones, ya que su aprobación deberá llevarse a cabo en la próxima legislatura.
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