El pasado año, 1.123 parejas optaron por formalizar la disolución de su enlace en los juzgados
La crisis económica ha provocado que las parejas en
crisis aplacen la decisión final de divorciarse.
Esa esa la conclusión
de los abogados de Valladolid
dedicados a la tramitación de expedientes de disoluciones
matrimoniales.
Los datos registrados por el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) así también lo confirman, a tenor del descenso en el
último año del número de divorcios en el 5% en Valladolid.
En el año 2011, los divorcios tramitados por los juzgados de Familia y de Violencia de Género vallisoletanos alcanzaron la cifra de 1.123, lo que supone 60 menos que los contabilizados en 2010.
La tendencia de descenso no solo se confirma en Valladolid.
En Castilla y León,
el descenso de separaciones y divorcios se situó en 242 expedientes con
respecto a los registrados en los juzgados durante todo el año 2011, en
el que la cifra alcanzó los 5.061.
Solamente la provincia de Segovia
contabilizó en el mismo periodo un incremento, pasando de los 247
registrados en 2010 a los 309.
Las provincias donde más bajaron las
separaciones matrimoniales fueron Burgos, que pasó de 771 expedientes a 656 el año pasado, y León, de l.096 en 2010 a los 1.032.
En Zamora, Palencia y Salamanca descendieron de forma menor.
En total, el descenso en la comunidad fue del 4,8%.
La actual situación de crisis económica no solo frena las
rupturas matrimoniales, sino que también influye posteriormente en el
cumplimiento de las medidas económicas determinadas en los convenios
reguladores.
«Si en una pareja, uno de cónyuges se queda en el paro, y
se mantiene el compromiso de pagar los créditos firmados en las épocas
de bonanza, la decisión influye a la hora de determinar si siguen
adelante o no con el divorcio. A no ser que la situación sea de total
desavenencia», explica un abogado matrimonialista.
A ello se suma otra circunstancia de la que se quejan
sobre todo los varones: el supuesto trato más favorable de los jueces
hacia las mujeres en las sentencias de divorcio.
«Es evidente que el
marido que piensa en divorciarse tiene en cuenta cuestiones que le
marcarán para el futuro, como por ejemplo que tendrá que pagar una
pensión para los hijos, y en ciertos casos compensatoria para la
exmujer. También la cuota de la hipoteca, sino no se resuelve quién de
los 2 se queda con el piso o si este no se vende. Y por último, no hay
que olvidar que deberá abonar la mitad de aquellos gastos
extraordinarios (actividades escolares, médicos, viajes, etc.) que se
generen por la custodia de los menores nacidos en la familia.
¿Quién con
este panorama da el paso adelante?», se pregunta el abogado Jaime Sanz.
Pero, ¿qué cuesta un divorcio?
Esa es la primera pregunta
que hace el cliente al entrar en el despacho de un abogado.
La
separación matrimonial de mutuo acuerdo ronda los 1.200 euros, cantidad a
la que hay sumar el gasto menor del procurador. En cualquier caso, el
gasto se reparte al 50% entre ambos.
Si por el contrario se decide
acudir a la vía contenciosa, la cifra se elevaría hasta los 1.500 euros,
más el IVA. En cualquiera de los casos los letrados consultados
reconocen que cada vez más el divorcio se paga a plazos.
Mediación
Aunque muchas parejas después de tener clara la ruptura deciden acudir a un Servicio de Mediación Familiar dependiente
de una administración pública, en el que normalmente una psicóloga y
una trabajadora social buscan soluciones, otras intentan inicialmente
que sea un solo letrado y procurador el que les lleve el pleito.
En el caso del Servicio de la Junta, los cónyuges pueden
ir acompañados también del abogado que decidan, pero se comprometen en
un contrato a que el letrado-mediador no podrá luego intervenir en el
proceso del divorcio en el supuesto de que pleiteen por separado.
Para el abogado Jaime Sanz Fernández-Soto, «muchos de los
divorcios comienzan de forma contenciosa y terminan de mutuo acuerdo,
porque los cónyuges se dan cuenta que con la rabia no se va a ningún
sitio».
Algunos de los letrados consultados recuerdan que con el
divorcio de mutuo acuerdo no solo se ahorra dinero, sino también tiempo,
ya que en unos 3 meses desde que se presenta la demanda civil el
juzgado puede dictar ya la sentencia, que adquiere grado de firmeza.
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