El derecho a una vivienda digna no exime de cumplir las reglas de igualdad matemática al dividir el patrimonio de los divorciados.
La Justicia Gratuita no cubre los honorarios del contador partidor en los procesos de divorcio.
Las propuestas de reparto de las partes no vinculan al contador partidor si no hay un acuerdo total.
Xavier Gil Pecharromán, 26/02/2026
El principio de protección al cónyuge más vulnerable, del art. 96 del C.Civil (CC), no otorga un "mejor derecho" para que uno de los cónyuges exija quedarse con la propiedad de la vivienda familiar en los procesos de divorcio, según establece el Tribunal Supremo, en una sentencia de 22 de enero de 2026.
El ponente, el magistrado Manuel Almenar Belenguer, determina que esta medida tiene carácter transitorio, permite atribuir de forma temporal el uso de la vivienda familiar, pero sus efectos cesan definitivamente en el momento en que se procede a la liquidación del régimen económico matrimonial
Para Paloma Zabalgo, abogada de familia y socia directora de Zabalgo Abogados,
"la importancia de esta sentencia es que clarifica que la protección legal otorgada al cónyuge más vulnerable tiene fecha de caducidad y no altera las reglas objetivas del reparto de bienes. A partir de ese instante, el reparto debe hacerse cumpliendo las normas del CC que exigen igualdad en el valor de los lotes e intentan evitar que los bienes queden indivisos, como es la propiedad compartida, entre los ex cónyuges.
La evitación de la indivisión es un mandato legal imperativo que prevalece sobre las preferencias subjetivas de habitación de los ex cónyuges".
El patrimonio a liquidar, en este caso, incluía la vivienda familiar, un solar edificable, un almacén, participaciones sociales (60%) y la cuota de 4/5 partes de una vivienda en la que la esposa ya era titular de la 1/5 parte restante por herencia.
Almenar Belenguer indica que el art. 47 de la Constitución Española, sobre el derecho a una vivienda digna, no es invocable entre particulares, sino que orienta la actuación de los poderes públicos. Además, considera que "la protección del interés más necesitado es lo que ha justificado que la recurrente haya tenido el uso y disfrute de la vivienda desde 2016, casi 10 años, como también, a través del desequilibrio económico que supuso el divorcio para ella, que se estableciera a su favor una pensión compensatoria, dirigida a restaurar la situación económica previa".
Pero, sin embargo, dictamina que "así como la pensión, dadas las circunstancias y al amparo del art. 97 del CC, se fijó inicialmente por tiempo indefinido, el principio del interés más necesitado despliega sus efectos exclusivamente hasta la extinción del régimen económico matrimonial".
El fallo también aborda el nivel de autonomía del contador-partidor, el profesional designado por el juzgado para dividir el patrimonio cuando la expareja no llega a un acuerdo. El contador-partidor solo está vinculado por el acuerdo total de las partes. La recurrente se quejaba de que este profesional había ignorado las propuestas iniciales de reparto formuladas por ella y por su exmarido, vulnerando supuestamente el principio de justicia rogada.
El Tribunal Supremo desestima este argumento, aclarando que, cuando las propuestas de los ex cónyuges son contradictorias o incompatibles, el contador no está vinculado por ellas. Al contrario, este profesional tiene un margen de discrecionalidad para diseñar el reparto asegurando la equidad y evitando el proindiviso, cumpliendo así el encargo de la ley. Aunque las partes manifiesten sus preferencias, el contador-partidor debe aplicar los parámetros legales del CC (arts. 1061 y 1062) y la Ley de Enjuiciamiento (art. 786).
Por otra parte, la sentencia determina el pago de los honorarios del contador partidor cuando uno de los ex cónyuges es beneficiario de la Asistencia Jurídica Gratuita.
El origen del litigio reside en el recurso presentado por una mujer que, tras su divorcio, reclamaba que se le adjudicara la propiedad definitiva de la que fue la vivienda familiar. Su defensa argumentaba la vulnerabilidad de la mujer y apelaba al derecho constitucional a una vivienda digna y al principio del "interés más necesitado de protección".
La recurrente alegaba, en su defensa, que adjudicarle bienes inhabitables vulneraba su derecho a una vivienda digna, ya que perdía la vivienda familiar cuyo uso disfrutaba por ser la parte más vulnerable. El otro excónyuge, ante la dificultad de formar lotes, postuló la venta judicial de la masa.
El patrimonio a liquidar, en este caso, incluía la vivienda familiar, un solar edificable, un almacén, participaciones sociales (60%) y la cuota de 4/5 partes de una vivienda en la que la esposa ya era titular de la 1/5 parte restante por herencia.
Almenar Belenguer indica que el art. 47 de la Constitución Española, sobre el derecho a una vivienda digna, no es invocable entre particulares, sino que orienta la actuación de los poderes públicos. Además, considera que "la protección del interés más necesitado es lo que ha justificado que la recurrente haya tenido el uso y disfrute de la vivienda desde 2016, casi 10 años, como también, a través del desequilibrio económico que supuso el divorcio para ella, que se estableciera a su favor una pensión compensatoria, dirigida a restaurar la situación económica previa".
Pero, sin embargo, dictamina que "así como la pensión, dadas las circunstancias y al amparo del art. 97 del CC, se fijó inicialmente por tiempo indefinido, el principio del interés más necesitado despliega sus efectos exclusivamente hasta la extinción del régimen económico matrimonial".
El fallo también aborda el nivel de autonomía del contador-partidor, el profesional designado por el juzgado para dividir el patrimonio cuando la expareja no llega a un acuerdo. El contador-partidor solo está vinculado por el acuerdo total de las partes. La recurrente se quejaba de que este profesional había ignorado las propuestas iniciales de reparto formuladas por ella y por su exmarido, vulnerando supuestamente el principio de justicia rogada.
El Tribunal Supremo desestima este argumento, aclarando que, cuando las propuestas de los ex cónyuges son contradictorias o incompatibles, el contador no está vinculado por ellas. Al contrario, este profesional tiene un margen de discrecionalidad para diseñar el reparto asegurando la equidad y evitando el proindiviso, cumpliendo así el encargo de la ley. Aunque las partes manifiesten sus preferencias, el contador-partidor debe aplicar los parámetros legales del CC (arts. 1061 y 1062) y la Ley de Enjuiciamiento (art. 786).
Por otra parte, la sentencia determina el pago de los honorarios del contador partidor cuando uno de los ex cónyuges es beneficiario de la Asistencia Jurídica Gratuita.
El Supremo dictamina que el contador partidor no es un perito y sus honorarios no son costas procesales que puedan ser cubiertas por el Estado a través de la justicia gratuita.
"Su labor, según determina el Supremo en esta sentencia, es un trabajo realizado en interés común de ambas partes para liquidar su patrimonio, por lo que su coste es una deuda de la propia sociedad de gananciales y debe deducirse del caudal a repartir, en aplicación del art.1064 del CC, que determina que los gastos realizados en interés de todos los partícipes se deducen del activo común", explica Paloma Zabalgo.
"Su labor, según determina el Supremo en esta sentencia, es un trabajo realizado en interés común de ambas partes para liquidar su patrimonio, por lo que su coste es una deuda de la propia sociedad de gananciales y debe deducirse del caudal a repartir, en aplicación del art.1064 del CC, que determina que los gastos realizados en interés de todos los partícipes se deducen del activo común", explica Paloma Zabalgo.
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