La Junta de Extremadura ofrecerá asistencia jurídica y sanitaria,
incluyendo la atención psicológica especializada, a las víctimas de
violencia homofóbica o transfóbica, así como otras medidas sociales. Es
uno de los artículos contenidos en el proyecto de Ley de Igualdad Social
de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e
Intersexuales de Extremadura, que comienza su andadura en el Parlamento
autonómico.
El presidente extremeño, José Antonio Monago, anunció el pasado mes de mayo la creación de esta ley durante el debate sobre el estado de la región. 8 meses después el texto llega a la Asamblea de Extremadura en forma de propuesta de ley del Grupo Popular en lugar de como proyecto presentado por el Ejecutivo autonómico.
Esto permitirá agilizar su tramitación con el objetivo de que pueda ser una realidad antes de que termine la presente legislatura.
La ley parte del concepto genérico de igualdad, consagrado en la Constitución, para definir con alto grado de detalle los derechos del colectivo. En el ámbito de la salud se plantea un protocolo de atención integral para las personas transexuales, desde la detección temprana a las operaciones de cambio de sexo. Asimismo, se contempla que las mujeres lesbianas y bisexuales tendrán garantizado en igualdad de condiciones el acceso a las técnicas de reproducción asistida. Estas medidas se llevan a cabo desde hace varios años, pero ahora se incluyen en un texto legal. También se propone un protocolo de atención a intersexuales (personas con un sexo biológico no definido por tener atributos de ambos géneros o carecer de alguno de ellos) y velar por la erradicación de las prácticas de asignación de sexo en bebés recién nacidos.
En el ámbito familiar se recoge la necesidad de adoptar medidas de atención y ayuda a víctimas de la violencia entre personas del mismo género que garanticen la protección del individuo acosado frente al acosador; y que toda persona cuya identidad de género sea la de mujer y sea víctima de violencia machista tenga acceso a la protección contemplada en la Ley autonómica contra la violencia de género.
La norma también plantea medidas en materia de educación y universidad; el ocio, la cultura y el deporte; el ámbito laboral; la juventud y la comunicación. Además, recoge un régimen sancionador con multas de hasta 3.000 euros las leves (emplear expresiones vejatorias por razón de orientación sexual en medios de comunicación o intervenciones públicas) a 45.000 las muy graves (agresiones o acoso).
También destacó la creación de un Observatorio de Lucha contra la Homofobia y Transfobia como órgano de participación y consulta que permitirá lograr avances sociales a través de políticas públicas, así como el establecimiento de un protocolo policial ante delitos de odio basado en la homofobia y la transfobia.
La consejera apuntó que «es una ley histórica en la que se recoge y garantiza el respeto, el derecho a la igualdad y la no discriminación de todo tipo de identidades y sensibilidades sexuales».
«Podemos definirla como la más avanzada de España, por delante incluso de la catalana, aprobada en el pasado mes de octubre y que hasta ahora había sido calificada como la más vanguardista a nivel nacional e internacional», añadió.
El responsable de la Fundación Triángulo, José María Núñez, coincidió en calificar de histórica una ley que recoge casi la totalidad de las reivindicaciones del colectivo y que aún espera mejorar en el trámite parlamentario.
Por su parte, la representante de Extremadura Entiende, María Luisa González, se mostró esperanzada por la puesta en marcha de la ley y apuntó que «estaremos velando por su cumplimiento».
El presidente extremeño, José Antonio Monago, anunció el pasado mes de mayo la creación de esta ley durante el debate sobre el estado de la región. 8 meses después el texto llega a la Asamblea de Extremadura en forma de propuesta de ley del Grupo Popular en lugar de como proyecto presentado por el Ejecutivo autonómico.
Esto permitirá agilizar su tramitación con el objetivo de que pueda ser una realidad antes de que termine la presente legislatura.
La ley parte del concepto genérico de igualdad, consagrado en la Constitución, para definir con alto grado de detalle los derechos del colectivo. En el ámbito de la salud se plantea un protocolo de atención integral para las personas transexuales, desde la detección temprana a las operaciones de cambio de sexo. Asimismo, se contempla que las mujeres lesbianas y bisexuales tendrán garantizado en igualdad de condiciones el acceso a las técnicas de reproducción asistida. Estas medidas se llevan a cabo desde hace varios años, pero ahora se incluyen en un texto legal. También se propone un protocolo de atención a intersexuales (personas con un sexo biológico no definido por tener atributos de ambos géneros o carecer de alguno de ellos) y velar por la erradicación de las prácticas de asignación de sexo en bebés recién nacidos.
En el ámbito familiar se recoge la necesidad de adoptar medidas de atención y ayuda a víctimas de la violencia entre personas del mismo género que garanticen la protección del individuo acosado frente al acosador; y que toda persona cuya identidad de género sea la de mujer y sea víctima de violencia machista tenga acceso a la protección contemplada en la Ley autonómica contra la violencia de género.
La norma también plantea medidas en materia de educación y universidad; el ocio, la cultura y el deporte; el ámbito laboral; la juventud y la comunicación. Además, recoge un régimen sancionador con multas de hasta 3.000 euros las leves (emplear expresiones vejatorias por razón de orientación sexual en medios de comunicación o intervenciones públicas) a 45.000 las muy graves (agresiones o acoso).
Una ley histórica
La consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, María Ángeles
Muñoz, recalcó ayer en la presentación del proyecto que se regulará por
ley la financiación de los tratamientos transexuales y el acceso a las
técnicas de reproducción asistida para mujeres lesbianas y bisexuales. También destacó la creación de un Observatorio de Lucha contra la Homofobia y Transfobia como órgano de participación y consulta que permitirá lograr avances sociales a través de políticas públicas, así como el establecimiento de un protocolo policial ante delitos de odio basado en la homofobia y la transfobia.
La consejera apuntó que «es una ley histórica en la que se recoge y garantiza el respeto, el derecho a la igualdad y la no discriminación de todo tipo de identidades y sensibilidades sexuales».
«Podemos definirla como la más avanzada de España, por delante incluso de la catalana, aprobada en el pasado mes de octubre y que hasta ahora había sido calificada como la más vanguardista a nivel nacional e internacional», añadió.
El responsable de la Fundación Triángulo, José María Núñez, coincidió en calificar de histórica una ley que recoge casi la totalidad de las reivindicaciones del colectivo y que aún espera mejorar en el trámite parlamentario.
Por su parte, la representante de Extremadura Entiende, María Luisa González, se mostró esperanzada por la puesta en marcha de la ley y apuntó que «estaremos velando por su cumplimiento».
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