La Federación de Euskadi de Madres y Padres Separados (Kidetza) denunció ayer que la proposición de ley sobre custodia compartida -promovida a través de una legislativa popular (ILP) con 85.000 firmas- ya
acumula 2 años y 4 meses de retraso en el Parlamento Vasco. Por ese motivo, exigió a los grupos que aceleren los trámites a fin de que el proyecto de ley pueda ser defendido a la mayor brevedad y aprobado antes de febrero del año próximo.
Kidetza se quejó de que lleva meses reclamando a los partidos que aceleren la tramitación de la ILP sin que le hagan caso. La semana pasada se reunió con la presidenta del Parlamento, la peneuvista Bakartxo Tejeria, y le exigió que no acepte «ninguna ampliación de plazo» para presentar enmiendas al proyecto de ley. También le pidió que permita a representantes de la federación asistir con voz, pero sin voto a la comisión donde se celebrarán los debates.
Texto «descafeinado»
La asociación acusó a los grupos de mostrar «poco interés» en sacar adelante su ILP, a pesar de que, a su modo de ver, una norma autonómica sobre custodia compartida reduciría «sustancialmente la contenciosidad de los divorcios». Kidetza, que en mayo pasado lanzó una denuncia similar, cree que a medida que pasan los meses es «más patente» que el Parlamento acabará discutiendo un proyecto de ley «descafeinado».
Hasta el momento, la Cámara de Vitoria ha llamado a varias instituciones para que expresen su punto de vista sobre la custodia compartida. La Fiscalía del País Vasco, el Ararteko, el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) y el Gobierno Vasco apoyaron esa alternativa, pero matizando que no sea la opción preferente en las rupturas matrimoniales, como proponen los padres separados, sino una alternativa más a considerar por los jueces de familia.
El fiscal superior, Juan Calparsoro, y el 'ombudsman', Íñigo Lamarca, se mostraron partidarios de que un juzgado pueda aprobar la custodia compartida incluso si uno de los cónyuges se opone.
La viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, defendió que el juez tenga libertad para elegir la solución más adecuada a cada caso. No obstante, la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, consideró que legislar sobre la materia es innecesario, ya que a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo, los juzgados de Familia ya están concediendo custodias compartidas tanto si los miembros de la pareja la aceptan como si uno de ellos la rechaza.
Nota: El Gobierno Vasco no tiene competencias en esta materia segun el Estatuto de Autonomia
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