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Los abogados se oponen a las tasas como vía para agilizar los tribunales.
B. G. - Madrid - 03/04/2012
Los abogados están totalmente en contra del anteproyecto de ley, incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2012, que revisará el marco de tasas judiciales vigente desde 2002.
El alza afecta a todas las tasas actuales, las extiende a la 2ª instancia en el orden social y estipula la obligación de abonarlas por parte de las personas físicas, y no solo las empresas, como sucede ahora. La subida oscila entre los 50 y los 750 euros.
El presidente del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Carlos Carnicer, ha enviado una carta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para trasladarle su "enérgico" rechazo al texto porque los abogados no han sido consultados previamente y por la justificación del Gobierno. Carnicer sostiene que justificar la implantación de tasas por la necesidad de financiar la justicia gratuita supone "enfrentar a a los ciudadanos con la abogacía de forma injusta".
"Nos parece bien que se busquen fórmulas para evitar acudir a los tribunales y aumentar las vías de solución extrajudicial de conflictos, pero no a base de poner trabas de carácter económico", añade Carnicer.
Justicia considera que los ciudadanos han de pagar a su abogado y su procurador y este hecho no es visto como una barrera de acceso al sistema.
Este razonamiento ha generado gran malestar en el CGAE.
"En un momento como el actual, de enorme dificultad para todos y de forma especial para los profesionales liberales, que dependemos de nuestros clientes, no resulta justo ni tolerable argumentar que pagar esas tasas no tiene importancia a la vista de lo que cobran los abogados", recuerda Carnicer en su misiva al ministro.
El anteproyecto revisa el marco de tasas vigente desde 2002 y pretende reducir el número de asuntos que entran en los tribunales cada año, en torno a 9 millones.
El alza afecta a todas las tasas actuales, las extiende a la 2ª instancia en el orden social y estipula la obligación de abonarlas por parte de las personas físicas, y no solo las empresas, como sucede ahora. La subida oscila entre los 50 y los 750 euros.
El presidente del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Carlos Carnicer, ha enviado una carta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para trasladarle su "enérgico" rechazo al texto porque los abogados no han sido consultados previamente y por la justificación del Gobierno. Carnicer sostiene que justificar la implantación de tasas por la necesidad de financiar la justicia gratuita supone "enfrentar a a los ciudadanos con la abogacía de forma injusta".
"Nos parece bien que se busquen fórmulas para evitar acudir a los tribunales y aumentar las vías de solución extrajudicial de conflictos, pero no a base de poner trabas de carácter económico", añade Carnicer.
Justicia considera que los ciudadanos han de pagar a su abogado y su procurador y este hecho no es visto como una barrera de acceso al sistema.
Este razonamiento ha generado gran malestar en el CGAE.
"En un momento como el actual, de enorme dificultad para todos y de forma especial para los profesionales liberales, que dependemos de nuestros clientes, no resulta justo ni tolerable argumentar que pagar esas tasas no tiene importancia a la vista de lo que cobran los abogados", recuerda Carnicer en su misiva al ministro.
El anteproyecto revisa el marco de tasas vigente desde 2002 y pretende reducir el número de asuntos que entran en los tribunales cada año, en torno a 9 millones.
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