28/03/2014 By
Por Ignasi Vives, abogado responsable del departamento de derecho de familia y sucesiones de Sanahuja & Miranda.
Una de las cuestiones más importantes que se deben resolver en el
proceso de divorcio, más allá de la regulación de la guarda y custodia
de los menores, es quien se queda con el uso de la vivienda en el momento del divorcio de
ambos cónyuges. Concretamente nos estamos refiriendo a aquellos
supuestos en que ambos son copropietarios de la vivienda, y se debe
decidir quién residirá en ella.
Es evidente que en un 1º momento primará la voluntad de las partes, que libremente podrán decidir a quién se otorga el uso de la vivienda. Sin embargo, para el supuesto de que ambos cónyuges no se pongan de acuerdo sobre quién se queda el uso, se deberá acudir a la vía judicial para que el Juez decida a quien le otorga el uso de la vivienda.
Para el supuesto de que existieran hijas menores de edad, el Código
Civil de Catalunya indica que:
En 1º lugar el uso del domicilio se
deberá atribuir preferentemente al progenitor a quien se le otorgue la guarda y custodia de los menores mientras que esta dure.
No obstante lo anterior, la Autoridad Judicial deberá atribuir el uso de la vivienda al cónyuge que esté más necesitado en
los supuestos en que no existan hijos en común, sean mayores de edad, o
bien se haya establecido una guarda y custodia compartida.
Por lo tanto, a tenor de la citada regulación debemos reseñar que a
pesar de que se acuerde una guarda compartida, es más que probable que
el uso del domicilio se otorgue a uno de los 2 cónyuges por ser el más
necesitado.
Una vez atribuido el uso de la vivienda, la siguiente cuestión a resolver es quien asume los gastos de la vivienda.
En relación a la hipoteca que pueda gravar la vivienda, se establece que ambos cónyuges deben responder en función del título constitutivo de
la carga. Es decir, si la hipoteca es de los 2 por mitad, ambos están
obligados al pago, con independencia de quien tenga atribuido el uso de
la vivienda.
Ahora bien, sí que se establece expresamente que el cónyuge
que tenga atribuido el derecho de uso de la vivienda deberá asumir
íntegramente los gastos ordinarios de conservación, mantenimiento y
reparación de la vivienda, incluidos los de comunidad y suministros, y
los tributos y las tasas de devengo anual (IBI).
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