Elena Genillo. Madrid.20.08.2017
«Llevo sin abrazar a mis pequeños 5 años», relata a este diario Olga Anikina disculpándose por no poder contener las lágrimas. «Estas semanas las llevo fatal, la historia de Juana Rivas me ha removido», reconoce.
En 2001, desde su Rusia natal, se trasladó a Benidorm en busca de un mejor futuro laboral. Allí conoció al que poco después se convertiría en su pareja, el ecuatoriano Daniel Jesús Montero. Con él tuvo a sus 3 pequeños. La relación empezó a deteriorarse en 2011, sobre todo por problemas económicos. Daniel se quedó en paro y la familia tenía que subsistir con el sueldo de Olga. Así que sus suegros le propusieron que mandara a los niños unos meses a Ecuador. «Me lo plantearon como unas vacaciones de verano, era reacia pero los niños insistían en conocer a sus abuelos y, al final, acepté».
Dicho y hecho, a finales de mayo de 2012 Daniel Jesús voló con sus 3 hijos a su ciudad natal, a Cuenca (Ecuador). Pasadas unas semanas, «él empezó a castigarme, si tardaba en conectarme al WhatsApp más de 5 minutos tras salir del trabajo no me dejaba hablar con mis hijos». Ese fue el inicio de su infierno. Cuando se terminó el verano, Olga avisó a su todavía pareja de que ya había comprado los billetes de vuelta. «Nunca me contestó». En diciembre empezó el proceso judicial. Olga denunció la sustración de los menores, pero se encontró con un callejón sin salida: el padre había registrado como ciudadanos ecuatorianos a sus hijos, y además la había denunciado por abandono del hogar. Los tribunales del país suramericano le dieron la razón a Daniel Jesús y consiguió la patria potestad de los niños.
El proceso judicial para la restitución de los menores es largo y muy complejo. Chema López, presidente de la Asociación Contra la Sustracción Internacional de Menores (ACSIM) lo explica brevemente: «Tras interponer la denuncia, lo 1º que la Justicia tiene en cuenta es cuál de los 2 progenitores tiene la custodia, si quien la tiene es el que sustrae a los niños los jueces no lo tratan como un secuestro parental». Y continúa: «La única solución es solicitar el cambio de custodia en base a un proceso civil tras el divorcio, como normalmente el que se lleva al crío no cumple el régimen de visitas, el juez suele conceder la custodia a la parte denunciante». Así, desde España se envía una comisión rogatoria al país donde se encuentra sustraido el menor. Si éste es firmante del Convenio de la Haya hay que solicitar el formulario de restitución en 1 año y si se cumplen los plazos está obligado a devolverlo. En el caso de que el niño esté localizado en un país no firmante del convenio internacional, la restitución depende de los los acuerdos bilaterales que tenga con España.
Según los datos de la ACSIM, se producen alrededor de 120 casos de secuestro parental al año, normalmente en verano aprovechando las vacaciones escolares. Desde su propia experiencia, Chema advierte de que son muchos los casos de «padres, sobre todo, porque la custodia se la suelen conceder a las madres» que tras la sustracción no pueden dar con el paradero de su hijo. «En mi caso pasaron años hasta que encontré a mi pequeña y fue por cuenta propia». «Cuando paseaba por la calle y veía a alguna niña con algún parecido a mi hija salía corriendo tras ella, encontrarla se convirtió en una obsesión». Ahora, dice, «sé donde está, pero no puedo llevármela aunque tengo la custodia. Vive en un país complicado, así que cuando voy tengo que acercarme a ella con testigos y con las resoluciones judiciales para que no me denuncien falsamente».
Alberto es otro de los padres que sufre la misma situación. En 2011 se divorció de su mujer, de origen polaco, y el juez estableció la custodia compartida de su hija. En diciembre de ese mismo año, Alberto consintió que su ex mujer se llevara a la niña de vacaciones a Polonia para a visitar a sus abuelos maternos. «Confiaba en ella, incluso firmó un contrato en el que se comprometió a volver pasadas las Navidades». Pero nunca regresaron. Tras la denuncia, en 2013 obtuvo la patria potestad y en 2015 empezó la búsqueda de la Interpol. «Estuve medio año buscándola entre Polonia y Alemania, en 2016 varias fuentes me dijeron que estaba escolarizada en un colegio de una ciudad polaca, así que fui con el cónsul y se preparó una intervención, pero nadie se presentó». «Es todo muy duro, llevo casi 6 años sin ver a mi hija , yo no era un papá de fin de semana , yo vivía por y para ella, la echo de menos y no me puedo olvidar».
«Creo que están en Lima, pero no lo sé con seguridad». Quien habla es Emiliano, un hombre que lleva sin acariciar a su hijo desde el 2010, cuando se terminó su relación con su entonces pareja, de origen peruano. Cuando decidió poner punto y final a la convivencia, ella le acusó de malos tratos, pero en el juicio se demostró su inocencia. Tras ello, se estableció la custodia compartida. Cuando Emiliano fue a recoger al niño a casa de su madre nadie le abrió la puerta. «Después me enteré de que se habían marchado a Perú, denuncié el secuestro parental y me dieron su patria potestad y custodia, pero de nada ha servido», lamenta.
El teléfono de la fundación ANAR atiende cada año un centenar de llamadas por secuestro parental. La subdirectora de este teléfono, Monica Pasquín, advirte de las secuelas que provoca en los menores este tipo de situaciones. «Tienden a culpabilizarse de lo ocurrido, no entienden lo que pasa. Cuando uno de sus padres les saca de su zona de confort les cuesta adaptarse y experimentan desde ansiedad y tristeza, hasta irritabilidad, agresividad y rabia», manifiesta.
«Llevo sin abrazar a mis pequeños 5 años», relata a este diario Olga Anikina disculpándose por no poder contener las lágrimas. «Estas semanas las llevo fatal, la historia de Juana Rivas me ha removido», reconoce.
En 2001, desde su Rusia natal, se trasladó a Benidorm en busca de un mejor futuro laboral. Allí conoció al que poco después se convertiría en su pareja, el ecuatoriano Daniel Jesús Montero. Con él tuvo a sus 3 pequeños. La relación empezó a deteriorarse en 2011, sobre todo por problemas económicos. Daniel se quedó en paro y la familia tenía que subsistir con el sueldo de Olga. Así que sus suegros le propusieron que mandara a los niños unos meses a Ecuador. «Me lo plantearon como unas vacaciones de verano, era reacia pero los niños insistían en conocer a sus abuelos y, al final, acepté».
Dicho y hecho, a finales de mayo de 2012 Daniel Jesús voló con sus 3 hijos a su ciudad natal, a Cuenca (Ecuador). Pasadas unas semanas, «él empezó a castigarme, si tardaba en conectarme al WhatsApp más de 5 minutos tras salir del trabajo no me dejaba hablar con mis hijos». Ese fue el inicio de su infierno. Cuando se terminó el verano, Olga avisó a su todavía pareja de que ya había comprado los billetes de vuelta. «Nunca me contestó». En diciembre empezó el proceso judicial. Olga denunció la sustración de los menores, pero se encontró con un callejón sin salida: el padre había registrado como ciudadanos ecuatorianos a sus hijos, y además la había denunciado por abandono del hogar. Los tribunales del país suramericano le dieron la razón a Daniel Jesús y consiguió la patria potestad de los niños.
El proceso judicial para la restitución de los menores es largo y muy complejo. Chema López, presidente de la Asociación Contra la Sustracción Internacional de Menores (ACSIM) lo explica brevemente: «Tras interponer la denuncia, lo 1º que la Justicia tiene en cuenta es cuál de los 2 progenitores tiene la custodia, si quien la tiene es el que sustrae a los niños los jueces no lo tratan como un secuestro parental». Y continúa: «La única solución es solicitar el cambio de custodia en base a un proceso civil tras el divorcio, como normalmente el que se lleva al crío no cumple el régimen de visitas, el juez suele conceder la custodia a la parte denunciante». Así, desde España se envía una comisión rogatoria al país donde se encuentra sustraido el menor. Si éste es firmante del Convenio de la Haya hay que solicitar el formulario de restitución en 1 año y si se cumplen los plazos está obligado a devolverlo. En el caso de que el niño esté localizado en un país no firmante del convenio internacional, la restitución depende de los los acuerdos bilaterales que tenga con España.
Según los datos de la ACSIM, se producen alrededor de 120 casos de secuestro parental al año, normalmente en verano aprovechando las vacaciones escolares. Desde su propia experiencia, Chema advierte de que son muchos los casos de «padres, sobre todo, porque la custodia se la suelen conceder a las madres» que tras la sustracción no pueden dar con el paradero de su hijo. «En mi caso pasaron años hasta que encontré a mi pequeña y fue por cuenta propia». «Cuando paseaba por la calle y veía a alguna niña con algún parecido a mi hija salía corriendo tras ella, encontrarla se convirtió en una obsesión». Ahora, dice, «sé donde está, pero no puedo llevármela aunque tengo la custodia. Vive en un país complicado, así que cuando voy tengo que acercarme a ella con testigos y con las resoluciones judiciales para que no me denuncien falsamente».
Alberto es otro de los padres que sufre la misma situación. En 2011 se divorció de su mujer, de origen polaco, y el juez estableció la custodia compartida de su hija. En diciembre de ese mismo año, Alberto consintió que su ex mujer se llevara a la niña de vacaciones a Polonia para a visitar a sus abuelos maternos. «Confiaba en ella, incluso firmó un contrato en el que se comprometió a volver pasadas las Navidades». Pero nunca regresaron. Tras la denuncia, en 2013 obtuvo la patria potestad y en 2015 empezó la búsqueda de la Interpol. «Estuve medio año buscándola entre Polonia y Alemania, en 2016 varias fuentes me dijeron que estaba escolarizada en un colegio de una ciudad polaca, así que fui con el cónsul y se preparó una intervención, pero nadie se presentó». «Es todo muy duro, llevo casi 6 años sin ver a mi hija , yo no era un papá de fin de semana , yo vivía por y para ella, la echo de menos y no me puedo olvidar».
«Creo que están en Lima, pero no lo sé con seguridad». Quien habla es Emiliano, un hombre que lleva sin acariciar a su hijo desde el 2010, cuando se terminó su relación con su entonces pareja, de origen peruano. Cuando decidió poner punto y final a la convivencia, ella le acusó de malos tratos, pero en el juicio se demostró su inocencia. Tras ello, se estableció la custodia compartida. Cuando Emiliano fue a recoger al niño a casa de su madre nadie le abrió la puerta. «Después me enteré de que se habían marchado a Perú, denuncié el secuestro parental y me dieron su patria potestad y custodia, pero de nada ha servido», lamenta.
El teléfono de la fundación ANAR atiende cada año un centenar de llamadas por secuestro parental. La subdirectora de este teléfono, Monica Pasquín, advirte de las secuelas que provoca en los menores este tipo de situaciones. «Tienden a culpabilizarse de lo ocurrido, no entienden lo que pasa. Cuando uno de sus padres les saca de su zona de confort les cuesta adaptarse y experimentan desde ansiedad y tristeza, hasta irritabilidad, agresividad y rabia», manifiesta.
NOTA: Todo por un mal asesoramiento legal, desde el principio y una vez que el procedimiento esta en marcha, la efectividad del Ministerio de Justicia español (Tiene un departamento especializado al respecto). El Convenio de La Haya, pone bastantes limitaciones a esta delicada situación.
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