El PPCV pedirá
que el congreso nacional recoja el contenido de la norma valenciana que tumbó
el Constitucional.
La aprobación de
la enmienda podría facilitar un cambio en la ley a nivel nacional.
HÈCTOR SANJUAN, Valencia, 02/01/2017
El PP de la
Comunidad Valenciana quiere que la ponencia del congreso nacional defienda la
preferencia por la custodia compartida tal
y como se establecía en la Ley valenciana de relaciones familiares de los hijos
e hijas cuyos progenitores no conviven que fue anulada por el Tribunal
Constitucional en noviembre de 2016.
La normativa, aprobada durante el mandato
del PP en 2011, daba prioridad al pacto entre los progenitores pero, en
ausencia de acuerdo entre las partes, contemplaba como regla general la
custodia compartida.
Con el objetivo
de que el PP nacional asuma estos postulados, los populares valencianos
presentarán una enmienda a la ponencia social en el cónclave
del próximo mes de febrero. Una ponencia que fue coordinada por el
vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, y en
la que participó la presidenta regional, Isabel Bonig.
De hecho, el mandatario nacional es consciente de las intenciones de la
dirigente autonómica que ya le trasladó la posición de la federación para
retocar el contenido del documento social.
La enmienda
quiere que el cuerpo ideológico que salga del cónclave que reelegirá a Rajoy
recoja el espíritu de la norma que estuvo vigente en la Comunidad Valenciana
desde 2011 a 2016. La Ley que promovió el entonces conseller de Gobernación,
Serafín Castellano, durante el mandato de Francisco Camps, establecía que los progenitores se repartían a partes iguales la responsabilidad
en la educación y la formación de los hijos además de conceder
a ambos el mismo tiempo y las mismas oportunidades de convivir con sus hijos
una vez rota la relación de pareja.
La normativa fue
anulada pero no por el contenido sino por una cuestión de competencias.El Alto
Tribunal tumbó la ley al entender que se excedía de las
competencias para la conservación, modificación y desarrollo
del derecho civil propio previstas en el Estatuto valenciano. Fue el propio
Gobierno el que recurrió el texto aprobado en las Cortes Valencianas al
considerar que las comunidades sin derecho foral compilado sólo tienen
competencias para legislar cuando se trate de costumbres derivadas de sus
antiguos fueros. Por ello, al no encontrar antecedentes respecto a la custodia
compartida que se hayan mantenido en el tiempo y por tanto se justifiquen la
aprobación de una ley, el Constitucional dio la razón al Ejecutivo.
Ahora falta por
ver si el PP valenciano, que cuenta con 378 compromisarios para defender sus
tesis, tiene fuerza suficiente para impulsar un cambio de tanto calado. Si los
populares aceptan a nivel nacional el contenido de la enmienda sería lógico
que, desde el Gobierno central, se impulsara un cambio en la legislación que
afectaría al régimen de tutela de todos los menores con padres que ya no
conviven juntos.
No parece que la posición sobre
la custodia compartida en el PP sea unánime. Por ello, el
resultado de esta enmienda servirá también para calibrar el verdadero poder de
convicción de los populares valencianos que tendrán que tirar de todos sus
contactos para sacar adelante un cambio de tanta envergadura que, de momento,
no ha encontrado hueco en la ponencia social que se debatirá en el congreso del
próximo mes.
UNA REIVINDICACIÓN QUE DIVIDE A
LA IZQUIERDA
Con el apoyo de Compromís y EU.
La llamada Ley valenciana de Custodia Compartida fue aprobada por con los votos
a favor del PP pero también con el respaldo de EU y Compromís. Los socialistas votaron
en contra y fue, precisamente un gobierno del PSOE, el que interpuso un recurso
contra la norma.
La brecha sigue abierta.
En un reciente debate en las Cortes, los socios del Botànic volvieron a
enzarzarse en un tenso debate haciendo evidentes sus diferencias respecto a la
custodia compartida.
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