La supresión de las tasas judiciales no será efectiva antes de verano.
En un documento repartido tras la intervención de Rajoy, que solo ha mencionado en su discurso la “revisión” de las tasas, el Ejecutivo ha introducido entre las medidas de agilización de la Justicia la siguiente cita: “En el marco de la creciente recuperación económica, se revisarán las tasas judiciales. Las personas físicas quedarán exentas en todas las órdenes e instancias”. Nada más.
Las fuentes de Justicia consultadas han detallado que existen varias vías para introducir esta modificación sustancial a la Ley 12/2012, la de las tasas judiciales, que entró en vigor en diciembre de 2012 y grava una media de entre 50 y 750 euros la presentación de recursos en las órdenes civil, contencioso-administrativo y social. No obstante, el cambio no entraría en vigor, al menos, hasta el verano.
Una de las posibilidades que estudia el ministerio, que aún no tiene decidida la vía legal que va utilizar, sería la introducción de una enmienda o un cambio de última hora en el proyecto de ley de Justicia Gratuita, que en la actualidad se tramita en el Congreso.
Esta reforma se encuentra en fase de enmiendas en la Comisión de Justicia del Congreso y la última fue la presentada por el Grupo Mixto en agosto de 2014. Dicho proyecto está muy vinculado a las tasas judiciales, admiten las fuentes consultadas, por cuanto establece los nuevos requisitos económicos y sociales para disponer de defensa jurídica gratuita.
Otra de los asuntos que deberá resolver el Gobierno en este trámite, a través del Grupo Parlamentario Popular, es una de las recomendaciones que hizo la Defensora del Pueblo en febrero de 2013 sobre las tasas judiciales. Reclamó la devolución de las tasas ya cobradas a las personas que resulten beneficiarias según la nueva normativa de asistencia jurídica gratuita: aquellas personas que ganen menos de 15.975 euros brutos anuales y las víctimas del terrorismo, violencia de género o trata de seres humanos.
Reivindicación
La eliminación parcial de las tasas era una de las principales
reivindicaciones de los operadores jurídicos, abogados y procuradores,
sobre todo, ya que, aseguran, dificulta el acceso a la Justicia de los
ciudadanos y no cumple con el propósito para el que fueron diseñadas:
financiar la asistencia jurídica gratuita. Asimismo, ha reducido de
forma significativa el ingreso de los despachos profesionales. Hasta un
30% de media en algunos casos, según fuentes del sector. Las tasas se pusieron en marcha en diciembre de 2012 y gravan una media de entre 50 y 750 euros la presentación de recursos en las órdenes civil, contencioso-administrativo y social. Aunque en determinados casaciones la cantidad es mayor. La recaudación de Hacienda en estos 2 años de implantación del gravamen se estima en unos 500 millones de euros.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, informó hace unas semanas al Consejo General de la Abogacía Española que la idea era volver al sistema implantado en 2003, es decir, que se suprimiera el gravamen a las personas físicas y solo se mantuviera para las empresas cuando el pleito fueran de determinada cuantía, lo que excluiría a las Pymes. Un punto que en la actualidad no está resuelto.
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