El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley por el que las personas físicas quedarán exentas del pago de tasas judiciales
en todas las instancias jurisdiccionales y en todos los órdenes, con el
fin de que ningún ciudadano deje de acudir a la Justicia por motivos
económicos.El ministro de Justicia ha argumentado que la supresión de las tasas es una reivindicación muy extendida entre los ciudadanos y profesionales que el Gobierno ha considerado oportuno recoger. La entrada en vigor de la norma es inmediata y no se dilata "para no generar etapas intermedias que serían difíciles de planificar".
Rafael Catalá ha declarado que las tasas judiciales "no tienen un objetivo recaudatorio" y que los ingresos obtenidos por este concepto se incorporan a la "caja común que paga los servicios públicos" por lo que, como cualquier tributo, "no están afectadas a un fin" concreto. También ha asegurado que no está acreditado que la actual regulación de las tasas haya tenido un impacto directo e inmediato sobre la litigiosidad.
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