Tasas judiciales contra la Justicia

Víctor Arrogante |nuevatribuna.es | 29 Diciembre 2014

La Justicia ya no es para todos. Rajoy ha establecido una Justicia para ricos y otra para pobres, que por lo elevado de las tasas no pueden acceder a ella.

«La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar», art. 119 de la Constitución española (CE). La Constitución dice lo uno y lo otro, ofrece diferentes opciones al entendimiento y a su interpretación; y este gobierno lo interpreta estableciendo unas #Tasas judiciales, atacando derechos de forma restrictiva, con perjuicio para la ciudadanía y para la esencia misma de la Justicia.
Una de las argucias de la CE —redactada expresamente de manera ambigua—, es dejar a la libre interpretación de jueces y gobiernos, remitiendo el desarrollo de los principios a leyes posteriores, que es donde los gobiernos de turno se lucen, para bien o para mal, dependiendo del viento que respiren; y ya sabemos como se las gasta el gobierno de Rajoy. Tanto el anterior ministro de Justicia Gallardón, como el actual Catalá, respiran para llevarse todo el aire y dejar a la mayoría social exhaustos.
La ley de tasas, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, al impedir que una gran parte de la sociedad, pueda a acudir a los tribunales por razones económicas. Los recortes en gastos sociales nos quitan el aire, junto con servicios públicos esenciales y en algunos va la vida. Con la subida de impuestos, copagos, repagos y precios públicos, nos vacían los bolsillos; y las tasas de «dudosa constitucionalidad», como la que se aplica en la Justicia. Gallardón, se inspiró en Stephen Shavell, profesor conservador de Harvard, quien sostiene que «la gratuidad de la justicia no es un imperativo categórico del Estado de derecho, sino del Estado del Bienestar» y precisamente por eso instaura las tasas, para completar la desaparición del bienestar, que persiguen.
La ley 10/2012, vino a regular el pago de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en plena crisis económica, cuando la necesidad de tutela judicial es mayor........
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