La medida adoptada por la Comisión contra la Violencia de Género del territorio se aplica desde hace 4 meses. Es una documentación clave para adoptar medidas cautelares al revelar el recorrido previo a la denuncia, algo que hasta ahora no estaba a disposición de los tribunales.
“Había que trabajar con ahínco la etapa previa a la denuncia, analizar qué se puede hacer antes” “Los servicios sociales y los de Salud cuentan con elementos informativos relevantes”
Jorge Napal Ruben Plaza, Donostia, 15 Dic 2019
Los cuerpos policiales de Gipuzkoa, en ese 1º contacto que establecen con las víctimas de violencia machista, incluyen desde el verano en la documentación que recaban nueva información de extraordinario interés para los tribunales: si la mujer que ha dado la voz de alarma ha tenido previamente contacto con los servicios sociales en otras ocasiones por este mismo motivo. Es un dato que permite discernir lo que puede ser un episodio violento aislado de lo que habitualmente responde a una conducta asentada en la pareja.
En este último caso, los agentes le solicitan su consentimiento para que esa información sea trasladada inmediatamente al juez o al tribunal que lo requiera para que tome la decisión oportuna.
La información de los servicios sociales, que puede llegar a ser vital, hasta ahora no estaba a disposición del tribunal. En la operativa policial y en las pruebas documentadas no había ninguna referencia expresa en ese sentido. Es una metodología de trabajo que ya está insertada desde verano en los atestados, tanto de la Ertzaintza como de las policiales locales.
Se trata de una de las medidas más relevantes tomadas hasta ahora en el seno de la Comisión de Coordinación contra la Violencia de Género en Gipuzkoa, integrada por una decena de servicios e instituciones.
Todas comparten un mismo diagnóstico: trabajar de la mano para evitar que las mujeres se sientan doblemente victimizadas por sus agresores y las instituciones.
Se cumple ahora 1 año de la constitución en Donostia de esta comisión, bajo la presidencia de Juan Luis Ibarra, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Estructurar una respuesta coordinada a las mujeres víctimas de violencia se reveló por aquel entonces vital, más aún tras el crimen de Maguette Mbeugou, la mujer senegalesa asesinada presuntamente a manos de su marido en Bilbao.
Murió tras serle desestimada la orden de alejamiento al entender que su asesino no cumplía el perfil de riesgo.
El presidente del TSJPV pidió entonces perdón por la deficiente valoración que hicieron los diferentes servicios que concurrían en el juzgado, lo que acabó desembocando en la tragedia.
Los jueces necesitaban más herramientas para evaluar el riesgo de cada caso, cuestión debatida y sobre la que se ha trabajado durante el último año en la comisión, integrada por policías, abogados, médicos, organizaciones de atención a la víctima, Emakunde e Instituciones Penitenciarias. “Entendíamos que había que trabajar con ahínco la etapa previa a la denuncia. Hasta ahora el enfoque era muy dirigido al modelo de atención a las víctimas de violencia de género tras la denuncia. Pero es importante saber qué se puede hacer antes”, explica el presidente de la Audiencia de Gipuzkoa, Iñaki Subijana.
Prioridades La comisión se ha reunido en 4 ocasiones. Tras la sesión constitutiva, hace ahora 1 año, se han celebrado otros 3 encuentros, en marzo, junio y este miércoles pasado. Paralelamente se han creado grupos de trabajo integrados por una representación de esta comisión, que se ha reunido en 7 ocasiones y son los que han reflexionado sobre los aspectos prioritarios a mejorar en la atención a las víctimas, con el objetivo de elevar esas propuestas a la mesa interinstitucional.
Los jueces necesitaban más herramientas para evaluar el riesgo de cada caso, cuestión debatida y sobre la que se ha trabajado durante el último año en la comisión, integrada por policías, abogados, médicos, organizaciones de atención a la víctima, Emakunde e Instituciones Penitenciarias. “Entendíamos que había que trabajar con ahínco la etapa previa a la denuncia. Hasta ahora el enfoque era muy dirigido al modelo de atención a las víctimas de violencia de género tras la denuncia. Pero es importante saber qué se puede hacer antes”, explica el presidente de la Audiencia de Gipuzkoa, Iñaki Subijana.
Prioridades La comisión se ha reunido en 4 ocasiones. Tras la sesión constitutiva, hace ahora 1 año, se han celebrado otros 3 encuentros, en marzo, junio y este miércoles pasado. Paralelamente se han creado grupos de trabajo integrados por una representación de esta comisión, que se ha reunido en 7 ocasiones y son los que han reflexionado sobre los aspectos prioritarios a mejorar en la atención a las víctimas, con el objetivo de elevar esas propuestas a la mesa interinstitucional.
Todo el proceso ha sido coordinado y supervisado por el presidente de la Audiencia de Gipuzkoa, presente en todos los encuentros de ambos órganos. El avance más reseñable ha sido el acuerdo alcanzado para compartir información con el fin de que las decisiones judiciales sean lo más fundadas posibles, sobre todo cuando se toman medidas cautelares. La comisión entiende que es “de sumo interés”, más aún tras la aprobación de la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito de 2015, que reconoce derechos a las víctimas al margen de que denuncien o no los hechos. “Los servicios sociales y los de Salud pueden contar con elementos informativos previos interesantes, y se ha buscado facilitar que esos servicios, cuando se produce una denuncia, aporten información al juez o tribunal”, recalca Subijana.
Legalmente es posible que un magistrado pida esa información sin consentimiento de la mujer, pero la comisión ha querido contar con la alianza de la víctima, “de manera que ella tenga un protagonismo y que la petición judicial venga precedida de su consentimiento”.
Legalmente es posible que un magistrado pida esa información sin consentimiento de la mujer, pero la comisión ha querido contar con la alianza de la víctima, “de manera que ella tenga un protagonismo y que la petición judicial venga precedida de su consentimiento”.
Aunque todavía es pronto para extraer conclusiones, el nuevo sistema de trabajo ofrece un mayor soporte documental para no herrar al adoptar medidas inmediatas, como puede ser una orden de protección, debido a la seguridad que ofrece conocer el entorno de la víctima y saber qué ha ocurrido antes de la denuncia, y si había sido atendida por los servicios sociales en materia de protección.
calidad de la información. En un contexto en el que siguen aumentando las causas judiciales en torno a la violencia de género, con 441 órdenes de protección solicitadas en Gipuzkoa por el Ministerio Fiscal durante 2018, hay otras 2 áreas que se han abordado durante el último año en el seno de la comisión. Tienen que ver con la calidad de la información que se ofrece a las víctimas, aspecto que está regulado desde hace años pero que se ha detectado que resulta excesivamente burocrático, y acaba generando mucha confusión, tanto en relación a los derechos de las víctimas, como al itinerario procesal que va a seguir una vez que formula la denuncia.
La comisión ha elaborado un documento muy resumido que incluye elementos gráficos complementarios para que las víctimas y su entorno conozcan sus derechos básicos. Este material se ha elaborado desde un prisma distinto al empleado hasta ahora. “Hemos intentado cambiar la óptica, alejarnos de un enfoque profesionalizado que puede resultar farragoso. Para ello hemos hecho un trabajo de síntesis que luego hemos chequeado con varios grupos de mujeres víctimas de violencia de género”, detalla Subijana.
Estas asociaciones han colaborado para seleccionar entre la batería de derechos que hay en la legislación los 5 que entienden como prioritarios. Son los siguientes: una asistencia jurídica especializada; el acompañamiento durante el itinerario procesal; que la víctima no esté en contacto con el denunciado en dependencias policiales o judiciales; que se puedan mantener ocultos los datos de las víctimas que permitan su localización y, por último, el apoyo del servicio de atención a las víctimas o de los servicios municipales.
Todo ello se ha detallado con un lenguaje comprensible. El documento referente a los derechos ya está elaborado en castellano y euskera, a falta de incorporarle los elementos gráficos. En adelante se editará también en inglés, francés y árabe. Los trípticos estarán disponibles en todos los ámbitos que tienen alguna relación con la violencia de género. Más allá de juzgados o comisarías, será información de referencia en servicios sociales, Osakidetza o ámbitos educativos.
La comisión trabaja otro documento para aclarar a las víctimas cuál es el procedimiento desde el momento de la denuncia hasta dictarse sentencia. Se persigue el mismo objetivo: un lenguaje no jurídico que incluya elementos gráficos, y que sea testado por varias asociaciones de mujeres. El texto actualmente se está elaborando. En la última reunión celebrada este pasado miércoles se ha acordado una 2ª versión del borrador que se va a trasladar al grupo de mujeres para que lo valoren.
balance del año
Reuniones. La comisión se constituyó en diciembre de 2018 y desde entonces se ha reunido en 4 ocasiones. Se han creado grupos de trabajo que han perfilado en siete encuentros los aspectos prioritarios a tratar.
Resultado. El avance más reseñable ha sido el acuerdo alcanzado para compartir información para que las decisiones judiciales sean lo más fundadas posibles, sobre todo cuando se toman medidas cautelares.
Otros acuerdos. La comisión ha elaborado un documento informativo que recoge de manera comprensible los derechos más básicos que asisten a las denunciantes. Prepara otro sobre el itinerario procesal, desde que se interpone la denuncia hasta que se dicta la sentencia.
Objetivos. A partir de este año que viene implantará un nuevo programa de acompañamiento profesionalizado que ya se aplica en Bilbao, y se estudia readecuar las sedes judiciales a las necesidades de la víctimas.
Ministerio fiscal: 441 Órdenes de protección por violencia de género solicitadas en 2018
calidad de la información. En un contexto en el que siguen aumentando las causas judiciales en torno a la violencia de género, con 441 órdenes de protección solicitadas en Gipuzkoa por el Ministerio Fiscal durante 2018, hay otras 2 áreas que se han abordado durante el último año en el seno de la comisión. Tienen que ver con la calidad de la información que se ofrece a las víctimas, aspecto que está regulado desde hace años pero que se ha detectado que resulta excesivamente burocrático, y acaba generando mucha confusión, tanto en relación a los derechos de las víctimas, como al itinerario procesal que va a seguir una vez que formula la denuncia.
La comisión ha elaborado un documento muy resumido que incluye elementos gráficos complementarios para que las víctimas y su entorno conozcan sus derechos básicos. Este material se ha elaborado desde un prisma distinto al empleado hasta ahora. “Hemos intentado cambiar la óptica, alejarnos de un enfoque profesionalizado que puede resultar farragoso. Para ello hemos hecho un trabajo de síntesis que luego hemos chequeado con varios grupos de mujeres víctimas de violencia de género”, detalla Subijana.
Estas asociaciones han colaborado para seleccionar entre la batería de derechos que hay en la legislación los 5 que entienden como prioritarios. Son los siguientes: una asistencia jurídica especializada; el acompañamiento durante el itinerario procesal; que la víctima no esté en contacto con el denunciado en dependencias policiales o judiciales; que se puedan mantener ocultos los datos de las víctimas que permitan su localización y, por último, el apoyo del servicio de atención a las víctimas o de los servicios municipales.
Todo ello se ha detallado con un lenguaje comprensible. El documento referente a los derechos ya está elaborado en castellano y euskera, a falta de incorporarle los elementos gráficos. En adelante se editará también en inglés, francés y árabe. Los trípticos estarán disponibles en todos los ámbitos que tienen alguna relación con la violencia de género. Más allá de juzgados o comisarías, será información de referencia en servicios sociales, Osakidetza o ámbitos educativos.
La comisión trabaja otro documento para aclarar a las víctimas cuál es el procedimiento desde el momento de la denuncia hasta dictarse sentencia. Se persigue el mismo objetivo: un lenguaje no jurídico que incluya elementos gráficos, y que sea testado por varias asociaciones de mujeres. El texto actualmente se está elaborando. En la última reunión celebrada este pasado miércoles se ha acordado una 2ª versión del borrador que se va a trasladar al grupo de mujeres para que lo valoren.
balance del año
Reuniones. La comisión se constituyó en diciembre de 2018 y desde entonces se ha reunido en 4 ocasiones. Se han creado grupos de trabajo que han perfilado en siete encuentros los aspectos prioritarios a tratar.
Resultado. El avance más reseñable ha sido el acuerdo alcanzado para compartir información para que las decisiones judiciales sean lo más fundadas posibles, sobre todo cuando se toman medidas cautelares.
Otros acuerdos. La comisión ha elaborado un documento informativo que recoge de manera comprensible los derechos más básicos que asisten a las denunciantes. Prepara otro sobre el itinerario procesal, desde que se interpone la denuncia hasta que se dicta la sentencia.
Objetivos. A partir de este año que viene implantará un nuevo programa de acompañamiento profesionalizado que ya se aplica en Bilbao, y se estudia readecuar las sedes judiciales a las necesidades de la víctimas.
Ministerio fiscal: 441 Órdenes de protección por violencia de género solicitadas en 2018
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