TRIBUNALES
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Dirigido a los que menos recursos tienen
La Comunidad de Madrid ha comunicado al colegio de abogados que a
partir del próximo 31 de diciembre suspenderá los servicios de asesoría
jurídica gratuita, dirigidos a los ciudadanos con menos recursos
económicos.
El Colegio de Abogados de Madrid, a través de un comunicado, acusa a la Comunidad de Madrid de "la ruptura unilateral" del convenio de orientación jurídica, lo que, a su juicio, supone "una dejación flagrante de las obligaciones legales" en el proceso de transferencia de competencias.
Algunos de estos servicios, indica el comunicado, venían funcionando de forma ininterrumpida, en sedes judiciales, desde hace más de 25 años, con el fin de garantizar el derecho de defensa a los ciudadanos y "realizando un apoyo constante a los órganos judiciales".
Así, en 2011 fueron más de 163.000 madrileños los que acudieron a solicitar información y asesoramiento jurídico para conocer y hacer valer sus derechos ante los tribunales de justicia, "garantizándose a través de los servicios de orientación jurídica el derecho de defensa y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad".
Para los abogados, la situación "se agrava aún más" por el hecho de que el pasado mes de julio la Comunidad de Madrid dejó de prestar atención a los ciudadanos en las 27 oficinas judiciales distribuidas por todo el ámbito de su competencia y que atendían a más de 40.000 ciudadanos al año.
Con esta decisión, añade el comunicado, Madrid se sitúa en una posición "especialmente regresiva" en materia de justicia, pese a ser una Comunidad en la que concurren variables tan importantes como la capitalidad, la tasa de litigiosidad y la especial complejidad de su organización judicial que, sin duda, se verá afectada con la medida.
Por todo ello critican a la Comunidad de Madrid por no ejercer "sus competencias en materia de asistencia jurídica" y no respetar "su propia normativa", concretamente el art. 7 del Estatuto de Autonomía, que contempla la necesidad de "acercar al ciudadano servicios y proporcionarle ciertas prestaciones asociadas a los mismos como son la orientación jurídica de carácter gratuito".
"Se incumple así una función pública de interés general especialmente obligada en una situación de crisis económica que incrementa dramáticamente las desigualdades entre los ciudadanos, en perjuicio siempre de los más necesitados", destaca el comunicado.
El Colegio de Abogados advierte, no obstante, de que seguirá "luchando porque a nadie se le impida o limite el acceso a la justicia en condiciones de igualdad", a lo que ha venido "contribuyendo generosamente, con los recursos de todos sus colegiados" más allá de sus obligaciones legales y estatutarias.
Por su parte, el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, ha garantizado que todos los beneficiarios de justicia gratuita recibirán asesoramiento legal previo.
Victoria se ha referido de este modo a la denuncia del Colegio de Abogados de que a partir del próximo 31 de diciembre la Comunidad cerrará los servicios de orientación jurídica, una medida que afectará especialmente a las familias con rentas medias y bajas.
Tras reunirse con el decano de este Colegio, Antonio Hernández-Gil, Victoria ha relacionado este tipo de asesoramiento con la justicia subvencionada y ha subrayado que "es evidente" que la orientación jurídica está "garantizada" para todos los beneficiarios de justicia gratuita.
Ha enmarcado esta cuestión en la "reordenación" del acceso a la justicia gratuita que se proyecta en la región, y no en un cierre del servicio como tal. "Lo que vamos a hacer es estudiarlo dentro del acceso a la justicia gratuita para garantizar que esa orientación jurídica la tenga sin coste todo aquel que cumple los requisitos de la ley", ha concluido.
El Colegio de Abogados de Madrid, a través de un comunicado, acusa a la Comunidad de Madrid de "la ruptura unilateral" del convenio de orientación jurídica, lo que, a su juicio, supone "una dejación flagrante de las obligaciones legales" en el proceso de transferencia de competencias.
Algunos de estos servicios, indica el comunicado, venían funcionando de forma ininterrumpida, en sedes judiciales, desde hace más de 25 años, con el fin de garantizar el derecho de defensa a los ciudadanos y "realizando un apoyo constante a los órganos judiciales".
Así, en 2011 fueron más de 163.000 madrileños los que acudieron a solicitar información y asesoramiento jurídico para conocer y hacer valer sus derechos ante los tribunales de justicia, "garantizándose a través de los servicios de orientación jurídica el derecho de defensa y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad".
Para los abogados, la situación "se agrava aún más" por el hecho de que el pasado mes de julio la Comunidad de Madrid dejó de prestar atención a los ciudadanos en las 27 oficinas judiciales distribuidas por todo el ámbito de su competencia y que atendían a más de 40.000 ciudadanos al año.
Con esta decisión, añade el comunicado, Madrid se sitúa en una posición "especialmente regresiva" en materia de justicia, pese a ser una Comunidad en la que concurren variables tan importantes como la capitalidad, la tasa de litigiosidad y la especial complejidad de su organización judicial que, sin duda, se verá afectada con la medida.
Por todo ello critican a la Comunidad de Madrid por no ejercer "sus competencias en materia de asistencia jurídica" y no respetar "su propia normativa", concretamente el art. 7 del Estatuto de Autonomía, que contempla la necesidad de "acercar al ciudadano servicios y proporcionarle ciertas prestaciones asociadas a los mismos como son la orientación jurídica de carácter gratuito".
"Se incumple así una función pública de interés general especialmente obligada en una situación de crisis económica que incrementa dramáticamente las desigualdades entre los ciudadanos, en perjuicio siempre de los más necesitados", destaca el comunicado.
El Colegio de Abogados advierte, no obstante, de que seguirá "luchando porque a nadie se le impida o limite el acceso a la justicia en condiciones de igualdad", a lo que ha venido "contribuyendo generosamente, con los recursos de todos sus colegiados" más allá de sus obligaciones legales y estatutarias.
Por su parte, el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, ha garantizado que todos los beneficiarios de justicia gratuita recibirán asesoramiento legal previo.
Victoria se ha referido de este modo a la denuncia del Colegio de Abogados de que a partir del próximo 31 de diciembre la Comunidad cerrará los servicios de orientación jurídica, una medida que afectará especialmente a las familias con rentas medias y bajas.
Tras reunirse con el decano de este Colegio, Antonio Hernández-Gil, Victoria ha relacionado este tipo de asesoramiento con la justicia subvencionada y ha subrayado que "es evidente" que la orientación jurídica está "garantizada" para todos los beneficiarios de justicia gratuita.
Ha enmarcado esta cuestión en la "reordenación" del acceso a la justicia gratuita que se proyecta en la región, y no en un cierre del servicio como tal. "Lo que vamos a hacer es estudiarlo dentro del acceso a la justicia gratuita para garantizar que esa orientación jurídica la tenga sin coste todo aquel que cumple los requisitos de la ley", ha concluido.
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