jueves, 1 de abril de 2010

La crisis dispara el impago de las pensiones de los padres divorciados

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La crisis dispara el impago de las pensiones de los padres divorciados.
Los padres o madres separados que se quedan en paro deben esperar 6 meses o más hasta que un juez reduzca la cuantía de la pensión que deben pagar a sus hijos.

NORIÁN MUÑOZ - 31/03/2010 19:20
La pensión media por hijo en España ronda los 250 euros y en caso de paro se suelen pedir reducciones del 30% al 50% del monto.
«Muchos padres prefieren dejar de pagar la hipoteca antes que dejar de pagar la pensión a sus hijos. Si dejan de pagar la hipoteca se quedan sin casa, pero si dejan de pagar la pensión dos meses pueden ir a prisión».

La aclaratoria la hace Ángel Cubo, de la Asociación de Padres de Familia Separados en Tarragona, quien confirma que han visto cómo en el último año se ha incrementado de manera importante el nº de padres que piden al juez que reduzca la pensión alimenticia que deben pasar a sus hijos como consecuencia de la crisis.

La dificultad está, asegura Cubo, en que para que se dé ese cambio se debe hacer un procedimiento judicial nuevo que tarda, por lo menos, 6 meses y que puede costar entre unos 2.000-3.000 euros. Además, mientras no se hace efectiva la reducción, el progenitor continúa obligado a seguir pagando el importe acordado.

Hasta 6 meses de espera
La abogada matrimonialista Núria Sabat coincide con Cubo en que el plazo de resolución en estos casos es de 6 meses como mínimo, porque el juzgado de Tarragona encargado de estos temas está colapsado.
También reitera Sabat que la cifra tanto de padres que piden una modificación de la pensión como de los que deciden denunciar al ex cónyuge por no pagarla ha aumentado significativamente en los últimos meses.

No obstante, conocer las cifras exactas es prácticamente imposible, ya que el Consejo General del Poder Judicial no elabora una estadística sistemática sobre el derecho de familia, a diferencia de lo que sí pasa, por ejemplo, en los casos de violencia doméstica.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tampoco cuenta con el desglose de estos datos. Aun así, estimaciones parciales realizadas en varios juzgados de España sitúan el aumento de los impagos alrededor de un 30% el año pasado, una cifra que, a tenor de las informaciones recabadas entre los abogados, también se da en Tarragona.

El tema preocupa, y mucho, no sólo a los que ya están divorciados, sino a los que están pensando en hacerlo. Así lo refleja un estudio de la compañía de seguros de defensa jurídica Arag.
La empresa celebró hace unos días una jornada de puertas abiertas para que los interesados hicieran consultas gratuitas a los abogados.
Un 34% de las preguntas estaban relacionadas con la crisis y, en este grupo, el 39% eran sobre la pensión de alimentación.

Antes de separarse
«Hemos notado un progresivo repunte de casos en los que antes de tomar la decisión de separarse el ciudadano se asesora sobre cuáles van a ser sus obligaciones económicas para con su cónyuge e hijos», explica Virginia Tusell, directora de comunicación corporativa de la aseguradora.

Según los datos que manejan, cada año se dan en España más de 1.000 peticiones de reducción de la pensión de alimentos.
Dicha reducción suele rondar del 30% al 50%.
La pensión media por hijo en España está en los 250 euros mensuales.

En vista del ‘filón’ comercial que comienza a tener esta preocupación por las pensiones, la empresa ha puesto recientemente a disposición de los clientes una póliza específica para el caso de que se quedaran sin empleo o bajaran sus ingresos.
Dicha póliza se compromete a pagar durante 18 meses la parte de la pensión reducida por mandato judicial.

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