Se garantiza por Ley un alojamiento a la población

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GENERAL: «Si Escocia puede...»
Una delegación vasca visita Edimburgo para conocer cómo se garantiza por ley un alojamiento a la población Madrazo pone la iniciativa escocesa como ejemplo.

16.03.08J. MUÑOZ j.munoz@diario-elcorreo.com
«Me llama la atención que la política social de Escocia pueda servir de ejemplo a otros países», bromeó Archie Stoddart, director de Shelter ('refugio', en inglés), una asociación independiente que defiende el derecho a una vivienda digna.

El consejero Javier Madrazo y un grupo de parlamentarios vascos se entrevistaron con él en Edimburgo el pasado miércoles para que les informara sobre la 'Homeless Act', la ley escocesa que obligará a los municipios a facilitar un alojamiento a quien lo necesite a partir de 2012. Shelter fue una de las organizaciones que presionó para que se aprobara esa iniciativa, de contenido similar a la que el Gobierno vasco ha incluido en su anteproyecto de ley de Vivienda y que, en el caso de Escocia, no se refiere únicamente a los 'sin techo', sino a mujeres maltratadas, hombres divorciados y personas mayores que residen en casas inhabitables.

«El precio de un piso estándar en Escocia asciende a unas 200.000 libras (unos 300.000 euros). En Edimburgo, una hipoteca multiplica por 7,5 un salario de nivel medio, algo insostenible económica y moralmente», declaró Stoddart.
La delegación vasca se reunió también con el ministro de Vivienda escocés, Stewart Maxwell, y con los responsables de COSLA, el poderoso organismo que aglutina a las autoridades locales escocesas, sobre las cuales descansa la red de prestaciones sociales.

Esa estructura pública, que se ocupa de las personas mayores, es singular dentro del Reino Unido, pues los escoceses reciben gratis servicios que los ingleses tienen que pagar, una 'seña de identidad' con la que todos los partidos, desde el independentista en el gobierno al conservador, están de acuerdo.

Según Madrazo, el caso de Escocia demuestra que la vivienda -en alquiler social, no en propiedad- puede convertirse un derecho similar a la Sanidad y a la Educación si existe voluntad política para lograrlo.
«Si ellos lo han intentado, Euskadi también puede hacerlo, pues tenemos una renta parecida», sugiere el consejero.

La fórmula que baraja el Departamento vasco de Vivienda es subvencionar el alquiler privado a partir de 2012 a todos los ciudadanos que no obtengan un piso protegido en los sorteos de Etxebide, ya sea en propiedad o arrendado.
El sistema prevé que los beneficiarios puedan acudir al mercado de alquiler privado, pero que sólo paguen de renta el equivalente al 30% de su sueldo.
El Gobierno vasco pondrá el resto en unas condiciones parecidas a las del programa Bizigune, que ha captado 4.000 viviendas vacías.

El equipo de Madrazo calcula que esa solución podría costar algo menos de 100 millones de euros al año, una cantidad notoriamente inferior a la que se dedica a la renta básica y a las ayudas de emergencia social (880 millones de euros entre 2007 y 2009).
Ahora bien, para evitar que esos 100 millones de subvenciones al arrendamiento privado se queden cortos hace falta que las instituciones se doten antes de 2012 de un parque público de alojamientos de alquiler que cubra la demanda potencial, que ahora es baja, si bien las encuestas de Etxebide marcan una clara tendencia al alza.

De momento, el plan director del Gobierno vasco se ha marcado como objetivo alcanzar un número de 19.160 pisos de alquiler social durante 2009, pero ahora mismo sólo existen 9.000, incluidos los gestionados por Bizigune.
La consejería de Madrazo ha realizado insistentes llamamientos a los ayuntamientos y a las instituciones financieras para que se impliquen con el Ejecutivo autónomo en esas promociones, pero el alquiler plantea el problema de que la inversión no se recupera de inmediato.
En el caso de las que se entregan en propiedad, en cambio, el precio que paga el comprador viene a cubrir el coste de construcción.

Una gran distancia.
El silencio de los interpelados ante las demandas de Madrazo demuestra que al País Vasco y a Escocia les separa una gran distancia en materia de vivienda.
Para empezar, sólo el 7% de los pisos de Euskadi se destina al alquiler privado y social, mientras que en Escocia la proporción asciende al 34%, incluso después del proceso de privatización de viviendas sociales que acometió el gobierno de Margaret Thatcher.

Los municipios gestionan el 16% de todo el parque inmobiliario, mientras que otro 10,5% lo administran entidades independientes sin ánimo de lucro.
«El 7,5% corresponde al alquiler privado y el 66% restante son pisos en propiedad o con hipotecas», indica Archie Stoddart.

Pero aún hay más diferencias respecto a Euskadi.
En Escocia, con una población de 5 millones de habitantes, las políticas de vivienda descansan sobre el poder municipal, aunque está dimensionado de otra manera.
Mientras que en el País Vasco existen 251 ayuntamientos, muchos de ellos con una población minúscula y sin recursos, Escocia se divide en 32 entidades de carácter local, la más pequeña con 36.000 habitantes.

Esos organismos aprovechan los ingresos de su parque inmobiliario, recargan con el 90% el impuesto sobre las segundas viviendas, sean de veraneo o de inversión, y toman préstamos para invertir en pisos sociales.

Por otra parte, las organizaciones sin ánimo de lucro tienen un gran papel en la promoción de vivienda en Escocia.
Esas entidades, que son específicas de las sociedades anglosajonas, no sólo edifican pisos asequibles, sino que se embarcan en proyectos de regeneración urbanística.
Las autoridades les proporcionan ingentes sumas de dinero para sus iniciativas.

Ahora mismo, Edimburgo está embarcado en un proyecto para recuperar 140 hectáreas junto al mar, de manera análoga al proyecto del barrio bilbaíno de Zorrozaurre.
La autoridad local, una promotora pública y otra privada quieren edificar a largo plazo 30.000 viviendas, de las cuales 22.500 serán en propiedad y 7.500, de alquiler social.
Los primeros pisos se están vendiendo a 300.000 euros o se alquilan a 90 euros semanales