Los Jueces se exculpan de sus errores.

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Los jueces se exculpan de sus errores
Entre 2002 y 2007, el CGPJ sancionó a 158 magistrados. Más de treinta recibieron únicamente advertencias o multas inferiores a 300 euros. Sólo tres fueron expulsados de la carrera judicial
O.L.F. - MADRID - 14/09/2008

Algo falla en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en sus resortes para sancionar a jueces y magistrados cuando cometen errores. Al menos eso es lo que piensan el Gobierno, el PSOE, el PP y la inmensa mayoría de la opinión pública.

Una coincidencia fruto de la decisión del pasado miércoles de la Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces de sancionar sólo con una multa de 1.500 euros al juez Rafael Tirado, titular del juzgado sevillano que se olvidó de ejecutar la orden de prisión de Santiago del Valle, el pederasta luego detenido como presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés.

Una coincidencia que se vio reforzada cuando ese mismo miércoles se conocía que esa misma Comisión Disciplinaria y los mismos cinco magistrados que habían decidido la polémica sanción al juez Tirado impusieron una multa de 7.500 euros a otro magistrado, en esta ocasión de Talavera de la Reina (Toledo), por abuso de autoridad y por multar injustificadamente al secretario judicial y a los funcionarios que le denunciaron por falta de higiene.
Una multa 5 veces mayor que la de Tirado pese a que en su expediente no aparecía como trágica consecuencia la muerte de una niña.

“Entiendo que la sociedad perciba como insignificante la sanción al juez Tirado, que piense que se ha sido indulgente con él, pero no es así. La Comisión Disciplinaria sólo tuvo en cuenta, porque así debe ser, la negligencia cometida, no las desgraciadas consecuencias que tuvo”.
Quien habla así es Enrique López, vocal portavoz del CGPJ saliente y miembro destacado del sector conservador del mismo.
Enrique López insiste en que los jueces deben “abstraerse de la opinión pública” cuando toman sus decisiones y que la sanción al juez del caso Mari Luz “es entendida y apoyada por la práctica totalidad de la carrera judicial, gran parte de la Fiscal y numerosos juristas”.

¿Son blandas las leyes con los errores de los jueces?
El portavoz del CGPJ lo niega e insiste que en comparación con países de nuestro entorno, como Francia, Italia o Alemania, en España se sanciona porcentalmente más a los jueces. Incluso asegura que otros colectivos de funcionarios de nuestro país también salen mejor parados que ellos.

Más de 1.000 denuncias.
Sin embargo, las cifras recogidas en las Memorias que cada año publica el órgano de gobierno de los jueces parecen esforzarse en decir lo contrario: de las más de 1.000 denuncias contra jueces y magistrados que llegan por término medio cada año al CGPJ, finalmente sólo acaban en sanción una veintena de ellas, algunos de ellas con simples advertencias o con multas de unos pocos centenares de euros.

Basta echar un vistazo a los datos de cualquier de los años para constatar esta abismal diferencias entre denuncias y sanciones, entre los errores y sus castigos.
Año 2005. 1.317 informaciones previas tramitadas.
De ellas, salieron 189 diligencias informativas, que se redujeron a 45 expedientes incoados. Finalmente, sólo 16 de ellos acabaron en sanción.

La mayor, 18 meses de suspensión al magistrado Gordiano Casas, juez decano de Elche (Alicante), para el que el CGPJ consideró probado que intentó presionar a un compañero para que resolviera en un determinado sentido un proceso en el que se ventilaban cuestiones sobre inmuebles de gran valor económico, favoreciendo a su mujer, que actuaba de procuradora en el mismo.
La sanción incluyó también multas por un total de 2.550 euros y su traslado forzoso.
El resto de los jueces sancionados aquel año se repartieron suspensiones por un año, por 10 meses, por 8, por 3 o multas que no superaron los 2.000 euros.
Incluso una se resolvió con una simple advertencia.

¿Separados de la carrera judicial? Ninguno.
De hecho, de los 158 jueces y magistrados sancionados entre los años 2002 y 2007 –de una plantilla de más de 4.500–, sólo 3 fueron apartados definitivamente de la carrera judicial.
Uno, en 2004. Los otros dos, el pasado año.
Uno de ellos fue la titular del Juzgado de los Penal número 1 de Motril (Granada), Adelina Entrena, quien olvidó ordenar la libertad de tres presos.
Entre ellos estaba José Campoy, quien pasó 437 días en la cárcel pese haber sido declarado inocente.

Sin embargo, en ese mismo periodo los que recibieron simplemente advertencias o multas que no superaban los 300 euros ascendieron a más de 30.
Sin olvidar que los magistrados sancionados –como ha anunciado ya el juez Tirado– tienen la posibilidad de recurrir ante sus compañeros del Tribunal Supremo, que en numerosas ocasiones terminan anulando las decisiones de sus colegas del CGPJ.
Una facultad que, por ejemplo, no tiene el denunciante, aunque sí la Fiscalía.

Acusaciones de “amiguismo”.
“Se sanciona poco, mal y siempre por amiguismo”.
Quien lanza esta cruda crítica no es ni político ni se oculta bajo el anonimato de la opinión pública. Es Alfons López Tena, miembro también del saliente CGPJ.
Este magistrado insiste con rotundidad que al juez Tirado le ha salvado “su pertenencia a una de las asociaciones de magistrados mayoritarias y el corporativismo que existe entre nosotros”. López Tena no ahorra en críticas a una forma de sancionar que “deja bien claro que hay una Justicia para los jueces y otra para el resto de los humanos”.

“Cómo, si no, se explica que a un médico que comete una negligencia se le condene con mayor o menor dureza en función de las consecuencias de las mismas, y con los jueces no se tengan en cuenta dichas consecuencias ni siquiera cuando ésta es la muerte de una niña pequeña”, asegura. López Tena cree, además, que la “benevolencia” de sanciones como la del juez Tirado “pierde el factor ejemplarizante”.

No es su única denuncia. Este vocal destaca también que el tiempo corre a favor de las magistrados y, además, mucho más deprisa que con otros colectivos.
La caducidad de sus expedientes disciplinarios es de 6 meses –como se encargó de fijar en febrero de 2006 con una sentencia el Tribunal Supremo– cuando la de los que abren a los secretarios y otros funcionarios de los juzgados es de 1 año.

Consecuencia: muchos de los jueces amenazados de sanción dilatan los tiempos para forzar aquella y que sus errores queden impunes. Cinco de ellos, con faltas graves, ya lo han conseguido desde entonces.