http://www.abc.es/20080601/sociedad-sociedad/programa-informatico-determina-maltratada_200806010309.html
Un programa informático determina si una maltratada es de alto o bajo riesgo.
CRUZ MORCILLO.
MADRID.
«No se están utilizando los medios disponibles para proteger a las mujeres. Al Gobierno parece que le importan más otras cuestiones».
La dureza de las palabras se acentúa porque proceden de alguien que sabe muy bien de lo que habla.
Es inspector de la UPAC, la Unidad de Protección, Prevención y Asistencia contra los malos tratos a mujeres del Cuerpo Nacional de Policía, uno de los 520 agentes que se dedican en exclusiva a este cometido en España.
Son los encargados de velar porque se cumplan una buena parte de las cerca de 80.000 órdenes de protección en vigor -sólo el año pasado se acordaron casi 28.000 nuevas-.
La desproporción no es sólo cuestión de número.
En algunos distritos de Madrid, con altísimas tasas de denuncias, 2 o 3 policías son los responsables de hasta 2.400 órdenes de protección, con sus correspondientes órdenes de alejamiento en vigor, sus medidas cautelares, las amenazas que sufren las víctimas tras sacar a la luz su caso y los quebrantamientos habituales de sus ex parejas.
«No tenemos medios y lo contrario es propaganda política. No hay coches, tenemos un ordenador para varios policías, nuestra pistola, el teléfono y para de contar. Si te pasas de unos 60 euros al mes en llamadas, tienes problemas. No entienden que la mujer puede llevar el teléfono gratuito encendido en ese momento o no y tendrás que localizarla como sea».
El desánimo ha cundido entre muchos miembros de la UPAC.
Casi nadie quiere aparecer con nombres y apellidos, una rara unanimidad provocada por el abandono que sienten.
Primero sólo había policías en segunda actividad a los que se prometió 500 euros al mes por reengancharse y volver al tajo.
Ahora en protección hay policías de todas las escalas y también en activo.
El compromiso de 500 agentes es de la época de Acebes como ministro del Interior (2003).
5 años después se ha superado en 20 funcionarios.
Cuando se «vende» la Ley integral contra la violencia de género muchos se sonrojan, pese a la magnífica labor que desempeñan a base de esfuerzo, experiencia y horas.
Están disponibles las 24 del día y de la noche.
Rara es la semana que una de las víctimas que tienen asignada (el protocolo marca una decena como máximo por agente) no les despierta en mitad de la noche porque su ex le aporrea la puerta o la desvela con mensajes o llamadas de amenaza.
«Nos diferencia la atención especializada y personalizada», explica la coordinadora de UPAC de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, quien admite que lo peor que te puede pasar es que maten a una mujer que está en el programa de protección.
«Hay víctimas con escolta permanente por orden del juez o porque así lo consideramos nosotros, debido al peligro que corren; también casos en los que la mujer rechaza que la protejamos. Informamos al juez y él decide».
Veintinueve asesinadas.
El año pasado fueron asesinadas 74 mujeres por su pareja o ex pareja. 7 de cada 10 nunca había denunciado a su agresor.
En 1/3 de los casos las medidas de protección estaban en vigor cuando las mataron.
«No puede haber un policía a la puerta de cada víctima, pero sí deberíamos afinar para que el riesgo sea mínimo».
Este año ya hay 29 muertes, 5 en investigación.
Uno de los avances en seguridad, a juicio de la inspectora jefe que coordina las UPAC, es la puesta en marcha del programa de valoración de riesgo, una aplicación informática usada por Policía y Guardia Civil para determinar qué riesgo tiene la víctima de ser agredida.
Los funcionarios introducen una serie de datos sobre el caso denunciado y la base encuadra a la maltratada: riesgo no apreciado, bajo, medio o alto.
Se miden parámetros como la intensidad de la violencia física, psíquica o sexual, el empleo de armas, las amenazas, la habitualidad, los daños en la vivienda o en los objetos, si hay incumplimiento de medidas por parte del agresor, cuál es su conducta, si toma alcohol u otras sustancias...
Los agentes de UPAC discrepan sobre su eficacia.
«Con casi los mismos datos y la misma persona te puede dar un riesgo bajo o alto, según el item que introduzcas, al final la responsabilidad es tuya», opina un inspector de Madrid.
«Si me da bajo y yo no estoy de acuerdo, lo hago constar en las observaciones», aclara un teniente de Guardia Civil.
En su puesto de Madrid no tienen ningún caso extremo.
A la falta de medios suman una dificultad: a veces no conocen la cara de su enemigo porque ha sido detenido en otro lugar.
«El problema es que la ley mete a todos los agresores en el mismo saco. No tenemos datos, pero sí existen denuncias falsas con separaciones complejas por medio, hipotecas o custodias».
Para la coordinadora nacional de UPAC el Sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género (SSIVG) es una buena herramienta.
«Se puede afinar más, pero antes no teníamos nada».
Con los criterios en vigor, hay unas 1.200 maltratadas de «alto riesgo», dependientes de la Policía, mujeres cuya vida está en auténtico peligro.
Exigen una vigilancia casi permanente, aunque el agresor esté en la cárcel porque es frecuente que las amenazas del entorno de él continúen.
Cada semana se revisa la protección de las mujeres de alto riesgo; las de nivel medio también tienen un control exhaustivo, mientras que con las de nivel bajo el enlace es básicamente telefónico y ellas son parte fundamental de su propia seguridad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario