Los colectivos denunciantes mantienen que actualmente sólo se están teniendo en cuenta los test protocolarios que realiza la Policía. "Si esos test arrojan un resultado de riesgo bajo o no apreciado, en Oviedo no se celebran esas comparecencias, cuando eso no está pasando en ninguna otra comunidad", mantiene Martín.
Para ella, "esos test han demostrado que no son para nada fiables" y por eso "se están revisando". No en vano, 14 de las 54 mujeres que fallecieron en España el año pasado no estaban en riesgo según ese protocolo. "Lo que hay que hacer es escuchar a la víctima y a todas las partes para decidir si es pertinente o no la orden de protección. En caso contrario se puede estar poniendo en peligro la vida de las personas", subraya María Martín.
La pelota está ahora en el tejado del Consejo General del Poder Judicial, que podría tomar la decisión de expedientar a la titular del juzgado ovetense si considera que su actuación no ha sido la correcta.
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