La Ley
Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
cumple una década en 2014. Tras el repunte de víctimas mortales de
maltrato en lo que va de año, son muchas las voces que se alzan pidiendo
su actualización.
La aprobación de esta ley en el año
2004 por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
supuso un
gran paso adelante en la lucha contra el maltrato, al ser el primer
texto jurídico en España que
contemplaba los delitos de violencia
machista en sí mismos, de forma independiente a otro tipo de agresiones.
Además de establecer el carácter criminal de estas actuaciones, l
a ley
despliega una amplia red de disposiciones que fomentan la erradicación
de la violencia de género en todos los ámbitos sociales: educación,
sanidad, justicia, servicios de seguridad, servicios sociales…
No
obstante, el mayor número de víctimas mortales que se han registrado
desde comienzos de año, así como el descenso de denuncias que han
apreciado las instituciones de apoyo a las víctimas, han llevado al
centro del debate político la necesidad de revisar el texto, con el fin
de garantizar su validez y efectividad.
25 mujeres han perdido la
vida en lo que va de año a manos de sus parejas. Ello implica que en
3 meses se ha alcanzado casi la mitad del número total de fallecidas
en 2013. Por si fuera poco, el hecho de que 4 de estos
fallecimientos se produjeran en 48 horas ha activado todas las alarmas.
Tan sólo 11 de las 54 víctimas del año pasado habían presentado
denuncias previas por malos tratos. El Observatorio contra la Violencia
de Género revela que se registran una media de 339 denuncias diarias y,
sin embargo, éstas han descendido un 2,7% con respecto al último
trimestre de 2011. En el 60% de los casos la relación de pareja se
mantenía en el momento de denunciar.
Los datos evidencian que
algo en el sistema no funciona como debería. Los colegios aún no tienen
implantado el tratamiento de los problemas de violencia de género en sus
planes de estudios. Lo más cercano son talleres puntuales impartidos
por personal externo y no se dan en todos los centros educativos. Las
instituciones relacionadas con la protección de víctimas advierten un
repunte de actitudes sexistas y agresivas en las relaciones
adolescentes, que además empiezan cada vez antes, a los 13 años.
Del
mismo modo, es necesario fomentar un cambio de actitud en las
instancias administrativas que tratan con mujeres maltratadas. En esa
dirección se encamina una iniciativa gubernamental, por la que cada
oficina de las fuerzas de seguridad contará con un agente especializado
en violencia de género. Algunas comunicaciones que emanan a menudo de
estas instancias, como la afirmación de que existen denuncias falsas,
inducen a muchas mujeres a pensar que su testimonio no será tenido en
cuenta, o ni siquiera creído. En la misma línea, psicólogos expertos en
víctimas de violencia de género afirman que en los juzgados existen
todavía ciertas ideas estereotipadas sobre el aspecto que debe presentar
una víctima de violencia de género. De hecho, sostienen, los casos de
maltrato psicológico apenas se denuncian.
Según el Observatorio
para la Violencia de Género, el 70% de las denuncias las llevaron a cabo
las propias víctimas. No obstante, existe la necesidad de seguir
avanzando en la efectividad de las medidas, como evidencia crudamente el
hecho de que todavía el 12% de las denunciantes renunciaran a seguir
adelante con el proceso en 2013.
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