El Periodico/Ignacio Escolar/ Viernes, 25 de mayo del 2012
Carlos Dívar «lamenta el
quebranto para el CGPJ, el Tribunal Supremo y la carrera judicial» que
ha ocasionado la denuncia presentada contra él por sus lujosos viajes a
Marbella con cargo al contribuyente. Pero no aclara a qué viene su
llanto:
si se arrepiente de su comportamiento o del de José Manuel Gómez Benítez, el vocal que lo denunció.
Por sus obras, es fácil de interpretar: Dívar no tiene intención alguna de asumir su responsabilidad y en la reunión de ayer en el CGPJ quedó aún más claro cómo funciona la justicia en este país.
7 votos pidieron la dimisión de Gómez Benítez frente a 5 que se la reclamaron a Dívar. 7 a 5, gana el corporativismo a la transparencia una vez más.
El archivo de la denuncia contra Dívar
es lo que habría que lamentar.
No está claro que la decisión de la fiscalía cierre para siempre la vía judicial -atentos a la acusación popular-, pero sin duda no acaba con el escándalo político, por mucho que el ministro Gallardón diga que Dívar «sale reforzado».
El presidente del Supremo tiene muchas cosas que detallar.
Dívar no ha explicado qué clase de compromiso oficial requiere 20 viajes de fin de semana caribeños a Puerto Banús.
Tampoco ha aclarado qué persona le acompañaba en esas lujosas comidas y cenas para 2 que pagó el dinero público; es un dato relevante: con el nombre del acompañante es fácil deducir si estamos ante un gasto personal o laboral.
Y tampoco ha razonado por qué motivo era imprescindible alojarse en uno de los hoteles más lujosos de Marbella -él y todos los escoltas-, como si no hubiera más oferta hotelera donde elegir en toda la ciudad.
Según fuentes de la judicatura, aún quedan por conocerse algunos viajes más y por eso no es aceptable que todo este escándalo se cierre con un propósito de enmienda y un lamento por persona interpuesta.
A partir de ahora, dice el CGPJ, una comisión controlará los viajes oficiales.
«Lo siento, me he equivocado mucho, no volverá a ocurrir», una vez más.
si se arrepiente de su comportamiento o del de José Manuel Gómez Benítez, el vocal que lo denunció.
Por sus obras, es fácil de interpretar: Dívar no tiene intención alguna de asumir su responsabilidad y en la reunión de ayer en el CGPJ quedó aún más claro cómo funciona la justicia en este país.
7 votos pidieron la dimisión de Gómez Benítez frente a 5 que se la reclamaron a Dívar. 7 a 5, gana el corporativismo a la transparencia una vez más.
No está claro que la decisión de la fiscalía cierre para siempre la vía judicial -atentos a la acusación popular-, pero sin duda no acaba con el escándalo político, por mucho que el ministro Gallardón diga que Dívar «sale reforzado».
El presidente del Supremo tiene muchas cosas que detallar.
Dívar no ha explicado qué clase de compromiso oficial requiere 20 viajes de fin de semana caribeños a Puerto Banús.
Tampoco ha aclarado qué persona le acompañaba en esas lujosas comidas y cenas para 2 que pagó el dinero público; es un dato relevante: con el nombre del acompañante es fácil deducir si estamos ante un gasto personal o laboral.
Y tampoco ha razonado por qué motivo era imprescindible alojarse en uno de los hoteles más lujosos de Marbella -él y todos los escoltas-, como si no hubiera más oferta hotelera donde elegir en toda la ciudad.
Según fuentes de la judicatura, aún quedan por conocerse algunos viajes más y por eso no es aceptable que todo este escándalo se cierre con un propósito de enmienda y un lamento por persona interpuesta.
A partir de ahora, dice el CGPJ, una comisión controlará los viajes oficiales.
«Lo siento, me he equivocado mucho, no volverá a ocurrir», una vez más.
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