Leyes tabú y Jueces Mudos

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TRIBUNA LIBRE
Leyes tabú y jueces mudos
Autores Invitados
"La vocal presidenta del Observatorio contra la violencia doméstica y de género ha lanzado una nueva andanada contra el derecho fundamental a la libertad de expresión de los jueces".

Alfredo de Diego Díez.2009-12-16
Alfredo de Diego Díez es magistrado y miembro de la asociación Foro Judicial Independiente.
Recientemente, un magistrado de un juzgado de familia en Sevilla ha tenido la osadía de criticar la Ley de Violencia de Género.
Inmediatamente ha salido al paso la vocal presidenta del "Observatorio contra la violencia doméstica y de género", lanzando una nueva andanada contra el derecho fundamental a la libertad de expresión de jueces y magistrados.

Y lo hace no sólo discrepando legítima —aunque agriamente— de lo expuesto por el magistrado sevillano, sino, lo que es verdaderamente preocupante, advirtiendo o amagando, desde su condición de vocal del Consejo General del Poder Judicial, sobre las posibles repercusiones disciplinarias que el ejercicio de tal derecho pueda conllevar para el magistrado valiente.

Hace unos meses, el Consejo General del Poder Judicial sancionó a una magistrada con la nada despreciable multa de 3.000 euros por el hecho de opinar criticando las deficiencias de la Ley de Violencia de Género, el sesgo discriminatorio sobre el que se asienta y los abusos que en la práctica diaria genera.
Ya dije entonces que los gurús del pensamiento único añoran los jueces mudos, silentes ante el poder.

De nuevo, salirse de lo políticamente correcto sobre una ley tabú es objeto de ataques furibundos, a los que se añade la advertencia velada de hacer uso del expediente disciplinario para erradicar así cualquier atisbo de discrepancia.
Pues bien, resulta enojoso tener que recordar de nuevo que el látigo disciplinario no puede levantarse frente al ejercicio legítimo de un derecho fundamental, como es la libertad de expresión de la que son titulares los jueces y magistrados, al igual que el resto de los ciudadanos.

Habrá que recordar otra vez más a todos aquellos que solo respetan, jalean y premian a quienes se identifican clónicamente con su pensamiento, que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y declaraciones internacionales como la de Singhvi o los principios de Bangalore sobre la conducta judicial (2002) han proclamado sin fisuras el derecho de los jueces a expresar libremente sus ideas y opiniones.

En concreto, el Tribunal Constitucional ha dicho repetidas veces que "cuando se pretende asociar una sanción… a la manifestación pública de una opinión, no puede desconocerse la reiterada doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de este Tribunal conforme a la cual los jueces y magistrados, en cuanto ciudadanos, gozan del derecho de expresar libremente sus ideas y opiniones, sin perjuicio de los deberes de discreción y reserva que deben observar cuando éstas guardan relación con los asuntos sometidos a su jurisdicción".

Sigo teniendo la impresión de que todavía hay quien echa mucho de menos a los jueces mudos, encerrados en sí mismos y con nula capacidad de expresión crítica y de movilización. Afortunadamente, esos tiempos forman parte del pasado.