Inma Castilla de Cortázar, 16.07.2023
Recientemente, un amigo me enviaba los datos de las causas de muerte violenta, correspondientes a 2021, facilitados por el INE y CCOO. Los datos resultan sugerentes para introducir unos átomos de sensatez en esta sociedad en la que lo «políticamente correcto» excluye el sentido común.
En síntesis, el número total de muertos fue de 9.551 varones frente a 5.113 mujeres. Las diferencias más notables entre ambos grupos se observan en las muertes por accidentes laborales, de tráfico y suicidios en los que los varones predominan con un 94,2%, 80,23% y 74,49% respectivamente.
Con respecto al alto porcentaje (80,23%) debido a accidentes laborales podría concluirse que los varones asumen trabajos de más riesgo, motivo –al menos por mi parte– digno de agradecimiento. Como explicación al predominio masculino en muertes por accidentes de tráfico podría ser suficiente la razón más convencional: la inclinación al exceso de velocidad y las impaciencias al volante; sin descartar un mayor número de horas conduciendo, cuestión que no hemos podido verificar.
El récord cuantitativamente incuestionable lo alcanza el número de suicidios que suponen casi 1/3 del total de las muertes. Y de ellos un 74,49% corresponden a varones. No es éste un dato aislado ni exclusivo de nuestro país, pero –a todas luces– es un dato sobrecogedor.
Un sucinto repaso a las causas de suicidio apuntan a que es consecuencia de un severo sufrimiento psíquico, con un significativo componente de desesperación –que no es sinónimo de desesperanza– atribuible a dificultades financieras, desempleo, enfermedades dolorosas, o al acoso psicológico –familiar, laboral o social–. Éstas pueden cristalizar en alguna patología psiquiátrica ya tipificada (depresión mayor, trastorno bipolar, esquizofrenia) así como en drogodependencias y alcoholismo.
En cualquier caso, los medios más comunes son el ahorcamiento, el envenenamiento y la manipulación de armas.
Sánchez se enorgullece de las llamadas «políticas sociales» que sus gobiernos han puesto en marcha incluyendo el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Indiscutiblemente, el aumento del SMI es una cuestión deseable por y para todos, siempre que no repercuta en el número de personas afectadas por el desempleo porque esa exigencia afecte a la actividad de autónomos y PYMES en general.
Sánchez se enorgullece de las llamadas «políticas sociales» que sus gobiernos han puesto en marcha incluyendo el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Indiscutiblemente, el aumento del SMI es una cuestión deseable por y para todos, siempre que no repercuta en el número de personas afectadas por el desempleo porque esa exigencia afecte a la actividad de autónomos y PYMES en general.
Y ésta es la cuestión de fondo que se oculta: durante los gobiernos de Sánchez han cerrado 250.000 PYMES por diversas razones, pero el incremento del SMI ha sido, sin duda alguna, un factor determinante.
En este sentido, según CEPYME el aumento del SMI supone un 70,4% del salario medio de las pequeñas empresas (con un 93,2% en la hostelería, seguida por la agricultura) frente a un 52,2% de las empresas grandes.
De este modo, el aumento del SMI en España tiene un impacto fulminante sobre las PYMES y ha aumentado al doble los costes en las pequeñas empresas frente a las grandes. En resumen, sin un estudio sólido, medidas tan deseadas por todos pueden resultar contraproducentes por ser el resultado de una propaganda cortoplacista que del noble afán de mejorar la calidad de vida de todos y la promoción de una economía saludable que no asfixie la creación de empleo. Es obvio que no todos los políticos saben cómo hacer esto último.
Volviendo al hilo conductor inicial, la realidad empíricamente demostrada es que existe en hombres una correlación directa entre desempleo y suicidio, motivo por el hemos incluido los párrafos precedentes.
Otra cuestión no menor es el incremento de falsas denuncias (sobre malos tratos, supuestos abusos o desprotección de los hijos) en los procedimientos de divorcio. Aunque todo funcionario judicial tiene el deber de investigar, si hubiera indicios de falsedad, curiosamente los únicos delitos penales que «no se investigan de oficio» son las denuncias de violencia de género, lo que suele llevar a aplicar «cautelarmente» (por no decir, frívolamente) medidas de alejamiento que, si son injustas, son una fuente de indescriptible dolor moral para la víctima.
Sánchez reitera que nadie ha invertido tanto en Igualdad (2.000 millones de euros) pero oculta que el problema sigue como estaba (49 muertes en 2021, 44 en 2022 y 52 en el 2023 en curso). Nadie niega la realidad de esta lacra social –y secular, por cierto– de la violencia doméstica pero «hipertrofiarla» puede impedir atajar los casos reales, además de generar nuevas situaciones de violencia (también de género, pero contra el varón como sujeto paciente) no reconocidas por insuficientemente investigadas, cuyas víctimas mortales quedan camufladas en una multitud de factores no identificados pero con el mismo resultado final: la enfermedad psíquica o incluso el suicidio.
Lamento no poder abordar otras de las «supuestas políticas sociales» del presidente Sánchez, inspiradas en esa nueva versión de la ideología de género que atropella la biología y el más elemental sentido común que hemos de posponer para otra ocasión.
En esta Tribuna, me limito a plantear –como médico, mujer, madre, hija, hermana, amiga, nieta y colega– la urgente necesidad de indagar en esas causas de muerte que afectan significativamente más a los varones.
Volviendo al hilo conductor inicial, la realidad empíricamente demostrada es que existe en hombres una correlación directa entre desempleo y suicidio, motivo por el hemos incluido los párrafos precedentes.
Otra cuestión no menor es el incremento de falsas denuncias (sobre malos tratos, supuestos abusos o desprotección de los hijos) en los procedimientos de divorcio. Aunque todo funcionario judicial tiene el deber de investigar, si hubiera indicios de falsedad, curiosamente los únicos delitos penales que «no se investigan de oficio» son las denuncias de violencia de género, lo que suele llevar a aplicar «cautelarmente» (por no decir, frívolamente) medidas de alejamiento que, si son injustas, son una fuente de indescriptible dolor moral para la víctima.
Sánchez reitera que nadie ha invertido tanto en Igualdad (2.000 millones de euros) pero oculta que el problema sigue como estaba (49 muertes en 2021, 44 en 2022 y 52 en el 2023 en curso). Nadie niega la realidad de esta lacra social –y secular, por cierto– de la violencia doméstica pero «hipertrofiarla» puede impedir atajar los casos reales, además de generar nuevas situaciones de violencia (también de género, pero contra el varón como sujeto paciente) no reconocidas por insuficientemente investigadas, cuyas víctimas mortales quedan camufladas en una multitud de factores no identificados pero con el mismo resultado final: la enfermedad psíquica o incluso el suicidio.
Lamento no poder abordar otras de las «supuestas políticas sociales» del presidente Sánchez, inspiradas en esa nueva versión de la ideología de género que atropella la biología y el más elemental sentido común que hemos de posponer para otra ocasión.
En esta Tribuna, me limito a plantear –como médico, mujer, madre, hija, hermana, amiga, nieta y colega– la urgente necesidad de indagar en esas causas de muerte que afectan significativamente más a los varones.
¡Sí, a los varones!: esas personas dignas de ser queridas y respetadas (incluida su presunción de inocencia), entre otras cosas, porque son nada menos que nuestros hijos, maridos, hermanos, amigos, abuelos y colegas. Es decir, nuestra gente.
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