Los expertos evalúan en el foro jurídico de El Norte los efectos de la custodia compartida en las familias.
Salamanca acoge este miércoles 13 de marzo, a las 17:30 horas, las ponencias del presidente de la sala civil de la A. P. de Valladolid Francisco Salinero y de Trinidad García, del Colegio de Psicólogos de Castilla y León
M. J. PASCUAL,Valladolid, 11 marzo 2019
La custodia de los menores en los procedimientos de divorcio no amistosos sigue siendo el mayor escollo entre las medidas a adoptar para regular las disoluciones matrimoniales de una manera civilizada. Son, reconocen los juristas, el principal foco de enfrentamiento entre los progenitores que contribuye a hacer interminables los divorcios en los tribunales, al menos hasta que el hijo se independiza. En casos extremos, la lucha encarnizada por los menores puede llevar a la violencia y a la muerte, como la pasada semana se ha puesto de manifiesto en la A. P. de Valladolid durante el juicio con jurado de El Terre, el vocalista de grupo heavy Kain, de Medina del Campo, que en diciembre de 2017 acuchilló al novio de su mujer en el transcurso de una discusión por la custodia del hijo autista de ambos.
Cada vez son más los progenitores que, tras producirse una separación o divorcio, recurren a la custodia compartida para hacerse cargo de sus hijos, pero todavía por algún sector de la población se considera un premio o un castigo y se utiliza como arma arrojadiza, en pro o en contra de alguno de los progenitores. «Si no aceptas, te pido la custodia compartida», es una frase que se escucha con frecuencia en bufetes y juzgados.
Esta herramienta se regula en el art. 92 del Código Civil del texto reformado de la Ley 15/2005, y se contempla como una obligación de los padres con los hijos. Se organiza por acuerdo de los progenitores, siempre con aprobación judicial previo informe del fiscal. El juez debe fija las cautelas para que se cumpla de manera eficaz. Una de las excepciones por la que la Ley prohíbe que el juez acuerde la custodia compartida se produce cuando uno de los cónyuges esté investigado judicialmente por delitos de violencia doméstica.
El juez concede la custodia compartida cuando lo acuerdan ambos progenitores, pero también la Ley le permite hacerlo a petición de uno de ellos, siempre que tenga un informe favorable del fiscal y cuando considere que, de este forma, protege mejor el interés de los menores a quienes, cada vez más, se escucha antes de llegar a una resolución. Desde 2015, el Tribunal Supremo comenzó a fijar los criterios que establecen el marco general a la hora de conceder esta medida a los progenitores, siempre desde el prisma de que debe primar el interés del menor.
El parón de la reforma
En mayo de 2017, el Congreso aprobó una moción instando al Gobierno a presentar una Ley que recogiese la jurisprudencia del TS y, en consecuencia, estableciese la custodia compartida como opción preferente en los procedimientos de separación y divorcio. Esta moción fue aprobada el 20 de Junio de 2017 y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales Congreso de los Diputados el 28 de Junio de 2017.
A día de hoy, esta Ley de custodia compartida sigue sin existir y se mantiene el debate abierto sobre la modificación del art. 92 del Código Civil y demás leyes relacionadas con los procedimientos de divorcio y relaciones paterno-filiales, para adaptarlas a la realidad social.
Sobre estos aspectos hablarán en la mesa de Salamanca del ciclo de El Norte de Castilla, programada para este miércoles 13 de marzo en el Colegio Fonseca, el magistrado de la A. P. de Valladolid Francisco Salinero Román y Trinidad García, del Colegio de Psicología de Castilla y León. Salmantino, miembro de la carrera judicial por oposición libre desde 1981, Salinero preside desde 2006 la Sección IIIª de la A. P. vallisoletana, especializada en materia civil y es profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la UVA y ponente de numerosos foros y cursos, con decenas de publicaciones.
La psicóloga Trinidad García Díez, licenciada por la UNED, es profesora, educadora, mediadora familiar oficial y tutora de alumnos, además de psicóloga forense adscrita al Instituto de Medicina Legal de Valladolid hasta octubre de 2015, hoy en excedencia.
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