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El Gobierno incumple sus promesas en violencia de género. Calvo afirmó que a final de 2018 estarían todas las reformas legislativas del Pacto.
Paloma Cervilla, Madrid, 11/03/2019
El cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado el 28 de septiembre de 2017, se ha convertido en arma arrojadiza entre el Gobierno socialista y la oposición, representada por el Partido Popular y Ciudadanos.
El documento se aprobó durante el mandato de los populares y los socialistas se comprometieron a acelerar las reformas legislativas necesarias para el cumplimiento de las 213 medidas que recoge.
Sin embargo, las promesas socialistas han caído en saco roto. El 30 de agosto, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, afirmó durante su comparecencia en la comisión de seguimiento y evaluación del pacto que había que «dar un tirón importante» a las medidas legislativas». Concretamente, afirmó que, «a finales de año, queremos tener todas las modificaciones legales».
La realidad es bien distinta, como así lo denuncian a ABC las portavoces en temas de Igualdad del Partido Popular y Ciudadanos, Dolores Alba y Patricia Reyes, respectivamente. Las diputadas aseguran que «el PSOE, para la banderita y la pancarta, muy bien, pero cuando se ponen a gestionar no hacen nada», señala Reyes. Por su parte, Alba recuerda que «no se ha cumplido nada de lo que dijo el Gobierno. Se ha vendido humo, y además conscientemente. Se ha hecho demagogia».
El Gobierno se defiende y justifica el retraso en que las Cámaras se han disuelto y no ha dado tiempo a finalizar la tramitación de los textos pendientes. Pero admite que hay algunas reformas que no han comenzado a tramitarse.
El pacto exigía la reforma de hasta 10 textos legislativos: la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el Código Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley General de Defensa de Usuarios y Consumidores, la Ley de Competencia Desleal, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, la Ley contra la Violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.
Código Civil
La única ley que se ha tramitado ha sido la reforma del Poder Judicial para aumentar la formación de los jueces en esta materia, en diciembre de 2018.
Sin embargo, las promesas socialistas han caído en saco roto. El 30 de agosto, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, afirmó durante su comparecencia en la comisión de seguimiento y evaluación del pacto que había que «dar un tirón importante» a las medidas legislativas». Concretamente, afirmó que, «a finales de año, queremos tener todas las modificaciones legales».
La realidad es bien distinta, como así lo denuncian a ABC las portavoces en temas de Igualdad del Partido Popular y Ciudadanos, Dolores Alba y Patricia Reyes, respectivamente. Las diputadas aseguran que «el PSOE, para la banderita y la pancarta, muy bien, pero cuando se ponen a gestionar no hacen nada», señala Reyes. Por su parte, Alba recuerda que «no se ha cumplido nada de lo que dijo el Gobierno. Se ha vendido humo, y además conscientemente. Se ha hecho demagogia».
El Gobierno se defiende y justifica el retraso en que las Cámaras se han disuelto y no ha dado tiempo a finalizar la tramitación de los textos pendientes. Pero admite que hay algunas reformas que no han comenzado a tramitarse.
El pacto exigía la reforma de hasta 10 textos legislativos: la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el Código Civil, la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley General de Defensa de Usuarios y Consumidores, la Ley de Competencia Desleal, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, la Ley contra la Violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.
Código Civil
La única ley que se ha tramitado ha sido la reforma del Poder Judicial para aumentar la formación de los jueces en esta materia, en diciembre de 2018.
Con anterioridad, en agosto, el Gobierno aprobó un polémico «decretazo», sin negociarlo con la oposición, que suponía la reforma de la Ley integral de Violencia de Género, el Código Civil para que los menores puedan recibir ayuda psicológica sin autorización paterna; y la ley de bases de régimen local para que los ayuntamientos puedan recuperar competencias. Este «decretazo» se convalidó pero para su tramitación como proyecto de ley, ya que si no la oposición lo hubiera rechazado. Su tramitación ha quedado suspendida.
El PP sí que presentó un Proyecto de Ley con todas las reformas, según señala Alba, pero en octubre de 2018 el Congreso votó en contra. «Si se hubiera votado a favor, se habría tramitado y todas las reformas legales estarían en vigor, salvo la ley de trata y de violencia sexual, pero por intereses partidistas prefirieron votar en contra», asegura Dolores Alba, del PP.
Ciudadanos critica al PSOE que en el «decretazo» no haya incluido todas las reformas. «Si hubieran tenido voluntad, si hubieran querido, lo habrían hecho, pero no ha sido su prioridad», dice Patricia Reyes.
El PP sí que presentó un Proyecto de Ley con todas las reformas, según señala Alba, pero en octubre de 2018 el Congreso votó en contra. «Si se hubiera votado a favor, se habría tramitado y todas las reformas legales estarían en vigor, salvo la ley de trata y de violencia sexual, pero por intereses partidistas prefirieron votar en contra», asegura Dolores Alba, del PP.
Ciudadanos critica al PSOE que en el «decretazo» no haya incluido todas las reformas. «Si hubieran tenido voluntad, si hubieran querido, lo habrían hecho, pero no ha sido su prioridad», dice Patricia Reyes.
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