La presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano (d), acompañada por por Luis Zarraluqui Sánchez, Marta Bolívar Laguna, y Pablo Rodríguez Hoyos. / Efe.
Luis Zarraluqui, presidente de honor de AEAFA, considera que los gobiernos legislan mal por afán de «ocultismo»
redacción
/ salamanca,
12 noviembre 2016
Zarraluqui abordó las novedades introducidas en la Ley de
Jurisdicción Voluntaria en el ámbito del Derecho de Familia en el marco de la I
Jornada sobre Derecho de Familia que hasta hoy se celebra en Salamanca con la
participación de más de un centenar de jueces y abogados.
En declaraciones a los periodistas recogidas por Efe,
lamentó la tardanza -13 años- en promulgar la Ley de Jurisdicción Voluntaria
(cuando no existe litigio u oposición entre las partes) desde que se anunciara
en el año 2000.
El abogado ha sostenido que los gobiernos españoles, independientemente de su
signo político, «legislan muy mal, de manera atropellada y confusa», todo lo
contrario, añadió, de lo que tienen que ser las leyes.
Esa circunstancia la achacó a «un afán de ocultismo» dado
que, desde su punto de vista, las normas «deben estar bien tituladas teniendo
en cuenta el nº ingente de leyes que se promulgan».
«No hay capacidad humana de aprenderse todo lo que dicen
las leyes y la única solución es que haya una singularización a través de la
titulación», apostilló.
Por su parte, la presidenta de AEAFA, María Dolores
Lozano, abogó por la especialización y formación de los abogados en materia de
familia.
Sobre la custodia compartida de los hijos menores de edad,
de la que dijo que es el sistema «más beneficioso y más normal», expresó su
preocupación por las diferentes formas que existen en España de abordarla en
función del territorio.
Porcentaje
de acuerdos
Insistió que es bastante habitual -la custodia compartida-
y que en el 40% de los casos se llega a acuerdos, mientras que en los
procedimientos contenciosos existe «una especie de retranca a la hora de
establecerla».
Se refirió a «la sensibilidad de la fiscalía» y a que «los
operadores jurídicos a la hora de informar favorablemente sobre la custodia
compartida se guían muchas veces por sus criterios personales y no sobre lo que
debería establecerse».
En cuanto a la posibilidad de separarse o divorciarse ante
notario –cuando no haya hijos menores–, Lozano aludió a las dificultades que
presenta y que tienen que ver con la generación de impuestos y con una serie de
cuestiones procesales en caso de incumplimiento.
De ahí que se mostrase partidaria del divorcio a través
del juzgado y de la especialización del profesional que vaya a llevar el asunto
porque «firmar un mal convenio es una cadena perpetua».
Abogó por la creación de la jurisdicción de familia para
que todos los asuntos en esta materia sean abordados por profesionales
especializados.
Finalmente, el director general de Familia y Políticas
Sociales, Pablo Rodríguez, se refirió al compromiso de la Junta de Castilla y
León en materia de Familia con «bastantes actuaciones que van desde las
necesidades más básicas» al tiempo que desarrollan «aspectos de mediación o de
apoyo a las familias numerosas o la conciliación»
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