domingo, 1 de marzo de 2009

Andalucia: Aumento de la contenciosidad en la ruptura de pareja

http://www.andalucia24horas.com/textoLoc.asp?id=331035&prov=5&loc=11
ANDALUCÍA
La contenciosidad en las rupturas de pareja, sobrepasando nuestra comunidad en diez puntos al promedio nacional.

Con motivo de la celebración del día de Andalucía, la Federación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres Separados desea informar a toda la sociedad andaluza de los preocupantes datos del CGPJ, que reflejan el incesante aumento de la contenciosidad en las rupturas de pareja, sobrepasando nuestra comunidad en diez puntos al promedio nacional.
Este conflicto en ascenso, promovido por múltiples razones desde los poderes públicos está machacando literalmente la vida de miles de ciudadanos andaluces menores y adultos.

Entre los principales agentes que están provocando el aumento del conflicto en el seno de nuestras familias, enfrentando a la sociedad consigo misma, podemos destacar las múltiples trabas que la actual legislación esconde en su articulado para impedir que se otorgue la custodia compartida:
1. El carácter excepcional con que la ley actual contempla la custodia compartida, en contradicción con infinidad de estudios psicológicos que demuestran que ésta es la mejor fórmula para salvaguardar el interés superior del menor.

2. El impedimento expreso, en el artículo 92.7, de poder otorgar la custodia compartida cuando existen indicios –y no sentencias condenatorias- de malos tratos.
Este apartado ha generado un aluvión de denuncias falsas que están penalizando los divorcios, lesionando derechos civiles fundamentales sobre los menores y sobre adultos falsamente denunciados, al ser preventivamente alejados de sus hijos.
Además del grave perjuicio para las mujeres que verdaderamente sufren maltrato, que lejos de poder acceder a una protección efectiva, ven como los juzgados de violencia de género se saturan, dedicando una incalculable batería de medios económicos, materiales y humanos para casos que no lo merecen.

3. Una práctica jurídica contraria al momento social que vivimos, en el que los padres se implican en las tareas domésticas y en el cuidado de los hijos; práctica jurídica que otorga la custodia compartida sólo si existe acuerdo entre las partes, y en su defecto la otorga a la madre, promoviendo así el conflicto interesado de ésta.

4. Una práctica jurídica que liga todas las necesidades económicas al progenitor custodio -habitualmente la madre- para convertir la custodia exclusiva de los hijos en la mejor baza para obtener grandes beneficios económicos, provocando en el progenitor no custodio –habitualmente el padre- una terrible merma en su capacidad económica e impidiéndole acceder a una vivienda digna.
Los poderes públicos contribuyen así a mantener el modelo de sociedad patriarcal y machista, potenciando la dependencia económica de la mujer respecto del hombre, asignándole el rol exclusivo y excluyente del cuidado de los hijos impidiendo de este modo su incorporación plena al mercado laboral, mientras que el padre queda fuera del mapa afectivo familiar, con graves secuelas psicológicas derivadas de esta exclusión al tiempo que asume prácticamente la totalidad de la carga económica.

Envueltos en este dramático escenario de vencedores y vencidos, los menores se ven diariamente sometidos a una terrible manipulación por parte de sus progenitores, experimentando en todos los casos severos conflictos de lealtades hacia los mismos, con el gravísimo perjuicio desencadenado para su desarrollo integral.

Según los datos del CGPJ la contenciosidad ha ido en aumento en todas las provincias, salvo en Jaén, Sevilla y Málaga, donde se están desarrollando interesantes campañas de promoción sobre los beneficios de la mediación familiar desde los propios juzgados de familia.

En este sentido, la Federación ya ha lanzado formalmente sus propuestas a los responsables de Igualdad y Bienestar Social y Justicia, para que tras la aprobación de la nueva ley andaluza de mediación familiar, los propios jueces tengan la facultad de derivar preceptivamente a las partes en litigio a este servicio y puedan conocer el desarrollo del mismo antes de tomar una decisión.
No obstante, para que funcione esta mediación intrajudicial, hemos de partir de un marco legislativo de igualdad que no alimente el conflicto interesado de una parte que hoy por hoy, tiene el bastón de mando a lo largo de todo el proceso.

A la vista de estos porcentajes de contenciosidad y teniendo en cuenta la enorme masa social afectada por esta pésima gestión institucional del divorcio, ya que cerca del 50% de las parejas andaluzas y españolas termina disolviéndose, esta Federación ha propuesto al Parlamento Andaluz las siguientes soluciones:
· El establecimiento de la custodia compartida como escenario preferente, siguiendo la senda marcada por innumerables países de nuestro entorno y por los parlamentos catalán y valenciano, adaptando la ley de divorcio de 2005 al marco andaluz en base a su estatuto de autonomía en materia de protección de menores.

· El impulso institucional, desarrollo y subvención de programas de mediación familiar gratuita en cada partido judicial, de manera que los jueces tengan la facultad de derivar a las partes en conflicto a dichos programas y de conocer la disposición que éstas muestran en el proceso de mediación.

· La creación de protocolos en las distintas administraciones (educativa, salud, etc…) que contemplen todos los tipos de familia y garanticen el ejercicio del derecho y obligación de la patria potestad compartida.

· Desgravaciones fiscales, ayudas sociales para adquisición de vivienda, facilidades para el acceso al empleo y medidas de flexibilización del horario laboral a familias posdivorcio. Desde la Federación hacemos un llamamiento condundente a todos los poderes públicos andaluces, para que se pongan a trabajar en aras de conseguir un escenario de familia que garantice el derecho de los menores a las relaciones parentofiliales, que promueva la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, que establezca la custodia compartida como opción preferente de acuerdo al estatuto andaluz, que contempla en su articulado la obligación de los progenitores a cuidar y educar a sus hijos y el derecho de estos a relacionarse con sus padres.

En un día como hoy, en el que todos nos congratulamos celebrando los avances legislativos de nuestra sociedad, tenemos también que analizar con autocrítica todas las cuestiones que siguen rigiéndose a partir de normas del pasado, como es el divorcio, que siega diariamente el derecho de los hijos a seguir manteniendo una relación fluida y cotidiana con uno de sus progenitores, progenitores a los que desde una ley y una práctica jurídica sexista y desigual, se les empuja sin remedio a un conflicto de por vida y a la infelicidad para ellos y para sus hijos.

Es responsabilidad de nuestros políticos conseguir que el divorcio en Andalucía, y en toda España, se convierta en una opción más para encontrar el camino hacia la felicidad de los ciudadanos, en lugar de un via crucis que arruina sus vidas.

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