El Gobierno licita un nuevo contrato por 71 millones tras los fallos en los dispositivos. El pliego obliga a cambiar los aparatos defectuosos en 24 horas
Mª Sosa Troya, Madrid - 27 Enero 2026
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se autoriza un nuevo contrato, por 71 millones de €, para gestionar las llamadas pulseras antimaltrato, los dispositivos que víctimas de violencia machista —tanto de género como sexual— y sus agresores llevan cuando se dicta una orden de alejamiento. El actual contrato expira el próximo 6 de mayo y la decisión se toma después de que hace unos meses trascendieran fallos en estos aparatos. A partir de ahora, la mayoría de los dispositivos serán tobilleras, en vez de brazaletes.
En palabras de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, esta decisión se toma porque son “más fiables, menos manipulables”, según han indicado los técnicos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Redondo ha apuntado que el nuevo contrato va a permitir cambiar en un máximo de 24 horas “los dispositivos que tengan manipulación o cualquier tipo de disfunción”, y se exigirá la reparación de cualquiera que se haya manipulado, roto o averiado en un máximo de 3 meses una vez retirados. Además, está prevista la implantación de mecanismos de protección contra la manipulación con material antivandálico, y se ha mejorado la resistencia al agua y sensores de movimiento o de temperatura corporal.
Por otro lado, tanto la tobillera como el teléfono móvil que completa el sistema del inculpado tendrá una tarjeta electrónica eSIM para que no pueda ser extraída, además de que contarán con pantallas de cristal reforzado.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Redondo ha apuntado que el nuevo contrato va a permitir cambiar en un máximo de 24 horas “los dispositivos que tengan manipulación o cualquier tipo de disfunción”, y se exigirá la reparación de cualquiera que se haya manipulado, roto o averiado en un máximo de 3 meses una vez retirados. Además, está prevista la implantación de mecanismos de protección contra la manipulación con material antivandálico, y se ha mejorado la resistencia al agua y sensores de movimiento o de temperatura corporal.
Por otro lado, tanto la tobillera como el teléfono móvil que completa el sistema del inculpado tendrá una tarjeta electrónica eSIM para que no pueda ser extraída, además de que contarán con pantallas de cristal reforzado.
La ministra ha explicado que también se ha añadido un cambio que pedían las víctimas con las que han contactado: “Una mejora en las baterías, de más larga duración, [que] permitirán mayor autonomía de las víctimas”.
El pasado septiembre trascendieron fallos en el sistema Cometa, que se encarga del seguimiento de estos dispositivos telemáticos. Como ha recordado la ministra, en noviembre de 2023 el servicio cambió de adjudicataria y gestora: de Telefónica (que lo había gestionado desde su creación, en 2009) a una unión temporal de empresas (UTE) entre Vodafone y Securitas. Y en esa transición hubo un fallo en el volcado de datos de un proveedor a otro.
Según Redondo, la plataforma gestiona “30 millones de geolocalizaciones” cada día. En el momento de la migración, hubo “disfunciones en cuanto a la itinerancia de datos” entre plataformas, que fueron “incorporadas a la Memoria de la Fiscalía [General del Estado] de 2024, que hacía referencia a que se había producido un número importante de sobreseimientos y órdenes de absolución de algunos maltratadores en España”.
El pasado septiembre trascendieron fallos en el sistema Cometa, que se encarga del seguimiento de estos dispositivos telemáticos. Como ha recordado la ministra, en noviembre de 2023 el servicio cambió de adjudicataria y gestora: de Telefónica (que lo había gestionado desde su creación, en 2009) a una unión temporal de empresas (UTE) entre Vodafone y Securitas. Y en esa transición hubo un fallo en el volcado de datos de un proveedor a otro.
Según Redondo, la plataforma gestiona “30 millones de geolocalizaciones” cada día. En el momento de la migración, hubo “disfunciones en cuanto a la itinerancia de datos” entre plataformas, que fueron “incorporadas a la Memoria de la Fiscalía [General del Estado] de 2024, que hacía referencia a que se había producido un número importante de sobreseimientos y órdenes de absolución de algunos maltratadores en España”.
El pasado septiembre, el Observatorio contra la Violencia de Género y de Género del Consejo General del Poder Judicial aseguró que a principios de año ya había alertado al Gobierno de problemas con las pulseras antimaltrato. Redondo ha explicado este martes que en ese momento pidieron “a distintas instituciones, fundamentalmente el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía”, que reportaran esas sentencias absolutorias o de sobreseimiento.
“A fecha de hoy, seguimos esperando”, ha afirmado Redondo.
En España, unos 4.500 hombres llevan actualmente estas pulseras, que se activan por orden judicial y que se instalan en la muñeca o en el tobillo. Y desde 2009, cuando comenzaron a usarse, 22.063 mujeres las han utilizado en algún momento.
En España, unos 4.500 hombres llevan actualmente estas pulseras, que se activan por orden judicial y que se instalan en la muñeca o en el tobillo. Y desde 2009, cuando comenzaron a usarse, 22.063 mujeres las han utilizado en algún momento.
A las víctimas se les proporciona un teléfono inteligente que emite una alerta si el hombre se aproxima, porque las pulseras permiten conocer la ubicación exacta de los agresores machistas.
Pese a las incidencias detectadas el año pasado, no hay constancia de que ninguna mujer haya sido asesinada mientras portaba alguno de estos dispositivos.
La ministra ha explicado este martes que, tras conocer los fallos, se pusieron en contacto con las víctimas y con trabajadoras del servicio Cometa, y pusieron en marcha 2 investigaciones, una interna y otra a través de una auditoría externa, que les hicieron conscientes de que había que “mejorar el contrato”.
La ministra ha explicado este martes que, tras conocer los fallos, se pusieron en contacto con las víctimas y con trabajadoras del servicio Cometa, y pusieron en marcha 2 investigaciones, una interna y otra a través de una auditoría externa, que les hicieron conscientes de que había que “mejorar el contrato”.
Ahora, asegura Redondo, “el servicio va a ser mucho más eficaz y eficiente”. “Es evidente que la tecnología puede fallar, pero lo que no puede fallar es la respuesta de un Gobierno responsable”, ha dicho.
El nuevo contrato tiene una duración inicial de 36 meses y cuenta con un presupuesto de 71,37 millones de €, que podrían elevarse hasta los 111,1 si se dieran las 2 prórrogas anuales que son posibles.
El nuevo contrato tiene una duración inicial de 36 meses y cuenta con un presupuesto de 71,37 millones de €, que podrían elevarse hasta los 111,1 si se dieran las 2 prórrogas anuales que son posibles.
El contrato vigente hasta ahora tenía un importe menor: “salió a licitación por 50,1 millones”, según ha explicado Redondo, y por “30 meses de duración”.
Según el ministerio, el nuevo pliego incorpora mejoras “en los dispositivos, en el suministro, el mantenimiento y en su almacenamiento”. Se incrementa el número de dispositivos a adquirir a lo largo del contrato, hasta un total de 17.660 y se fija en 2.000 el stock mínimo de estos aparatos disponibles para su instalación en cualquier punto del territorio nacional en menos de 24 horas.
Según el ministerio, el nuevo pliego incorpora mejoras “en los dispositivos, en el suministro, el mantenimiento y en su almacenamiento”. Se incrementa el número de dispositivos a adquirir a lo largo del contrato, hasta un total de 17.660 y se fija en 2.000 el stock mínimo de estos aparatos disponibles para su instalación en cualquier punto del territorio nacional en menos de 24 horas.
También se permitirá comprar por separado los elementos de los que consta el kit (teléfonos móviles, tobillera, cargadores, etc.) para “adecuar el volumen de compra a la realidad de pérdidas, manipulaciones y rotura de cada uno de estos elementos según se vayan produciendo”.
Por otro lado, se añadirá un sistema que generará una alerta adicional a las ya activas de proximidad y que estará basada en la detección directa entre el dispositivo del agresor y la víctima vía bluetooth, que funcionará también como una alerta de proximidad. Las tobilleras de los nuevos dispositivos contarán con geoposicionamientos de manera autónoma, con lo cual, según detalla el ministerio, “se tendrá al investigado, inculpado o condenado localizado incluso si deja intencionadamente el teléfono móvil en su domicilio”. Se incorporarán igualmente mecanismos de seguridad para evitar la simulación, el falseamiento o manipulación de los datos que se envían desde los dispositivos a la Sala Cometa.
Allí hay 151 trabajadoras, pese a que el contrato actual se inició con 70, según ha afirmado Redondo, que ha asegurado que se subrogan todas las empleadas (fundamentalmente son mujeres): a partir de ahora, se exigirá un mínimo de 151 personas en sala. También se creará la figura del responsable coordinador del servicio de suministros, gestión y mantenimiento de los dispositivos, que controlará el stock de cada elemento del kit. Y se pasará de 1 a 2 responsables coordinadores de la sala Cometa. Habrá 1 coordinador jurídico, 2 asesores jurídicos y 2 especialistas en psicología para las llamadas de víctimas que requieran atención especializada. Porque por 1ª vez el contrato incluye un número 900 adicional exclusivo para la comunicación de las víctimas con Cometa.
El ministerio detalla que se reducirán los tiempos para la notificación y resolución de incidencias técnicas graves. También se clarifican los mecanismos para que el incumplimiento de estos acuerdos a nivel de servicio dé lugar a las penalidades establecidas en el pliego. Y se establece que 3 meses antes de la finalización del contrato, la empresa saliente tendrá que presentar un plan para la migración de los usuarios, su monitorización y la gestión de los dispositivos electrónicos y el intercambio de información y responsabilidades durante el periodo de transición.
Por otro lado, se añadirá un sistema que generará una alerta adicional a las ya activas de proximidad y que estará basada en la detección directa entre el dispositivo del agresor y la víctima vía bluetooth, que funcionará también como una alerta de proximidad. Las tobilleras de los nuevos dispositivos contarán con geoposicionamientos de manera autónoma, con lo cual, según detalla el ministerio, “se tendrá al investigado, inculpado o condenado localizado incluso si deja intencionadamente el teléfono móvil en su domicilio”. Se incorporarán igualmente mecanismos de seguridad para evitar la simulación, el falseamiento o manipulación de los datos que se envían desde los dispositivos a la Sala Cometa.
Allí hay 151 trabajadoras, pese a que el contrato actual se inició con 70, según ha afirmado Redondo, que ha asegurado que se subrogan todas las empleadas (fundamentalmente son mujeres): a partir de ahora, se exigirá un mínimo de 151 personas en sala. También se creará la figura del responsable coordinador del servicio de suministros, gestión y mantenimiento de los dispositivos, que controlará el stock de cada elemento del kit. Y se pasará de 1 a 2 responsables coordinadores de la sala Cometa. Habrá 1 coordinador jurídico, 2 asesores jurídicos y 2 especialistas en psicología para las llamadas de víctimas que requieran atención especializada. Porque por 1ª vez el contrato incluye un número 900 adicional exclusivo para la comunicación de las víctimas con Cometa.
El ministerio detalla que se reducirán los tiempos para la notificación y resolución de incidencias técnicas graves. También se clarifican los mecanismos para que el incumplimiento de estos acuerdos a nivel de servicio dé lugar a las penalidades establecidas en el pliego. Y se establece que 3 meses antes de la finalización del contrato, la empresa saliente tendrá que presentar un plan para la migración de los usuarios, su monitorización y la gestión de los dispositivos electrónicos y el intercambio de información y responsabilidades durante el periodo de transición.
Un plan que deberá validar la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que podrá solicitar cambios si lo considera necesario.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo.
También se puede contactar a través del e-mail 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).
Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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