La violencia económica ya es violencia de género: las claves del nuevo Pacto de Estado

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Las principales medidas del nuevo pacto de Estado.

.....aprobado por el Congreso.
Todos los partidos excepto Vox acuerdan el nuevo texto, que incluye nuevas formas de violencia, propone formar más a los actores involucrados y eliminar los atenuantes de confesión, entre otras medidas.
elDiario.es, 26 de febrero de 2025 
La violencia económica –por ejemplo, el impago de pensiones– ya es violencia de género. El Congreso ha aprobado este miércoles el nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género con el apoyo de todos los grupos, excepto Vox. 

La negociación de este nuevo pacto ha supuesto un raro ejemplo de acuerdo transversal entre (la inmensa mayoría de) los grupos, y así lo han reconocido los portavoces en sus intervenciones durante el debate celebrado en el Pleno. “Institucionalidad, buen trato de los grupos, negociación y diálogo”, ha resumido la diputada del PSOE Lidia Guinart Moreno.

La portavoz de Vox, Rocío Aguirre Gil de Biedma, ha defendido que su partido está “muy orgulloso” de ser el único que ha rechazado un pacto que tachan de fallido, y el partido ha abandonado el pleno en señal de protesta cuando el resto de la cámara aplaudía la aprobación del informe por 315 votos frente a 33.

El texto recoge 400 medidas, algunas de ellas ya vigentes, y consigna un presupuesto de 1.500 millones de euros para los próximos 5 años: 1/3 de la partida la manejará el Estado (100 millones anuales), algo más de la mitad las comunidades autónomas (160 millones cada ejercicio) y el resto los ayuntamientos (40 millones). Varios grupos han presentado votos particulares para añadir algunas cuestiones, pero todos han sido rechazados por el pleno.

Las claves, una a una
El texto validado finalmente por el Congreso recoge medidas de diferentes ámbitos, como el mencionado económico, la formación transversal en violencia vicaria a todos los operadores jurídicos, la supresión de los atenuantes de confesión o incluir específicamente la violencia que se ejerce contra los hijos e hijas de las víctimas a través del régimen de visitas.

Violencia económica
Es, quizás, la principal novedad. El texto contempla “incorporar de manera específica la violencia económica en nuestro ordenamiento jurídico” mediante la trasposición de la Directiva Europea 2024/1385, así como “reconocerla, regularla y definirla” como la acción de “limitar, suprimir o controlar” el acceso de las víctimas a los recursos económicos con el objetivo de que dependan económicamente del agresor.

El informe subraya que “debe tenerse en cuenta que la violencia económica de género no es solo el delito de impago de pensiones, sino también otros tipos penales como el delito de alzamiento de bienes, estafas, apropiaciones indebidas o administración desleal”. El nuevo pacto propone incorporar al Código Penal un tipo que “recoja todas las conductas” que buscan “limitar la economía e independencia económica de las mujeres” o añadir al delito de impago de pensiones una modalidad agravada que tenga en cuenta la situación económica en la que deja a la víctima.

Supresión de los atenuantes
Entre las novedades jurídicas, el informe propone la supresión de 2 atenuantes de confesión en casos de violencia de género, el de confesión y el de reparación del daño. 2 atenuantes que se aplicaron por ejemplo al exfutbolista Dani Alves para rebajar su pena por agresión sexual. También se propone que el consentimiento de las víctimas no se tenga en cuenta a la hora de valorar los casos de quebrantamientos de condenas o medidas de protección, o que la sustitución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad esté siempre condicionada a que los agresores hagan un programa de “reeducación”.

Por otro lado, el nuevo pacto propone la elaboración de guías “con criterios de coordinación” entre los juzgados de violencia de género y los de familia y el impulso de una instrucción para que sea obligatorio que estos últimos consulten el sistema que conecta las diferentes bases de datos. 

El objetivo de esta medida es evitar la descoordinación que en ocasiones se da, como cuando en 2021 un juez fijó una custodia compartida sin ser consciente de que el padre había sido condenado previamente por maltratar a la madre y esta decisión posibilitó el asesinato por violencia vicaria de un niño de 11 años en Sueca.

Violencia vicaria
Aunque los hijos e hijas ya están reconocidos como víctimas directas de la violencia machista, el nuevo pacto incluye un apartado específico preventivo. El texto establece la obligación de que, antes de que los jueces tomen una decisión sobre regímenes de visitas, haya una “evaluación profesional paterno-filial” si así lo solicitan las víctimas y propone impedir que “los padres maltratadores” puedan acceder a las grabaciones realizadas con motivo de las exploraciones judiciales de los menores. Al mismo tiempo, reclama el desarrollo legislativo para los hijos e hijas del título habilitante, el sistema que ya existe para las mujeres y que permite que sean acreditadas como víctimas de violencia de género sin necesidad de denunciar.

También hay algunas medidas dirigidas a los menores huérfanos por violencia machista: entre ellas, la actualización anual de las pensiones que reciben o la implantación en los centros educativos de un sistema específico de apoyo a los niños y niñas que han perdido a sus madres por esta causa.

Más formación
En el apartado de la formación, el informe ahonda en el ámbito judicial y estipula la “ampliación del temario” de las oposiciones a la judicatura y en la Escuela Judicial, aunque no concreta en qué sentido, o el “refuerzo” de la especialización de los Juzgados Penales, que son los que atienden un mayor número de casos. 

Junto a ello, el texto contempla la posibilidad de “proponer” que todos los operadores jurídicos “reciban formación transversal en violencia vicaria” independientemente del juzgado.

Además, establece la especialización en violencia de género “de manera evaluable” de los equipos psicosociales que asisten a los juzgados, señalados en ocasiones por expertas y víctimas por sus informes. También contempla que se garantice que en ellos “se impida” la reproducción de planteamientos como el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), una teoría no avalada por las principales organizaciones científicas ni judiciales por la que las madres manipularían a sus hijos en contra del progenitor en un contexto de disputa por la custodia y que en ocasiones sirve para acabar retirándoselas a las propias mujeres.

Acompañamiento y detección temprana
El informe también incorpora medidas para mejorar el “acompañamiento” a las víctimas. Para ello se crea la figura de las “unidades de apoyo en el ámbito local”. Esta mayor atención se concreta también con el desarrollo de protocolos para mejorar la detección temprana de la violencia en las consultas de médico, para impulsar la formación en las aulas o para evitar que falsos síndromes como el SAP –según el cual, la madre manipula a los niños contra el padre– sean tomados en cuenta en los Puntos de Encuentro Familiar (PEF).

Lo que no ha entrado
Aunque todos los los partidos excepto Vox han validado el texto, algunos de ellos también han presentado votos particulares para incluir algunas medidas que a su juicio se han quedado fuera.
Varios partidos como ERC y Podemos, por ejemplo, han lamentado que no se reconozcan también algunas violencias como la obstétrica y la institucional, y el BNG ha mencionado los vientres de alquiler. 

Los republicanos también han reclamado que se aborde la “violencia institucional” para evitar casos como el del juez de la manada o de la causa de Juana Rivas.