..... del exmarido de María Sevilla.
Reclama 85.000 euros a la ministra por llamarle maltratador. El Alto Tribunal emplaza a Montero y a la Fiscalía a contestar en el plazo de 20 días.
Alberto Sierra, 02/11/2022
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda de Rafael Marcos contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por presunta intromisión ilegítima al honor, según un auto al que ha tenido acceso The Objective.
Reclama 85.000 euros a la ministra por llamarle maltratador. El Alto Tribunal emplaza a Montero y a la Fiscalía a contestar en el plazo de 20 días.
Alberto Sierra, 02/11/2022
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda de Rafael Marcos contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por presunta intromisión ilegítima al honor, según un auto al que ha tenido acceso The Objective.
El exmarido de María Sevilla, la mujer indultada en mayo por el Gobierno pese a haber sido condenada por secuestrar al hijo de ambos, reclama 85.000 euros a la ministra de Igualdad por unas declaraciones en las que de forma implícita le acusaba de ser un maltratador, a pesar de no tener ningún antecedente penal ni condena por violencia de género contra su expareja ni su hijo.
La Sala de lo Civil del Alto Tribunal considera que la demanda cumple con los requisitos para ser admitida a trámite y declara procedente sustanciar el proceso por las reglas del juicio ordinario. En su resolución, el Supremo emplaza a Irene Monero y a la Fiscalía para que contesten a la demanda interpuesta por Rafael Marcos en el plazo de 20 días hábiles.
La Sala de lo Civil del Alto Tribunal considera que la demanda cumple con los requisitos para ser admitida a trámite y declara procedente sustanciar el proceso por las reglas del juicio ordinario. En su resolución, el Supremo emplaza a Irene Monero y a la Fiscalía para que contesten a la demanda interpuesta por Rafael Marcos en el plazo de 20 días hábiles.
«Vistas las pretensiones formuladas, esta sala tiene jurisdicción y competencia objetiva para conocer la demanda», indica la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en el auto, una resolución contra la que Irene Montero puede recurrir en el plazo de 5 días.
«Por lo que respecta a la clase de juicio, la demandante ha expresado la cuantía de la demanda y la materia sobre la que versa, en vista de lo cual, tratándose de una acción de tutela judicial civil del derecho fundamental al honor, de conformidad con lo dispuesto en el art. 249.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), procede sustanciarla por los trámites de juicio ordinario y acordar su tramitación preferente, siendo parte en este proceso el Ministerio Fiscal», añade.
Como adelantó este diario, Rafael Marcos interpuso el pasado 19 de octubre su demanda contra Irene Montero en el Tribunal Supremo. Además de reclamar 85.000 euros en concepto de indemnización por daños morales, el exmarido de María Sevilla exige a Irene Montero una rectificación pública que contenga reconocimiento expreso de la «incerteza» de unas declaraciones efectuadas el 25 de mayo en las que celebraba el indulto a María Sevilla y se refería a Marcos, sin mencionarle directamente, como un maltratador.
Al tratarse de unas declaraciones realizadas en el ejercicio de su cargo como ministra del Gobierno, la demanda finalmente ha sido formalizada ante la Sala Primera del Tribunal Supremo. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que los representantes legales de Rafael Marcos puedan emprender ante las instituciones europeas al amparo de la directiva 2016/343 del Parlamento Europeo, según la cual las autoridades y personas con cargo de representación pública deben abstenerse en sus manifestaciones públicas de catalogar o tildar como culpables a personas que no han sido condenadas con sentencia firme.
Durante el juicio por la custodia del menor, Sevilla aseguró que su padre le golpeaba y que incluso había cometido abusos sexuales en su contra, algo que quedaría completamente desestimado al no probarse y que, al perder el caso, llevaría a que la expresidenta de Infancia Libre fuese condenada posteriormente por secuestrar al pequeño.
«Por lo que respecta a la clase de juicio, la demandante ha expresado la cuantía de la demanda y la materia sobre la que versa, en vista de lo cual, tratándose de una acción de tutela judicial civil del derecho fundamental al honor, de conformidad con lo dispuesto en el art. 249.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), procede sustanciarla por los trámites de juicio ordinario y acordar su tramitación preferente, siendo parte en este proceso el Ministerio Fiscal», añade.
Como adelantó este diario, Rafael Marcos interpuso el pasado 19 de octubre su demanda contra Irene Montero en el Tribunal Supremo. Además de reclamar 85.000 euros en concepto de indemnización por daños morales, el exmarido de María Sevilla exige a Irene Montero una rectificación pública que contenga reconocimiento expreso de la «incerteza» de unas declaraciones efectuadas el 25 de mayo en las que celebraba el indulto a María Sevilla y se refería a Marcos, sin mencionarle directamente, como un maltratador.
Al tratarse de unas declaraciones realizadas en el ejercicio de su cargo como ministra del Gobierno, la demanda finalmente ha sido formalizada ante la Sala Primera del Tribunal Supremo. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que los representantes legales de Rafael Marcos puedan emprender ante las instituciones europeas al amparo de la directiva 2016/343 del Parlamento Europeo, según la cual las autoridades y personas con cargo de representación pública deben abstenerse en sus manifestaciones públicas de catalogar o tildar como culpables a personas que no han sido condenadas con sentencia firme.
Durante el juicio por la custodia del menor, Sevilla aseguró que su padre le golpeaba y que incluso había cometido abusos sexuales en su contra, algo que quedaría completamente desestimado al no probarse y que, al perder el caso, llevaría a que la expresidenta de Infancia Libre fuese condenada posteriormente por secuestrar al pequeño.
La mujer fue condenada por sustracción de menores en 2021 a 2 años y 4 meses de prisión, además de 4 años sin patria potestad. Sin embargo, en un decreto publicado en mayo en el BOE, el Gobierno le concedió un indulto parcial y le devolvió la patria potestad.
100.000 euros en donaciones
Como contó este diario, Rafael Marcos ha recibido casi 100.000 euros en donaciones gracias a un crowdfunding para hacer frente a las costas judiciales de las demandas por presunta intromisión ilegítima al derecho al honor que va a interponer no solo contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, sino también contra la secretaria de Estado Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam.
Además, Marcos va a interponer una querella penal contra la periodista Ana Pardo de Vera por unas declaraciones en RTVE en las que le llamó «pederasta», y una serie de tuits y artículos publicados en el mismo sentido. En línea con Irene Montero y Rodríguez Pam, Podemos y su entorno justifican el indulto a María Sevilla, a quien defienden «como una madre protectora» que puso su cuerpo por delante para evitar que su hijo fuese víctima de abusos.
Durante el tiempo que tuvo retenido al menor, según la Policía, Sevilla prohibió que el pequeño saliera a la calle salvo unos pocos minutos al atardecer, no le escolarizó, no contaba con las vacunas necesarias para su edad y recibía una fuerte educación evangélica.
Como contó este diario, Rafael Marcos ha recibido casi 100.000 euros en donaciones gracias a un crowdfunding para hacer frente a las costas judiciales de las demandas por presunta intromisión ilegítima al derecho al honor que va a interponer no solo contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, sino también contra la secretaria de Estado Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam.
Además, Marcos va a interponer una querella penal contra la periodista Ana Pardo de Vera por unas declaraciones en RTVE en las que le llamó «pederasta», y una serie de tuits y artículos publicados en el mismo sentido. En línea con Irene Montero y Rodríguez Pam, Podemos y su entorno justifican el indulto a María Sevilla, a quien defienden «como una madre protectora» que puso su cuerpo por delante para evitar que su hijo fuese víctima de abusos.
Durante el tiempo que tuvo retenido al menor, según la Policía, Sevilla prohibió que el pequeño saliera a la calle salvo unos pocos minutos al atardecer, no le escolarizó, no contaba con las vacunas necesarias para su edad y recibía una fuerte educación evangélica.
Además, según relataría el propio menor a los agentes en declaraciones que más tarde serían filtradas a los medios, tenía miedo a Sevilla, lamentaba que esta le golpeara, aseguraba que le llamaba «el diablo» e incluso le tildaba de retrasado.
Durante el juicio por la custodia del menor, la mujer ahora indultada aseguró que su padre le golpeaba y que incluso había cometido abusos sexuales en su contra, algo que quedaría completamente desestimado al no probarse y que, al perder el caso, llevaría a que la expresidenta de Infancia Libre secuestrase al pequeño posteriormente y fuese condenada por ello.
Sobre las acusaciones de maltrato contra su padre, el hijo de ambos aseguraría que era mentira, que Sevilla se lo había inventado para crear un relato en su contra y que no le gustaba que estuviera haciendo eso para supuestamente protegerle porque, como afirmaba, le causaba más daño. El Ministerio de Justicia ha firmado esta medida de gracia sin que concurran las razones de Justicia o arrepentimiento, algo nunca mostrado por Sevilla en estos años.
Durante el juicio por la custodia del menor, la mujer ahora indultada aseguró que su padre le golpeaba y que incluso había cometido abusos sexuales en su contra, algo que quedaría completamente desestimado al no probarse y que, al perder el caso, llevaría a que la expresidenta de Infancia Libre secuestrase al pequeño posteriormente y fuese condenada por ello.
Sobre las acusaciones de maltrato contra su padre, el hijo de ambos aseguraría que era mentira, que Sevilla se lo había inventado para crear un relato en su contra y que no le gustaba que estuviera haciendo eso para supuestamente protegerle porque, como afirmaba, le causaba más daño. El Ministerio de Justicia ha firmado esta medida de gracia sin que concurran las razones de Justicia o arrepentimiento, algo nunca mostrado por Sevilla en estos años.
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