ccaa.elpais.com/ 13.Mayo.2016
Las complejas leyes forales.
El derecho civil regula buena parte de la vida de los ciudadanos desde su nacimiento hasta su muerte. El fallo del Tribunal Constitucional acota, en la práctica, la posibilidad del Parlamento valenciano de legislar en este ámbito con la excepción de aquellas cuestiones relacionadas con el mundo rural donde se mantuvieron ciertas prácticas pese a la introducción del derecho castellano.
El Partido Popular impulsó el desarrollo del derecho foral valenciano con 4 leyes, no exentas de polémica porque hay juristas que consideran que el actual Código Civil castellano es más avanzado y está más adecuado a la realidad social de lo que lo pueda estar el recuperado derecho valenciano. La ley de Régimen Económico Matrimonial, anulada íntegramente por el Tribunal Constitucional tuvo como principal novedad la sustitución del régimen de gananciales por el de separación de bienes en los nuevos matrimonios. Aunque también incluyó otras medidas relacionadas con la protección de las mujeres maltratadas.
Sin embargo, la más polémica de todas es la conocida como ley de Custodia compartida que establece como preferente, cuando no haya acuerdo, que los dos progenitores se repartan la potestad sobre los hijos menores. La ley, que contó con el apoyo del PP y Compromís pero no del PSPV, es cuestionada por distintos colectivos de mujeres. Estos consideran que la ley ha provocado un aumento de la litigiosidad y ha complicado la situación de las mujeres agredidas por sus compañeros. Unos maltratadores que convierten la custodia compartida en una forma de venganza o en un sistema de control sobre sus víctimas. Estos colectivos reclaman la derogación de la ley, que ha sido apoyada por otros grupos partidarios de la custodia compartida, y piden la vuelta a la regulación estatal que prima que la custodia sea para la mujer.
En la Comunidad Valenciana se calcula que hay cerca de 25.000 personas afectadas por la ley autonómica.
La 3ª ley, también recurrida al Constitucional, es la que regula las uniones de hecho. Socialistas, Compromís y Podemos están de acuerdo en tramitar una reforma para permitir que las parejas registradas puedan adoptar o acoger menores, independientemente del sexo de las personas que conformen la unión.
Sin embargo, el recurso al alto tribunal podría anular la ley antes de ser modificada.
Junto a estas, el PP impulsó la aprobación de una ley de sucesiones que quedó en la cuneta por los enormes problemas que generaba su aplicación y que fue duramente cuestionada por notarios y registradores.
La única de las leyes que desarrollan el derecho foral valenciano que no ha sido recurrida es la nueva ley de Contratos agrarios, aprobada en 2013, que regula las figuras tradicionales de compraventa en el campo valenciano y las adapta la realidad actual.
El derecho civil regula buena parte de la vida de los ciudadanos desde su nacimiento hasta su muerte. El fallo del Tribunal Constitucional acota, en la práctica, la posibilidad del Parlamento valenciano de legislar en este ámbito con la excepción de aquellas cuestiones relacionadas con el mundo rural donde se mantuvieron ciertas prácticas pese a la introducción del derecho castellano.
El Partido Popular impulsó el desarrollo del derecho foral valenciano con 4 leyes, no exentas de polémica porque hay juristas que consideran que el actual Código Civil castellano es más avanzado y está más adecuado a la realidad social de lo que lo pueda estar el recuperado derecho valenciano. La ley de Régimen Económico Matrimonial, anulada íntegramente por el Tribunal Constitucional tuvo como principal novedad la sustitución del régimen de gananciales por el de separación de bienes en los nuevos matrimonios. Aunque también incluyó otras medidas relacionadas con la protección de las mujeres maltratadas.
Sin embargo, la más polémica de todas es la conocida como ley de Custodia compartida que establece como preferente, cuando no haya acuerdo, que los dos progenitores se repartan la potestad sobre los hijos menores. La ley, que contó con el apoyo del PP y Compromís pero no del PSPV, es cuestionada por distintos colectivos de mujeres. Estos consideran que la ley ha provocado un aumento de la litigiosidad y ha complicado la situación de las mujeres agredidas por sus compañeros. Unos maltratadores que convierten la custodia compartida en una forma de venganza o en un sistema de control sobre sus víctimas. Estos colectivos reclaman la derogación de la ley, que ha sido apoyada por otros grupos partidarios de la custodia compartida, y piden la vuelta a la regulación estatal que prima que la custodia sea para la mujer.
En la Comunidad Valenciana se calcula que hay cerca de 25.000 personas afectadas por la ley autonómica.
La 3ª ley, también recurrida al Constitucional, es la que regula las uniones de hecho. Socialistas, Compromís y Podemos están de acuerdo en tramitar una reforma para permitir que las parejas registradas puedan adoptar o acoger menores, independientemente del sexo de las personas que conformen la unión.
Sin embargo, el recurso al alto tribunal podría anular la ley antes de ser modificada.
Junto a estas, el PP impulsó la aprobación de una ley de sucesiones que quedó en la cuneta por los enormes problemas que generaba su aplicación y que fue duramente cuestionada por notarios y registradores.
La única de las leyes que desarrollan el derecho foral valenciano que no ha sido recurrida es la nueva ley de Contratos agrarios, aprobada en 2013, que regula las figuras tradicionales de compraventa en el campo valenciano y las adapta la realidad actual.
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