En 2015 se celebraron 25.804 matrimonios en España en los que al menos 1 de los cónyuges era extranjero, una situación cada vez más habitual que en caso de conflicto, resulta problemática porque según alertan los expertos, los divorcios en estas circunstancias generan problemas y dudas acerca de la competencia judicial y la ley aplicable.
Según afirma la letrada experta en Derecho de Familia Isabel Winkels, "si ya un divorcio entre españoles es complicado porque hay que dirimir la custodia, las pensiones, la atribución del domicilio y todas esas cosas, cuando se trata de un conflicto matrimonial donde 1 de los 2 es extranjero, lo 1º que hay que determinar es qué juzgado es competente y cuál es la ley aplicable".
"Te tienes que ir al reglamento comunitario si afecta a una persona en la UE o a los convenios internacionales aplicables a su caso (...) porque su regulación y tramitación no se atiene a la norma interna de cada país y ni siquiera a la ley nacional de cada uno", afirma en declaraciones a Europa Press, para incidir en que "es más raro encontrar un juez que conoce este asunto que encontrar un juez que lo desconoce".
Pone como ejemplo un caso que representa su despacho de abogados de un español en un proceso de divorcio en un país africano. El tribunal competente ha resultado ser el autóctono pero la ley aplicable es la española. Es, según afirma Winkels, una realidad "cada vez más frecuente" y se requiere por ello una mayor especialización y formación de los órganos judiciales, "al menos en los de Familia".
La experta ofreció una ponencia sobre este asunto en la jornada Familia y Sociedad en la España del siglo XXI organizada en Madrid por la Fundación Ankaria y el Instituto CEU de la Familia, defiende además la necesidad en estos casos de adoptar acuerdos prematrimoniales que fijen cuál será la ley aplicable y el tribunal competente en caso de divorcio, para evitar problemas añadidos si el matrimonio decide disolverse.
Durante la jornada participó asimismo la fiscal de Familia de Madrid, Carmen Marticorena, quien se refirió al papel de este organismo en la protección de los menores en caso de conflicto matrimonial. Según afirmó, más del 76% de los procedimientos de divorcio en España son de mutuo acuerdo, y desde 2005 se está produciendo un cambio hacia el modelo de custodia compartida, que en 2014 ya representaba más de un 21%.
En su opinión, este modelo "debe ser un traje a medida de la familia, y no un acuerdo de distribución del tiempo al 50%". A su juicio, lo que mejor funciona es el "lapso de alternancia semanal".
Por su parte, la profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo CEU Cristina Noriega subrayó la importancia de "dar voz a los hijos del divorcio", con el fin de evitarles sufrimientos que pueden derivar en problemas de autoestima, menor rendimiento escolar o afecciones psicosomáticas.
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