Foto: EUROPA PRESS
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril,
ha urgido al Congreso de los Diputados a actuar para que los menores
sean escuchados en los juicios, para lo que ha remitido a sus señorías
el estudio 'La escucha del menor, víctima o testigo', que analiza la
posición jurídica del menor y su derecho a ser escuchado en 3
momentos claves del proceso penal: la sede policial, la preconstitución
de la prueba y el juicio oral.
Así, plantea medidas para favorecer entornos que disminuyan en lo
posible el impacto emocional que sufren los menores cuando tienen que
declarar o testificar.A su vez, recomienda instalar sistemas de videoconferencia y salas específicas en edificios judiciales que permitan al menor prestar declaración en un entorno adecuado y acompañado por personas de su confianza, al mismo tiempo que aboga por utilizar un lenguaje "comprensible" y que no intimide al menor.
La Defensoría ve necesario la adopción de medidas para que los menores víctimas de delito no coincidan en sede policial con los presuntos autores, a la vez que insta a reforzar las oficinas de asistencia a las víctimas y que éstas cuenten con una persona que pueda acompañar a los menores a lo largo de todo el proceso penal.
Este estudio formula recomendaciones para que las administraciones den cumplimiento al nuevo Estatuto de la Víctima en relación a la escucha del menor, víctima o testigo, tras comparar la legislación nacional con los principales estándares internacionales y europeos.
MAS ESPECIALIZACION POLICIAL.
Al mismo tiempo, señala la necesidad de reforzar la especialización policial para la atención de menores víctimas de delitos y propone que el personal que atiende a estos menores reciba formación sobre las novedades que incorpora el Estatuto de la Víctima en materia de derechos, formas de efectuar la declaración, motivación de las resoluciones y otros aspectos que inciden en la adecuada escucha al menor en el proceso penal.
El estudio da continuidad al trabajo 'La escucha y el interés superior del menor. Revisión judicial de medidas de protección y procesos de familia', de mayo de 2014.
Ha contado con la colaboración de jueces, fiscales, abogados, miembros de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las comunidades autónomas con competencias de policía judicial, personal de los equipos psicosociales adscritos a órganos judiciales y representantes de organizaciones sociales y del Ministerio de Justicia, a lo largo de jornadas de reflexión celebradas en la sede de la Institución entre noviembre y diciembre de 2014.
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