El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, defendió ayer en «LA RAZÓN de...»la necesidad de abordar una reforma en profundidad de la Administración de Justicia que hagan ésta más eficaz, ágil y que otorgue la seguridad jurídica necesaria, lo que contribuirá de forma positiva a la superación de la crisis económica.
Para superar esa situación apuntó, entre otras soluciones, la reforma de la estructura judicial, con la creación de los tribunales de instancia, de ámbito nacional, y un nuevo Código Procesal Penal o Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se pasará de un sistema inquisitivo puro a uno acusatorio, en el tanto la acusación como la defensas estarán en igualdad y donde hay que evitar que se conviertan en «condena» lo que son meros actos procesales. Este último aspecto iba claramente dirigido al «estigma» que supone el hecho de ser citado como imputado.
REFORMAS
«Las críticas deben ser aprovechadas»
La reforma la Justicia, según Ruiz-Gallardón, no puede desligarse del resto de las que lleva a cabo el Ejecutivo. no debe esto de españoles, que es lo que «todos de todos». Defendió estas reformas porque, señaló, «nacen de la crisis, pero que van más allá» de la misma y que afectan a todos los ámbitos de la sociedad y se mostró convencido de que las mismas tendrán un efecto positivo. Junto a ello, y tras destacar que el Gobierno «no está sólo en esta tarea reformadora», aludió a las crítica a las que están sometidas las instituciones, partidos, etc, críticas que, aseveró, en muchas ocasiones «son injustas, pero que, en todo caso, esas críticas «deben ser aprovechas por el Gobierno y la sociedad». En todo caso, esas críticas, afirmó, deben tener sus límites en la «demagogia» o en cualquier tipo de «violencia o coacción».
El motivo de estas reformas que lleva a cabo el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy lo resumió el titular de la cartera de Justicia en una frase: «Nuestro objetivo no es la reelección, nuestro objetivo es la transformación política de España, y en ésta estamos comprometidos todos los miembros del gabinete».(...)
..... es necesario lograr una Administración de Justicia «eficiente», además de porque es un derecho fundamental, «porque es un factor relevante de competitividad, determinante del progreso de nuestro país».
En un momento de crisis económica, incidió el titular de Justicia, la seguridad jurídica tiene que responder a unos niveles de eficiencia, por lo que, añadió, «tenemos que ser plenamente consciente de que una Administración de Justicia eficaz, eficiente, capaz de resolver los conflictos, es no sólo un derecho fundamental, sino un factor de competitividad que contribuirá de manera importantísima a la superación de la crisis económica».
Por ello, concluyó Ruiz-Gallardón, España no tiene en estos momentos «la Administración de Justicia que necesita».
FORTALEZA Y DEBILIDADES
«Hay que incidir en la profesionalización»Posteriormente, el ministro de Justicia, analizó las «fortalezas y debilidades» de la Justicia española. La principal fortaleza, dijo, son «los titulares del Poder Judicial. sus jueces y magistrados», que conforman un Cuerpo, añadió, limitado en su número, pero «absolutamente cualificado, en el que no se ha instalado la arbitrariedad, en el combaten la corrupción, que es uno de los elementos que más desestructuran a nuestra sociedad y preocupa a los ciudadanos, al margen de sus ideas, aplicando lo que los ciudadanos, a través del legislador han convertido en norma, «ese es el principal activo que tenemos». Así, afirmó sin dudar que en España no hay «temor al arbitrismo» judicial, ni hay «supuestos de corruptelas» de que los jueces actúen por factores «distintos» a los establecen las leyes aprobadas.
Fortaleza que se verá incrementada con las reformas previstas, incidiendo en la profesionalización, y por tanto, en la reducción de jueces sustitutos.
En cuanto a las «debilidades», el ministro Gallardón las resumió en 2: lentitud (una empresa puede llegar a esperar dos años una resolución) e ineficiencia , porque si una resolución, aunque sea justa llega tarde «se convierte subjetivamente en injusta».
Por ello, considera que se necesitan no sólo que las resoluciones sean dictadas en tiempo, sino que existan procedimientos de que se ejecuten en un plazo razonable.(....)
También aludió al exceso de litigiosidad, donde en 2011, tal como adelantó LA RAZÓN, los juzgados ingresaron 9,5 millones de asuntos entre particulares, cuando en Francia, con 20 millones más de habitantes, fue de 6,5 millones.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
«Se reorganizará el proceso penal». Gallardón también aludió a la dispersión existente en los juzgados de Primera Instancia, lo que constituye un problema.
Para solucionar estos problemas, el ministro aludió a 3 puntos fundamentales: reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), con la creación de los tribunales de instancia como nuevo órgano judicial de 1º grado y de ámbito provincial, que conllevará una «optimización» de los recursos existentes y dará «más flexibilidad a la Justicia», sin necesidad de incrementos presupuestarios. Y, en 2º lugar, con la asunción por parte de los tribunales superiores de Justicia asumirán las apelaciones que en estos momentos tienen asignadas las audiencias provinciales.(...)
DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN
«Es necesario el consenso»
El
ministro acabó con una reflexión final: en esta época de crisis es
necesario trabajar con el espíritu de consenso con que aprobó la
Constitución, «herramienta útil y apropiada», pues «Todos estamos
obligados a estar a la altura de nuestra Constitución... de ese gran
acuerdo político».
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