Tras una
ruptura matrimonial se pueden obtener ayudas para el pago de alquileres
e hipotecas y la exención del impuesto sobre transmisión del patrimonio.
Por VIOLETA COLLADO/BLANCA ÁLVAREZ. 17 de febrero de 2011.
La Ley de Divorcio, sancionada en el año 2005, introdujo un conjunto de reformas,
como la eliminación de trámites, para crear un clima más armónico entre
las personas implicadas durante el proceso, lo cual procura una
resolución de la crisis con mayor celeridad y contribuye a superar la
fractura familiar de una manera menos traumática para los hijos. Pero
esta norma también tiene una repercusión económica en el coste del
proceso judicial, ya que permite reducirlo casi en un 50% con respecto a
la anterior. Con la actual crisis, afrontar la empresa de divorciarse
puede no parecer propicio desde el punto de vista económico, pero a raíz
de una ruptura matrimonial se pueden obtener algunas ventajas, como la
exención del impuesto sobre las transmisiones patrimoniales o ayudas
para el pago de alquileres e hipotecas, además de otros beneficios
fiscales.
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