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El Congreso aprueba crear un fondo que garantice el pago de alimentos a los hijos en caso de divorcio.
La Comisión de Justicia aprobó una enmienda de CiU al proyecto de reforma de la ley del divorcio que incluye la creación de un fondo estatal que garantice las pensiones alimentarias a los hijos de divorciados en caso de impago del progenitor.
Mujeres Juristas valora la iniciativa pero insta al Gobierno a perseguir a los padres que no pagan.
La ponencia parlamentaria que trabaja en la nueva ley sobre separación y divorcio ha aprobado una enmienda de CiU por la que se establece un fondo para que el Estado garantice las pensiones alimentarias a los hijos en caso de impago por parte de los padres obligados a realizar estas aportaciones por resolución judicial.
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados trabaja en la tramitación de este proyecto de ley de modificación del Código Civil, para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas que mejoren el texto antes de que el pase a debatirse en Pleno.
Una de ellas, aprobada la semana pasada, es la propuesta por CiU para que el Estado garantice "el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial, a través de una legislación específica que concretará el sistema de cobertura en dichos supuestos".
"De manera complementaria", prosigue la enmienda de la formación nacionalista catalana, y en coherencia con las disposiciones de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se prevé "la creación de un fondo de garantía de pensiones para atender, en general, al impago de pensiones alimenticias fijadas en resolución judicial".
El proyecto de reforma de la ley del divorcio fue aprobado el pasado mes de noviembre en Consejo de Ministros para "extender la libertad de los ciudadanos, concibiéndose el derecho al divorcio como una extensión del propio derecho al matrimonio", tal y como consta en la exposición de motivos.
CAMBIO SOCIAL
El Ejecutivo argumenta que la normativa sobre divorcio, vigente durante casi un cuarto de siglo, ha mostrado sus carencias y disfunciones, a lo que se suma el "profundo cambio social en el modo de concebir las relaciones de pareja en la sociedad española".
Este proyecto pretende evitar el "doble procedimiento" que conlleva la situación actual y agilizar los trámites, con lo que se admite la disolución del matrimonio por divorcio sin necesidad de la previa separación de hecho o judicial.
Además, basta con que uno de los esposos no desee la continuación del matrimonio para que pueda pedir el divorcio, sin que el demandado pueda oponerse a la petición por motivos materiales y sin que el juez pueda rechazar la petición, salvo por motivos procesales.
La iniciativa aboga por propiciar la disolución matrimonial por mutuo acuerdo y facilitar la custodia compartida de los hijos. Si bien, en el tema de la custodia prevé la decisión impuesta del juez "cuando haya sido imposible el pacto, o el contenido de las propuestas sea lesivo para los intereses de los hijos menores o incapacitados".
PERSEGUIR A LOS QUE NO PAGAN
La Asociación de Mujeres Juristas Themis ha valorado positivamente la creación del citado fondo, pero considera que éste no debería crearse en exclusiva como un fondo asistencial "sino con el firme propósito de perseguir al deudor para restituir los pagos que, en su caso, la Administración anticipe", expone en un comunicado.
Respecto al punto referido a la custodia compartida impuesta, esta asociación cree que se fuerza "de forma innecesaria cuando ambos progenitores estén disconformes, dejando así la decisión al criterio judicial".
REFORMA "INCOMPLETA
"Por su parte, el presidente en funciones de la Asociación Española de Abogados de Familia, Luis Zarraluqui, considera "incompleto" el proyecto de reforma de la ley de divorcio porque "no soluciona problemas como el disfrute de la vivienda familiar".
Zarraluqui declaró a Línea Social Digital que "la vivienda es el tema más espinoso" de un divorcio y "genera luchas intestinas, ya que el que se queda con los hijos le corresponde el disfrute de la vivienda familiar".
A su juicio, si la ley no cambia en esta cuestión la gente continuará "aferrándose a su derecho" de seguir viviendo en el domicilio familiar, por tener la guarda y custodia de los hijos, "y no buscará fórmulas razonables como vender la vivienda u otras opciones".
También comentó que la futura ley del divorcio debe recoger "ciertas libertades para establecer trajes a medida de cada separación", porque "la variedad de situaciones personales en cada divorcio es muy grande".
Además, Zarraluqui abogó por una mayor formación, especialización y vocación de los jueces que entienden de divorcios, porque actualmente se dan "desigualdades" para los afectados, según residan en una gran ciudad o un pueblo.
"Todos estos temas son difíciles, pero no se puede cerrar los ojos y no afrontarlos", concluyó Zarraluqui, que, por contra, valoró como positivo de este proyecto la supresión de alegar o probar el motivo de divorcio.
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