Feminismo: El impago de la pensión de alimentos a menores

.... cuando el dinero se convierte en un arma de control.
Detrás de cada mensualidad impagada hay tensión, preocupación y una carga emocional que ningún progenitor debería soportar
Mª Marín Puche, Madrid, 26 Enero 2026 
El impago de la pensión de alimentos no debe reducirse a una cuestión privada: se trata del incumplimiento económico más frecuente y dañino tras una ruptura y/o divorcio. Muchas personas lo sufren en silencio reduciéndolo conceptualmente a simples retrasos o argumentando que no merece la pena denunciar. Pero la realidad jurídica y humana es muy distinta: detrás de cada mensualidad impagada hay tensión, preocupación y una carga emocional que ningún progenitor debería soportar.

No podemos olvidar que el impago de la pensión de alimentos es una conducta tipificada como delito en el art. 227 del C.Penal. Así lo ha reiterado el Tribunal Supremo en su sentencia nº 41/2024: quien deja de pagar pudiendo hacerlo incurre en abandono de familia y se enfrenta a severas consecuencias penales y civiles.

Por tanto, nos encontramos ante una vulneración grave del derecho de los hijos y del progenitor custodio a recibir la asistencia económica fijada judicialmente. El bien jurídico protegido no es solo la autoridad de la resolución judicial, sino la garantía de que los miembros más vulnerables de la unidad familiar no queden desamparados.

Delito de abandono: ¿Qué requisitos deben cumplirse? Este delito se configura como una omisión dolosa: basta con no pagar durante 2 meses consecutivos o 4 alternos, existiendo capacidad económica y conocimiento de la obligación.
Además, este tipo de deuda se considera “líquida, vencida y exigible”, de modo que se cumplen automáticamente los 3 requisitos que se exigen para poder reclamar su abono: líquida, porque la cantidad está fijada judicialmente y no admite interpretaciones; vencida, porque cada mensualidad tiene un plazo concreto en el que debe abonarse y éste ya ha transcurrido; y exigible, porque existe una resolución judicial firme que la respalda, sin posibilidad de compensación unilateral.

¿Qué hacer si mi ex pareja deja de pagar? 

El 1º paso siempre es recopilar pruebas: extractos bancarios, la sentencia donde consta la obligación de abonar alimentos, o incluso conversaciones en las que el progenitor reconoce que no va a pagar.
También pueden presentarse indicios de su situación económica real, como vida laboral, nóminas, declaraciones de IRPF o señales públicas de gastos que contradicen la supuesta falta de recursos.

Basta con acreditar que el impago existe y conviene recordar que esta obligación subsiste incluso en los casos en los que el progenitor ha perdido la custodia o incluso la potestad parental. La pensión de alimentos no depende de la relación personal con los menores ni del régimen de custodia o guarda: es una obligación legal autónoma que se mantiene aunque no exista convivencia ni contacto.

Por ello, ningún argumento basado en el distanciamiento personal o en el conflicto entre progenitores puede justificar la ausencia de pago.
La jurisprudencia reciente, especialmente la STS 41/2024, introduce además una perspectiva fundamental, al considerar que el impago reiterado puede constituir una forma de violencia económica: una forma de control y presión que genera un daño emocional profundo e indemnizable.
La ansiedad permanente, la angustia ante los gastos básicos, las renuncias constantes, la sensación de desprotección y la carga psicológica prolongada no son efectos colaterales, sino un daño real y reparable.

El Supremo reconoce que este daño moral puede ser indemnizado si se acredita, lo que supone un avance significativo para quienes han soportado durante años un castigo silencioso en forma de impago.
Es más, el fenómeno del impago de alimentos tiene además una dimensión estructural que no puede ignorarse. En España, en 3 de cada 10 divorcios se incumple el pago de la pensión alimenticia y la guarda exclusiva a favor de la mujer es concedida en el 46,60 % de los casos (siendo el 49,70 % la guarda compartida).

Esto convierte el impago en un problema con un claro sesgo de género que contribuye a la feminización de la pobreza, incrementa la carga económica de las madres que ya sostienen solas la crianza y perpetúa desigualdades económicas que se intensifican tras la ruptura.

La evolución jurisprudencial de los últimos años responde precisamente a esta realidad social, que durante décadas se invisibilizó bajo la idea de que estos conflictos pertenecían al ámbito privado. 

Hoy sabemos que el impago no es solo una irresponsabilidad económica, sino un mecanismo que reproduce desigualdad y que puede encajar en formas reconocidas de violencia contra la mujer y contra la infancia.

Actuar es imprescindible porque cada día que pasa sin reclamar refuerza la impunidad y prolonga el sufrimiento. Reclamar significa recuperar lo que te corresponde, obtener una indemnización por el daño causado y enviar un mensaje claro: nadie puede usar la pensión alimenticia como herramienta de venganza y control. La justicia no solo protege números, protege personas. Y en ese punto, la respuesta jurídica debe ser firme: el silencio cuesta caro, pero la ley habla claro.

La Política y la violencia sobre la Mujer: Entre el Negocio y el Fracaso

Otras noticias:
Nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género: diseñado por expertos y con una gran dotación económica

ONU Mujeres España: 6 asignaturas pendientes para la igualdad en los próximos años.

El Comité Español de ONU Mujeres ha identificado los avances y los problemas pendientes.
La violencia digital o las brechas que afectan a las mujeres rurales entre los más urgentes.
Carolina Pecharromán, 24.01.2026 
Acortar las brechas que siguen separando a las mujeres de los hombres en el mundo o hacerlas desaparecer es el objetivo nº 5 de la ONU en la Agenda 2030. No hay ningún país del mundo donde se haya llegado a una paridad real y en todos hay discriminación o violencias machistas en mayor o menor medida. Para fijarse en lo que sucede en nuestro país concretamente y hacer una hoja de ruta con las actuaciones más urgentes, el Comité Español de ONU Mujeres ha llevado a cabo un proceso que se ha extendido 1 año.

Durante 2025, se han reunido diferentes voces de la sociedad civil para debatir qué se ha avanzado en España en los últimos 30 años siguiendo la agenda de la Plataforma de Acción de Beijing y para hacer un diagnóstico de la situación actual. Entre estas voces, la de quien firma esta información, editora de Igualdad de TVE. Este diagnóstico ha servido para que los distintos grupos de análisis puedan detectar los retos más urgentes para la igualdad en nuestro país y posibles acciones para alcanzarlos en los próximos 5 años. Se ha puesto el foco en 6 áreas prioritarias, aunque muchas de ellas de hecho están interconectadas.

1. Violencia contra las mujeres: entre el Negocio y el Fracaso
España tiene un marco legal pionero, con leyes entre las que destacan la Ley Integral contra la Violencia de Género y la Ley de garantía de la libertad sexual. 

No obstante, 47 mujeres fueron asesinadas en 2025 por hombres que eran sus parejas o exparejas y otras 4 ya en 2026 (al cierre de esta información), elevando a 1.346 las víctimas desde que se empezaron a registrar estos asesinatos en 2003. 

A ellas hay que sumar las otras mujeres víctimas de feminicidios, agresiones sexuales y otras violencias machistas.

Las brechas clave que se han detectado están en "la aplicación de las leyes, la coordinación institucional y el alarmante aumento de la violencia digital". 

Por ello, el informe de ONU Mujeres España recomienda ejecutar completamente el Pacto de Estado y garantizar una financiación estable, así como prevenir mediante la coeducación en todas las etapas.

“El anonimato y el hecho de que no hay regulación sobre los espacios digitales hacen que crezca la violencia digital“
Respecto a las violencia digital y política, recomienda tipificarlas como formas específicas de la violencia de género. Lucía Candeira, de la Federación de Mujeres Jóvenes, señala nuevos modelos de violencia, como la explotación sexual digital: "Están muy poco estudiados. Hay bastantes condicionantes que generan que se estén dando en todos los espacios digitales, entre ellos el anonimato y el hecho de que no hay regulación sobre los espacios digitales. Eso genera que las violencias estén expandiéndose en cualquier espacio digital donde ahora mismo están participando las mujeres jóvenes".

2. Paridad de género en los gobiernos
España está en el 4º puesto de la UE respecto a paridad a nivel nacional, pero esas cifras optimistas cambian cuando nos acercamos al medio rural o el ámbito local. La proporción de alcaldesas, por ejemplo, no llega al 30%. Por ello, ONU Mujeres España pide que la ley de paridad se desarrolle plenamente, que se cumpla a todos los niveles. Además, señalan que las mujeres que sí dan el paso se enfrentan todavía a violencia política debido a una cultura política todavía muy masculinizada. Por otro lado, las dificultades de conciliación y falta de corresponsabilidad siguen apartando a muchas mujeres de los papeles de representación y los cargos de responsabilidad.

3. Economía de los cuidados
El 66% de los cuidados no remunerados sigue recayendo sobre las mujeres. Por otro lado, el sector laboral de cuidados está también feminizado y precarizado, con bajos salarios, poca valoración social y privatización de los servicios. ONU Mujeres España pide un Pacto de Estado por los Cuidados que los incluya en los Presupuestos como inversión y no como gasto. La presidenta del Comité Español de ONU Mujeres, Eva D. Castro, insiste en que los cuidados deben ser considerados como un derecho humano y ponerse en el centro. 

La corresponsabilidad, añade, ayudará a acortar otras brechas: "La injusticia del tiempo es lo que nos lleva a estar presentes en muchas de las brechas de las otras áreas. Si conseguimos que los cuidados los aborde la sociedad en su conjunto y no solo las mujeres, ahí habremos avanzado un paso enorme".

4. Transición justa hacia las economías verdes
Sólo 1 de cada 7 personas que trabajan en actividades verdes es mujer. La transición ecológica es una prioridad, tanto de la Unión Europea como del Gobierno español, pero las mujeres también están perdiendo ese tren, y eso a pesar de que la crisis climática les afecta de forma diferente y más grave en todo el mundo.

Hay que fomentar la participación de las mujeres en las políticas medioambientales e incorporar la perspectiva de género. La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, tiene claro que hay que trabajar en este sentido: "Hemos detectado que los proyectos que están liderados por mujeres son sostenibles. Tienen una mirada de fijarse en el territorio, de fijar mirada y de luchar contra el cambio climático. Tenemos que impulsar esos empleos verdes en el mundo rural, no solo por justicia con las mujeres, sino también por justicia con el planeta".

5. Brecha digital de género
ONU Mujeres alerta en su informe: "Únicamente el 19,5% de las especialistas digitales son mujeres y la subrepresentación en carreras STEM y en el financiamiento de startups lideradas por mujeres es crítica. La violencia digital provoca el retraimiento de muchas mujeres de los espacios en línea". 

Las expertas van más allá, incluso se han producido retrocesos en carreras donde sí había buena presencia de mujeres, como matemáticas o informática. 

Hay que trabajar para difundir referentes femeninos, todavía poco presentes y que los procesos educativos no hagan que las niñas se sientan poco capaces en estas materias, como viene sucediendo hasta ahora.

ONU Mujeres España llama la atención, además, sobre que esa brecha digital se agrava de nuevo en el medio rural, donde falta alfabetización digital e incluso acceso a la banda ancha. Por otro lado, el desarrollo de la tecnología y la inteligencia artificial carece de perspectiva de género. Si no se revierte esa tendencia, los algoritmos contribuirán a repetir y amplificar sesgos sexistas.

6. Agenda Mujeres, Paz y Seguridad
En este proceso se ha constatado que todavía es escasa la participación de las mujeres en decisiones sobre defensa y diplomacia. "A pesar de los avances en el Ejército, con un 13,2% de los efectivos, la financiación de los movimientos feministas es limitada y hay una falta de coherencia entre las políticas de defensa y derechos humanos", según el diagnóstico de ONU Mujeres España.
Recomiendan garantizar una participación plena de las mujeres y avanzar hacia una visión de paz integral y feminista. Esta estrategia supone virar la asignación de presupuestos a la consecución de la paz, un marco que no sólo radica en la ausencia de conflictos armados.

El Divorcio en España: Cuando las medidas provisionales se convierten en definitivas

Divorcios: cuando la balanza se inclina antes de empezar.
Redacción Law&Trends, 23/01/2026
Un sistema pensado para proteger puede generar desequilibrios cuando el conflicto se judicializa de forma temprana.
En los nuevos divorcios del siglo XXI hay algo más que rupturas sentimentales: hay relatos bien construidos, abogados que diseñan estrategias emocionales y hombres que descubren demasiado tarde que la verdad pesa menos que las apariencias.

En los despachos, se multiplican las historias de empresarios que lo pierden todo —no por lo que han hecho, sino por cómo se les ha retratado.
Cuando el conflicto familiar se judicializa demasiado pronto, las medidas “provisionales” se vuelven sentencias encubiertas. Lo que nació para proteger puede acabar desequilibrando, y lo que empezó como una denuncia de conveniencia se transforma en un campo de batalla sin retorno.

José Montero, CEO de Montero de Cisneros Abogados, advierte: “No discutimos los avances legales, discutimos su aplicación. En muchos casos, la justicia cautelar se convierte en una condena invisible antes de que nadie escuche los hechos.”
La pregunta es incómoda pero necesaria: ¿puede un sistema que nació para proteger seguir siendo justo cuando se usa como arma?.
La pregunta no es si la ley es neutral, sino si su aplicación lo es

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, desde 2018 se registran en torno a 80.000 rupturas matrimoniales anuales, con repuntes tras periodos de convivencia intensa, como el verano o las fiestas navideñas. Tradicionalmente, este fenómeno se ha analizado desde una perspectiva demográfica o sociológica. Pero la práctica cotidiana en los juzgados de familia plantea una cuestión más incómoda y necesaria: ¿está el sistema preparado para gestionar el conflicto con equilibrio cuando se activa de forma temprana y desigual?

Neutralidad legal, efectos desiguales
El marco normativo español es, en teoría, neutral. El Código Civil no distingue por razón de sexo en materia de patria potestad, custodia o régimen de visitas. El art. 92 reconoce la custodia compartida como una opción plenamente válida, y el Tribunal Supremo ha insistido en que no debe considerarse un régimen excepcional, sino una alternativa ordinaria cuando beneficia al menor.

Sin embargo, la realidad judicial es más compleja. Los datos del Consejo General del Poder Judicial muestran que la custodia compartida se aplica de forma desigual según territorios y juzgados. Esta variabilidad apunta a factores que van más allá de la ley: la cultura judicial, la percepción inicial del conflicto o la manera en que las partes articulan su relato desde el 1º momento.

En palabras de José Montero, CEO de Montero de Cisneros Abogados, “la justicia de familia está diseñada para proteger, pero su equilibrio depende de cómo se activa el sistema. Bajo nuestra experiencia llevando cientos de casos similares, el riesgo es que medidas provisionales acaben convirtiéndose, en la práctica, en decisiones casi definitivas sin una revisión suficiente”.
Y añade: “Homogeneizar criterios y reforzar la motivación judicial no cuestiona los avances logrados; al contrario, aporta seguridad jurídica y previsibilidad a todas las partes”.

Cuando lo provisional se vuelve permanente
Uno de los elementos más determinantes del sistema es la interacción entre los procedimientos civiles y penales. La Ley Orgánica 1/2004 supuso un avance decisivo en la protección de las víctimas de violencia de género. Nadie discute su relevancia ni su necesidad.
Sin embargo, su aplicación práctica ha abierto un debate técnico sobre los efectos procesales derivados de la activación simultánea de ambas jurisdicciones.

Las medidas cautelares adoptadas en fases iniciales —limitaciones del régimen de visitas, atribución provisional de la vivienda familiar o restricciones en la comunicación— responden a criterios de prudencia. El Tribunal Constitucional ha reiterado que estas decisiones no implican culpabilidad.
Pero en la práctica generan escenarios de hecho que tienden a consolidarse con el tiempo, incluso cuando el procedimiento penal no concluye con condena. 

El sistema protege, pero también fija posiciones difíciles de revertir.

El peso del relato frente a los hechos
El proceso judicial de familia no se construye únicamente sobre pruebas objetivas. Funciona, en gran medida, sobre relatos iniciales, percepciones de riesgo y decisiones tomadas bajo presión temporal.
En este contexto, quien comprende mejor la lógica procesal parte con ventaja.

La experiencia forense muestra un patrón recurrente: progenitores con trayectorias vitales estables, sin antecedentes y con una implicación real en la crianza, que afrontan la ruptura con una actitud de contención, confiando en que los hechos hablarán por sí solos. Esa confianza, razonable desde un punto de vista cívico, puede convertirse en una debilidad procesal.
El sistema no sanciona de inmediato la exageración, pero sí penaliza el silencio y la falta de una estrategia narrativa clara desde el inicio del procedimiento.

Mirar a Europa para entender el problema
Otros países europeos han abordado estas tensiones desde enfoques distintos. 

En Alemania y los Países Bajos, la corresponsabilidad parental es el punto de partida incluso en contextos de conflicto, salvo que existan elementos objetivamente acreditados que lo desaconsejen. 

En Francia, la mediación previa obligatoria actúa como un freno a la judicialización inmediata.

En España también se observan señales de corrección. El Tribunal Supremo ha reforzado la exigencia de motivación en las resoluciones que restringen derechos parentales y ha recordado el carácter excepcional de determinadas medidas. Sin embargo, el problema sigue siendo temporal: cuando la corrección llega, el daño relacional suele estar ya consolidado.

Divorcio; Uso alternativo anual de la vivienda familiar

La Audiencia Provincial lo confirma: en caso de divorcio la propiedad de la casa de la familia se reparte un año para cada progenitor.
Los padres deberán además asumir a partes iguales los gastos de una de las hijas del matrimonio, que reside en Oviedo.
R. García & P. T. García, 22 Enero 2026 
En los casos de divorcio y separaciones uno de los temas más complicados suele tener que ver con el uso de la vivienda conyugal. No en vano es uno de los mayores gastos que se hacen durante el período de convivencia matrimonial. Ahora la A.P. de Cantabria ha fijado una nueva doctrina: permite que la casa sea de los progenitores (y no de los hijos) y se distribuyan la propiedad a años alternos.

En la sentencia que se acaba de hacer pública los magistrados han modificado el régimen de uso de la vivienda familiar y han puesto fin al sistema de "casa nido". Esto es: los padres de los 2 menores resultantes del matrimonio se alternaban semanalmente en el domicilio mientras el hijo menor permanecía en él de forma permanente.
La sección IIª de la A.P. de Cantabria estima ahora el recurso presentado por la exmujer y acuerda que el uso de esa vivienda ahora se reparta por años alternos, comenzando por la madre porque, tal y como recalca el tribunal "tiene una mayor necesidad de protección económica".

En este sentido, el fallo mantiene el régimen de custodia compartida del hijo menor, un adolescente, pero considera que el sistema de casa nido acordado en primera instancia no es viable en este caso concreto. 

La Audiencia recuerda que el Tribunal Supremo desaconseja esta fórmula salvo circunstancias excepcionales y subraya que aquí no concurren los requisitos exigidos: no existe acuerdo entre los progenitores, sus ingresos son limitados (en torno a 700 € mensuales ella y 1.700 € él) y no se aprecia el nivel de entendimiento necesario para sostener una convivencia alterna en la misma vivienda.

Aplicando la doctrina del Supremo, el tribunal señala que en los casos de custodia compartida el uso del domicilio familiar debe atribuirse de forma temporal y con plazo, atendiendo al interés más necesitado de protección y a la titularidad del inmueble.
En este caso, la Audiencia tiene en cuenta que la vivienda es ganancial, que la madre cuenta con menores ingresos y que el padre asume en exclusiva los gastos de la hija mayor, que ya es adulta pero sigue siendo dependiente económicamente. Por ello, fija un uso alterno por periodos anuales, empezando por la madre.

La sentencia rechaza también la pensión compensatoria de 200 € mensuales durante 2 años solicitada por la exesposa. El tribunal concluye que no existe un desequilibrio económico derivado del matrimonio, ya que la mujer ha trabajado durante años, percibe una pensión de invalidez y es propietaria de otra vivienda en la provincia de Palencia. Ambos deben hacerse cargo, además, de la manutención de la hija, que reside en Oviedo.

La Audiencia recuerda que la pensión compensatoria no sirve para igualar patrimonios ni ingresos, sino para corregir un desequilibrio causado directamente por el matrimonio, circunstancia que aquí no aprecia.

¿Es realmente neutral la justicia de familia ante el divorcio en España?

José Montero de Cisneros, 19 Enero 2026 Un sistema pensado para proteger puede generar desigualdad cuando el conflicto se judicializa pronto y el relato pesa más que la trayectoria vital.

España registra cada año decenas de miles de rupturas matrimoniales. Más allá de las cifras, la experiencia acumulada en los juzgados de familia revela tensiones estructurales que invitan a una reflexión serena: cómo asegurar que el sistema responda con equilibrio, evitando que determinados perfiles queden en desventaja no por los hechos, sino por la forma en que el conflicto se articula jurídicamente.

El divorcio se ha integrado desde hace décadas en la normalidad jurídica y social española. Según el Instituto Nacional de Estadística, en torno a 80.000 rupturas se producen cada año, con incrementos significativos tras periodos de convivencia intensa, como el verano o las fiestas navideñas. 

Este fenómeno suele analizarse desde una perspectiva cuantitativa o sociológica. 

Sin embargo, la práctica diaria en los juzgados de familia obliga a plantear una cuestión distinta y más incómoda: si el sistema está preparado para gestionar el conflicto con equilibrio cuando este se judicializa de forma temprana y asimétrica.

Neutralidad normativa y efectos reales
Desde el punto de vista legal, el marco normativo español es formalmente neutro. El Código Civil no distingue por razón de sexo en materia de patria potestad, custodia o régimen de visitas. El art.92 contempla la custodia compartida como una opción plenamente válida, y el Tribunal Supremo ha reiterado que no debe tratarse como un régimen excepcional, sino como una alternativa normal cuando resulte beneficiosa para el menor.

Sin embargo, la experiencia forense muestra que la neutralidad normativa no siempre se traduce en neutralidad práctica. Los datos del Consejo General del Poder Judicial reflejan una implantación desigual de la custodia compartida según territorios y órganos judiciales, lo que apunta a la influencia de factores no estrictamente jurídicos: cultura organizativa, percepción del conflicto o valoración inicial de las partes.

La interacción entre jurisdicciones
Uno de los elementos más determinantes del sistema es la interacción entre los procedimientos civiles y penales. La Ley Orgánica 1/2004 supuso un avance indiscutible en la protección de las víctimas de violencia de género. No obstante, su aplicación práctica ha generado un debate técnico sostenido sobre los efectos procesales derivados de la activación simultánea de ambas jurisdicciones.

La adopción de medidas cautelares en fases iniciales —limitaciones en el régimen de visitas, atribución provisional del uso de la vivienda, restricciones en la comunicación— responde a criterios de prudencia. El Tribunal Constitucional ha subrayado que estas decisiones no prejuzgan culpabilidad. 

Sin embargo, en la práctica configuran escenarios de hecho que tienden a consolidarse, incluso cuando el procedimiento penal no concluye con condena.

El valor del relato frente a la trayectoria vital
El proceso judicial de familia no se limita a la constatación de hechos objetivos. Funciona, en gran medida, sobre la base de relatos iniciales, percepciones de riesgo y dinámicas de urgencia. 

En este contexto, quien comprende mejor la lógica procesal parte con ventaja.

La práctica muestra un patrón recurrente: progenitores —especialmente padres— con trayectorias vitales estables, sin antecedentes y con una implicación real en la crianza, que afrontan la ruptura con una actitud de contención, confiando en que los hechos hablarán por sí solos. Esa confianza, razonable desde un punto de vista cívico, puede convertirse en una debilidad procesal. 

El sistema no penaliza de inmediato la exageración, pero sí castiga el silencio y la falta de estructura narrativa.

Informes técnicos y margen interpretativo
A ello se suma el peso creciente de los informes psicosociales. Su influencia en las decisiones judiciales es indiscutible, pero su elaboración carece todavía de una homogeneidad suficiente. La duración de las entrevistas, los criterios de evaluación y el contexto en que se producen varían notablemente entre partidos judiciales.

La doctrina ha advertido del riesgo de otorgar a estos informes un valor determinante sin reforzar las garantías del contradictorio. 

Cuando el vínculo paterno-filial se evalúa tras meses de separación forzada, el informe corre el riesgo de describir una realidad ya alterada por el propio proceso.

La perspectiva comparada
Otros países europeos han abordado estas tensiones desde enfoques distintos. 

En Alemania y en los Países Bajos, la corresponsabilidad parental constituye el punto de partida normativo, incluso en contextos de conflicto, salvo que existan elementos objetivamente acreditados que lo desaconsejen. 

En Francia, la mediación previa obligatoria actúa como dique frente a la judicialización inmediata del conflicto.

Estos modelos no son trasladables sin matices, pero comparten una idea central: reducir los incentivos a la escalada procesal y evitar que el procedimiento, por sí mismo, genere vencedores y vencidos antes de tiempo.

Jurisprudencia y ajustes necesarios
En España se observan señales de corrección. El Tribunal Supremo ha reforzado la exigencia de motivación en las resoluciones que restringen derechos parentales y ha recordado el carácter excepcional de determinadas medidas.
Algunas audiencias provinciales revisan con mayor rigor la prolongación automática de situaciones provisionales. El problema es temporal: cuando la corrección llega, el daño relacional suele estar ya consolidado.

Una cuestión institucional, no ideológica
El debate no debería plantearse como una confrontación de géneros ni como una revisión de derechos consolidados, sino como una cuestión de calidad institucional. Un sistema de justicia robusto debe proteger a quien sufre violencia real, pero también evitar que el propio diseño procesal genere nuevas formas de indefensión.
Reforzar la motivación judicial, homogeneizar criterios técnicos, mejorar la formación especializada y reducir la dependencia del impacto inicial del conflicto no supone retroceder. Supone, por el contrario, fortalecer el Estado de Derecho.

El divorcio seguirá existiendo. El conflicto, también. La responsabilidad de las instituciones es gestionarlos con inteligencia jurídica y equilibrio, evitando que quien ha cumplido las reglas descubra, demasiado tarde, que el sistema no siempre premia la buena fe si no va acompañada de estrategia.

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo en 2025: Claves en Derecho de Familia y Sucesiones

El Supremo pone fin al uso indefinido de la vivienda familiar y exige pruebas para desheredar por maltrato.
La doctrina de los actos propios blinda herencias y la separación unilateral no disuelve los gananciales.
Xavier Gil Pecharromán, 17/01/2026 
En 2025, ante la falta de reformas legislativas, el Tribunal Supremo ha desempeñado un papel clave en la evolución del Derecho de Familia y Sucesiones, resolviendo cuestiones controvertidas y fijando criterios que refuerzan la protección de menores, progenitores y herederos.

1. Atribución del uso de la vivienda familiar en custodia compartida: temporalidad y límites (STS 783/2025, de 19 de mayo).
En este caso, el Tribunal Supremo resolvió un recurso en el que, pese a existir custodia compartida y ser uno de los progenitores propietario exclusivo de la vivienda familiar, se había atribuido el uso de la misma a la madre sin límite temporal.
El Tribunal Supremo aclaró que, en estos supuestos, no resultan aplicables automáticamente los 2 primeros párrafos del art. 96 CC, sino que, por analogía, debe acudirse al 4º párrafo, que otorga al juez la facultad de decidir lo más adecuado según las circunstancias. Para ello, el juez debe valorar principalmente el interés más necesitado de protección y la titularidad de la vivienda, estableciendo siempre un plazo concreto para el uso.

El objetivo de esta atribución temporal es facilitar la transición a la nueva situación familiar, permitiendo que ambos progenitores puedan proporcionar alojamiento al menor durante sus periodos de custodia.
En el caso concreto, aunque el progenitor recurrente tenía una mejor situación económica, la madre también contaba con otros recursos, por lo que no se justificaba una atribución indefinida del uso de la vivienda. 

En consecuencia, la atribución debe ser siempre temporal, motivada y ajustada a las circunstancias de ambos progenitores, evitando soluciones automáticas o indefinidas que desvirtúen la custodia compartida y el derecho de propiedad.

2. Reconocimiento de heredera por actos propios frente a declaración de herederos (STS 863/2025, de 29 de mayo)
El litigio surgió cuando un interesado, tras haber consentido y participado activa-mente en la configuración sucesoria y en la declaración notarial de herederos abintestato, impugnó posteriormente dicha declaración alegando la inexistencia de título sucesorio válido.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso, confirmando la validez del acta notarial no por el fondo sucesorio –la validez de la adopción por posesión de estado–, sino por la aplicación de la doctrina de los actos propios. La Sala consideró que quien ha generado una apariencia jurídica y ha consolidado una situación sucesoria mediante su conducta prolongada y concluyente, no puede desconocerla después sin quebrantar el principio de buena fe y la confianza legítima.

Así, la coherencia en el comportamiento de los interesados es tan relevante como el título jurídico invocado, y la doctrina de los actos propios actúa como mecanismo de cierre para preservar la estabilidad del tráfico jurídico hereditario.

3. Rendimientos gananciales tras la disolución del régimen económico matrimonial (STS 785/2025, de 19 de mayo).
En el contexto de la liquidación de la sociedad de gananciales tras el divorcio, el debate se centró en si la disolución del régimen debía retrotraerse a una supuesta separación de hecho anterior a la sentencia de divorcio, alegada unilateralmente por el esposo.
El Tribunal Supremo rechazó la retroacción, reafirmando que solo puede anticiparse la disolución a la fecha de una separación de hecho cuando existe consentimiento mutuo, una ruptura económica real y prolongada, y ausencia de abuso de derecho.

En el caso, la actuación unilateral del esposo y la falta de independencia económica de la esposa impidieron apreciar una verdadera separación de hecho. La sentencia refuerza que la separación de hecho solo produce efectos jurídicos cuando es bilateral, estable y económicamente coherente, evitando que decisiones unilaterales alteren el reparto patrimonial.

4. Desheredación por maltrato psicológico: límites del distanciamiento afectivo (STS 865/2025, de 2 de junio).
El caso versó sobre la impugnación de una cláusula testamentaria de desheredación por maltrato psicológico, basada en la ausencia de relación personal y afectiva entre el causante y sus hijos, quienes recurrieron alegando la inexistencia de causa legal suficiente.
El Tribunal Supremo estimó el recurso y declaró ineficaz la desheredación, al no acreditarse una conducta constitutiva de maltrato psicológico real, grave y continuado.

La Sala estableció que la mera falta de relación afectiva no puede considerarse causa de desheredación conforme al art. 853.2 del C.Civil, exigiendo una prueba rigurosa del daño psicológico. En definitiva, el Derecho de Sucesiones no puede convertirse en un mecanismo de sanción afectiva, debiendo mantenerse fiel a su función protectora y garantista de la legítima.

5. Suspensión del régimen de visitas: interés superior del menor y valoración de riesgos (STS 1251/2025, de 16 de septiembre)
En este supuesto, la madre recurrió la decisión de la Audiencia Provincial que había establecido un régimen progresivo de visitas para el padre, pese a la existencia de antecedentes penales, consumo de drogas y ausencia de vínculo efectivo con el hijo menor.

El Tribunal Supremo, tras analizar el caso, recordó que el régimen de visitas es un derecho tanto del progenitor como del hijo, como manifestación del vínculo filial y contribución al desarrollo de la personalidad afectiva de ambos. 

Sin embargo, también subrayó que el interés del menor exige mantener los lazos familiares salvo que resulten contraproducentes para su desarrollo.

En el caso concreto, la Sala concluyó que no existía una situación de violencia de género latente ni enquistada, por lo que procedía ratificar la fijación del régimen de visitas, aunque con prevenciones y sometido a control judicial. Así, la sentencia reafirma que el interés superior del menor debe ser ponderado de forma individualizada, permitiendo el mantenimiento de los lazos familiares salvo riesgo acreditado para el menor.

El Conflicto familiar y la Sustracción de menores.

La sustracción de menores, un delito muchas veces escondido tras un conflicto familiar.
Aclaramos las dudas que hay alrededor de un delito, a veces enmascarado en conflicto familiar, la sustracción de menores.
Miriam Vázquez, 15 de enero de 2026
La desaparición de Gina despertó muchos miedos y fantasmas. 

No llegaron a cumplirse los 15 días, pero un solo minuto sin saber dónde se encuentra tu hijo puede convertirse en una eternidad.

Gina tiene 5 años y su madre el pasado 14 de diciembre presentó una denuncia porque el padre biológico no devolvió a la pequeña, según lo acordado en el régimen establecido por el juzgado. La niña fue encontrada "sana y salva" en Italia el día de Navidad. Las visitas del padre estaba estipuladas fines de semana alternos, sin embargo ese día no entregó a la pequeña a su madre en el punto de encuentro. 

El caso, técnicamente, supone una sustracción de menores.

Así es como lo que comienza como un conflicto familiar se convierte en un problema legal. Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se perdió completamente el rastro de 443 menores en España, lo que equivale a más de 1 caso al día. ¿Cuándo una retención se convierte en una sustracción ilegal?,¿qué puede hacer el progenitor que se queda sin su hijo o hija?, ¿qué ocurre si el menor es trasladado a otro país?, ¿los procesos de recuperación son rápidos o pueden alargarse durante meses?

Vamos a intentar contestar a estas preguntas de la forma más sencilla posible de la mano de la información que la Asociación de Abogados de Familia tiene colgada en su web.

¿Qué es la sustracción de menores?
Con el Código Penal en la mano, la definición que tenemos es que se considerará sustracción de menores "el traslado de una persona menor de edad de su lugar de residencia habitual sin consentimiento del otro progenitor o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia".
Efectivamente hablamos de un delito y las penas que se contemplan van de 2 a 4 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de 4 a 10 años.

Lo más habitual es que la sustracción de menores se produzca en los procesos de ruptura de las parejas y suelen ser los padres o las madres quienes lo cometen aunque el Código Penal también se castiga a los ascendientes del menor y a los parientes del progenitor hasta el 2º grado de consanguinidad.

¿Qué ocurre si el menor es trasladado a otro país?
La sustracción de menores puede ser en territorio nacional o puede complicarse si el progenitor que no devuelve al niño lo traslada a un país diferente en el que reside de forma habitual. La situación se complica entonces porque entra en juego la justicia de otro país.

Cierto es que nuestro país tiene convenios internacionales que pueden aplicarse cuando un menor es trasladado de forma ilícita a otro país. Algunos de ellos son:

El Convenio de la Haya es especialmente importante porque además de por España está firmado por un total de 98 países y solo es aplicable entre ellos. Para los firmantes se establece un sistema de colaboración y una acción enfocada hacia el retorno inmediato del menor al país habitual. Será además el juez del país de residencia habitual, el encargado para decidir sobre su guardia y custodia.
Convenio del Consejo de Europa. A este convenio se le conoce como Convenio de Luxemburgo y agiliza las sentencias que se hayan dictado en un Estado parte.
Convenio con Marruecos. Es, hoy por hoy, el único que hay bilateral en este campo y trata sobre los mismos aspectos que los 2 anteriores.

¿Qué puede hacer el progenitor que se queda sin su hijo o hija?
El 1º consejo que dan los expertos es denunciar la sustracción ante la Policía Nacional y dejar constancia en cualquier comunicación que no autoriza la estancia fuera del domicilio habitual. 

El 2º igual de importante es contactar con un abogado especialista en esta materia.

Si el destino al que se han llevado al menor es uno de los firmantes del Convenio de la Haya los trámites se agilizarán. Si el país de destino del menor no es de la UE o no ha firmado el Convenio de La Haya el Ministerio de Justicia carece de competencia para poder tramitar y enviar la solicitud de restitución internacional y habrá que comenzar dicho proceso litigando directamente en el país donde se encuentra el menor. Entonces el abogado debe ser de dicho país.

El tiempo es un factor esencial, ya que cuando pase 1 año desde que se haya producido el traslado, el juez del país de acogida no ordenará la restitución si se puede demostrar que el menor está integrado en su nueva residencia.

¿Sirve arrepentirse y pedir perdón?
En el Código Penal hay contemplada una exención. "Cuando el sustractor haya comunicado el lugar de estancia al otro progenitor o a quien corresponda legalmente su cuidado dentro de las 24 horas siguientes a la sustracción con el compromiso de devolución inmediata que efectivamente lleve a cabo, o la ausencia no hubiere sido superior a dicho plazo de 24 horas, quedará exento de pena.
Si la restitución la hiciere, sin la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los 15 días siguientes a la sustracción, le será impuesta la pena de prisión de 6 meses a 2 años"

Pensión de Alimentos maternofilial.

Retira la pensión a su hijo a los 18 años por “romper toda relación maternofilial”
El joven únicamente se comunicaba con su madre a través de WhatsApp, pese a los intentos de la mujer de acercarse a él.
Lydia Hernández Téllez, 15 Enero, 2026 
Un juzgado de Irún (Guipuzkoa) ha retirado la pensión alimenticia a un joven mayor de edad por haber roto “toda relación maternofilial” con su progenitora. Pese a los intentos de la madre, el chico había decidido dejar enfriar la relación y comunicarse exclusivamente por WhatsApp con ella.

Según la sentencia, difundida por EFE, la madre y el padre se habían divorciado hacía unos años, acordando una pensión durante la minoría de edad del hijo que ella debía pagar. Más adelante, la madre intentó fomentar “encuentros en persona”, una vez el chico alcanzó la mayoría de edad, pero estos esfuerzos fueron rechazados.

El adolescente explicó que únicamente quería mantener contacto a través de la aplicación de WhatsApp, donde las conversaciones tampoco eran especialmente profundas. Durante el juicio, el joven explicó que creía que su madre sabía dónde vivía, porque así se lo habría comunicado su padre; y que estaba estudiando, pues él se lo habría dicho por el mencionado chat.

El tribunal matiza, no obstante, que los intercambios de mensajes muestran que el hijo solo se había interesado en contarle a su madre estos aspectos para que le abonara las tasas a pagar por unas clases de inglés, su corrector dental o el gimnasio en el que entrenaba. El joven tampoco le enviaba a su madre los boletines de notas, porque pensaba “que no le interesaban” por “cosas que había escuchado de su madre cuando tenía 13 o 14 años”.

Romper la relación “en el significado social, no económico”
En un punto, el chico dejó claro que prefería que la relación con su madre se quedase estrictamente en el mundo virtual. Para él, la mujer “forma parte de su pasado y no de su presente”, según cuenta la sentencia. A este mensaje, la madre preguntó: “¿Y mi dinero todos los meses... también es pasado?“.

Al tocar el tema monetario, el joven cambió ligeramente de idea: él quería romper su relación “en el significado social, no económico”, expresó de forma literal en un mensaje. 2 meses después, volvió a dirigirse a su madre para decirle que es “una persona violenta y problemática” y que no le interesan “este tipo de personas” en su vida".

Ante esta actitud, la mujer decidió presentar una demanda para solicitar una modificación de las medidas acordadas en la sentencia de divorcio. 

En concreto, la madre pedía que se retirase la pensión de alimentos a su hijo, que ya era mayor de edad, dado que el niño no quería mantener ningún tipo de relación con ella más allá de lo económico. El juzgado de Irún ha fallado a su favor y ha declarado extinta la obligación monetaria.

No es la 1ª vez que los tribunales españoles adoptan estas sentencias. En octubre de 2025, la A. P. de Granada falló a favor de un padre que no tenía relación con su hijo porque el joven, al cumplir los 18 años, así lo había decidido. Los magistrados decidieron entonces liberar al hombre de continuar pagando la pensión de alimentos. “No resulta equitativo que quien renuncia a las relaciones familiares y al respaldo y ayuda de todo tipo que éstas comportan, pueda verse beneficiado después por una institución jurídica que encuentra su fundamento, precisamente, en los vínculos parentales”, concluyó.

¿Como se calcula la Pensión de Alimentos?

Susanna Capdevila, abogada, explica cómo se calcula la pensión alimenticia de los hijos: “Depende de 2 factores”
Esta pensión busca garantizar el bienestar de los hijos tras una separación, por lo que conocer sus necesidades y la capacidad económica de los progenitores es clave para que el juez fije la cifra
Naroa Caro, 14 Enero 2026 
La cuantía varía según ingresos, necesidades del menor y otros factores. 

El juez decide basándose en criterios de proporcionalidad
Los procesos de divorcio o separación pueden conllevar procesos legales complicados, especialmente si la pareja tiene hijos en común y debe determinar la mejor forma de continuar cuidando de ellos tras la ruptura. 

La pensión de alimentos es una de las cuestiones más relevantes y sensibles en este tipo de situaciones. Su finalidad principal es garantizar el bienestar de los menores, cubriendo sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación y atención médica, entre otros. Sin embargo, a menudo surgen dudas y conflictos sobre a quién corresponde pagarla, qué obligaciones conlleva y, por encima de todo, hasta cuánto asciende el monto que un progenitor debe abonar al otro por este concepto.

La fijación de la pensión de alimentos en los procesos de familia en España responde a un principio dual. Según la abogada Susanna Capdevila, los jueces consideran tanto lo que necesitan los hijos como lo que los padres pueden ofrecer como los 2 factores esenciales para determinar la cuantía.
En un video publicado en su perfil de TikTok (@susanna.capdevila), Capdevila insiste en que esta combinación de variables es clave en cualquier procedimiento. 

“La pensión de alimentos son 2 factores fundamentales que hay que tener en cuenta: uno, la capacidad económica de los padres; dos, las necesidades de los hijos en cada caso”, detalla la experta en derecho procesal al explicar la lógica que siguen los tribunales.

En la práctica, la valoración de la capacidad económica implica analizar los ingresos y recursos reales de ambos progenitores. Capdevila aclara que “los jueces toman en cuenta este binomio” y lo ajustan a la realidad concreta de cada familia para determinar al cifra más adecuada en cada situación.

Las guías para determinar la cifra.
Para simplificar este proceso, se recurre habitualmente a un sistema de referencia oficial: las tablas orientadoras de uso habitual en los juzgados. Capdevila explica que “hay unas tablas que publica el Consejo General del Poder Judicial, en las que podréis calcularlo fácilmente, se introduce el número de hijos, los ingresos y demás, y son unas tablas orientadoras”.

Estos baremos permiten obtener una cifra aproximada de pensión a partir de la información sobre la situación familiar, laboral y personal proporcionada por el propio usuario al sistema de cálculo. La abogada y socia del despacho Coronas Abogados enfatiza que “los jueces empiezan a usarlas, no como un criterio firme, pero sí como un criterio orientador”.

El juez tiene la última palabra
El uso de estas tablas no es obligatorio, pero sí cada vez más frecuente, aunque la decisión final siempre corresponde al juez, quien puede apartarse de la cifra sugerida si las circunstancias lo justifican. Quienes buscan una estimación pueden acceder a estas tablas directamente en la página del Consejo General del Poder Judicial. Según Capdevila, “si queréis tener una idea, más o menos, podéis acudir allí”......

¿Es legal grabar una llamada entre tu ex y tus hijos para el divorcio?

Ana Rodríguez Gómez, 12/01/2026,
Grabar y reenviar audios en divorcios con hijos puede tener consecuencias penales. 

Analizamos la STS 5025/2025 y cómo actuar con seguridad.
En Derecho de familia hay una tentación recurrente cuando la ruptura se complica, y es conseguir esa prueba, “la prueba con mayúsculas” para demostrar cuan malvada es la otra parte, y el móvil suele convertirse en la fuente principal de pruebas.

Una llamada, un audio, un reenvío a un grupo de WhatsApp, y la sensación de que ya está, ya tengo lo que necesitaba para el juzgado.

El problema es que, si tú no participas en esa llamada y la grabas o la difundes, puedes cruzar una línea que podría tener consecuencias penales. Y si, además, en esa conversación aparecen tus hijos menores, el riesgo es más elevado.

Qué dice la STS 5025/2025 y por qué importa
La STS 5025/2025, de 30 de octubre, dictada por la Sala IIª, ponente Ángel Luis Hurtado, condena a una madre por grabar una conversación entre su ex (el padre) y los hijos menores y reenviarla a un grupo de WhatsApp.
El caso parte de un conflicto familiar. La madre grabó sin consentimiento una conversación telefónica entre el padre y los dos hijos menores y, después, la envió a un grupo de WhatsApp del aula con múltiples progenitores como destinatarios.

El Tribunal Supremo confirma que esa conducta encaja en el delito de descubrimiento y revelación de secretos del art. 197.1 del C.Penal (CP) , y aplica el subtipo agravado del art.197.5 por la minoría de edad de los hijos, imponiendo una pena de 2 años, 6 meses y 1 día de prisión, además de multa.
El mensaje práctico se traduce en que no todo vale, sobre todo cuando se hace parte del conflicto a los menores.

Menores como sujetos pasivos.
Una de las cuestiones relevante de esta sentencia, es que el Supremo entiende que los menores no son un elemento secundario. Son titulares de derechos propios y pueden ser sujetos pasivos de la conducta, lo que activa la agravación del art. 197.5 CP, porque la tutela de su intimidad y su esfera personal es reforzada.

Requisito de procedibilidad. Denuncia y papel del Ministerio Fiscal.
La sentencia también es útil por su lectura procesal del art. 201 del C.Penal, que regula la denuncia necesaria para perseguir estos delitos. Estamos ante un delito de los denominados semipúblicos que radica en la concurrencia convergente del derecho con la intimidad y los derechos de la persona. En la época de los hechos, era necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Los padres, por disposición de lo establecido en el art. 162 C.C., tienen la representación legal de sus hijos sobre los que ostentan la patria potestad. 

El Supremo recuerda que estamos ante una condición objetiva de procedibilidad y que, una vez está en marcha el proceso penal, si el Ministerio Fiscal asume la denuncia se entiende cumplido el requisito, apoyándose en la doctrina previa de la Sala, citando la STS del Pleno 557/2020.

¿Hubo intención dolosa al difundir la grabación?
Otro aspecto relevante de la sentencia es si debía aplicarse la agravante del art.197.3 del C.Penal, consecuencia de la difusión en el grupo de WhatsApp del colegio. Para aplicar esa agravación, no basta con que el mensaje se haya enviado, hace falta acreditar con claridad la intención de divulgar, es decir, el dolo.

El Supremo, en esta sentencia, no aplica el 197.3 CP porque el envío accidental y el borrado inmediato dificultan afirmar con seguridad el elemento subjetivo de querer difundir, aunque deja claro que la consumación de la remisión a 3º no desaparece por eliminar el mensaje, pero sí puede generar dudas razonables sobre si existía un verdadero propósito de difundir. Como estamos ante un delito doloso, el Supremo recuerda que no cabe condenar por una “difusión imprudente, y no aplica el 197.3 CP, en este caso concreto.

¿La pena se cumplirá en prisión?
En la STS 5025/2025 el Tribunal Supremo reubica los hechos en el subtipo agravado del art. 197.5 CP, lo que obliga a imponer la pena en la mitad superior de la prevista para el tipo básico. Por eso fija la condena en 2 años, 6 meses y 1 día de prisión, y multa de 18 meses.
Este dato es crucial porque la suspensión ordinaria de la ejecución se articula, con carácter general, para penas no superiores a 2 años. Es decir, cuando la pena de prisión supera ese umbral, como ocurre aquí, lo habitual es que exista riesgo real de cumplimiento efectivo, salvo que concurra alguna vía excepcional que permita evitar el ingreso.

Y aquí aparece el matiz más llamativo del fallo: la Sala, por mayoría, deja constancia de que, si se solicitara indulto, se plantea “por razones de proporcionalidad” la posibilidad de informar favorablemente a un indulto parcial. 

Esto no significa que el indulto se conceda, porque la decisión corresponde al Gobierno, pero sí revela que el propio Tribunal percibe un problema de proporcionalidad en la consecuencia práctica de la agravación.

Si se abre la vía del indulto el juez o tribunal puede suspender la ejecución mientras se resuelve, cuando ejecutar la pena haría ilusoria la finalidad del indulto. 

Ya veremos que ocurre en este caso, pero mi percepción es que no se cumplirá la condena.

Recomendaciones prácticas cuando el conflicto familiar se desborda.
No es lo mismo grabar tu conversación que interceptar una conversación ajena. 

En la práctica, conviene distinguir 2 escenarios, porque se confunden constantemente:
Si tú participas en la conversación. La grabación no vulnera el secreto de las comunicaciones del art.18.3 de la Constitución Española (CE) , porque ese derecho protege frente a 3ª ajenos a la comunicación. No hay secreto para quien recibe o participa en la comunicación, y la retención del contenido, incluida la grabación, no infringe por sí misma el 18.3 CE.
Si tú no participas y, como en el supuesto de la STS 5025/2025 grabas la llamada entre tu ex y tus hijos menores de edad. En este caso, la persona que graba no era interlocutora, sino que captó una comunicación entre el padre y los menores, es decir, una comunicación ajena (art. 197.1 CP y, con menores, al 197.5 CP).

Límites importantes, aunque sea conversación propia.

Difundirla o reenviarla a 3º puede lesionar el derecho a la intimidad del art. 18.1 CE.
Si aparecen menores o contenido especialmente sensible.
En sede probatoria, que una grabación sea lícita no significa que sea automáticamente útil, puede discutirse autenticidad, integridad, contexto y finalidad,

 y la forma de aportación al procedimiento.

Qué se puede hacer y qué se debe evitar.
Se puede:Grabar conversaciones en las que tú intervienes, preservando el archivo original y sin manipularlo.
Si hay menores y te preocupa su bienestar, activar vías formales: medidas en el procedimiento de familia, intervención de equipos psicosociales, comunicaciones en entornos controlados, y asesoramiento previo.
Evita:Grabar llamadas entre tu ex y tus hijos si tú no participas.
Reenviar audios a familiares, amistades o grupos del colegio.
Convertir WhatsApp en sala de vistas. La prueba útil es la que se gestiona con garantías, no la que se viraliza.

Esta sentencia es una advertencia directa para situaciones muy habituales: 

+ Grabar llamadas o audios de los hijos con el otro progenitor para usarlos en un

   procedimiento de familia.
* Reenviar esos audios a familiares, amistades, grupos del colegio o incluso a

  profesionales no vinculados por confidencialidad.
* Creer que como es por mis hijos o lo hago por su bien no pasa nada.

La realidad es que, además del riesgo penal, hay 2 efectos colaterales frecuentes:
Primero, en procedimientos de familia, este tipo de conductas pueden volverse en contra: deterioran la credibilidad, agravan el conflicto y proyectan una idea de instrumentalización del menor.
Segundo, en paralelo al Código Penal, está el plano de la protección de datos y derechos digitales. La AEPD recuerda que, cuando el tratamiento se basa en consentimiento, el menor puede consentir a partir de 14 años y, si es menor de 14, 

el consentimiento debe venir de quien ostente la patria potestad o tutela.

Si estás valorando grabar o reenviar audios vinculados a tus hijos, lo prudente es frenar y asesorarte antes. 

Violencia doméstica y el falso testimonio

El Supremo anula una condena por violencia de género tras acreditarse el falso testimonio de la denunciante.
Ana Rodríguez, 5 ENERO 2026
Lo que debes saber sobre el recurso de revisión del art. 954 LECrim y sus efectos prácticos
El Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, ha absuelto a un hombre que había sido condenado en 2016 por delitos cometidos en el ámbito de la violencia de género, después de que la mujer que le denunció reconociera en un procedimiento posterior, en el que ella estaba acusada de falso testimonio, que había mentido y que las lesiones que presentó se las había causado ella misma.

El Supremo lo expresa con una idea contundente: una vez acreditada judicialmente la inveracidad del relato, se derrumba todo el edificio probatorio que sostenía la condena. (Han pasado 10 años ....)

Este tipo de casos suele generar 2 reacciones automáticas, y las 2 son peligrosas si no se matizan. La 1ª, pensar que una retractación posterior siempre demuestra que la denuncia inicial era falsa. La 2ª, creer que una condena inicial convierte la verdad procesal en verdad inmutable. Precisamente por eso existe el recurso de revisión, una vía extraordinaria pensada para corregir condenas firmes cuando aparecen hechos o resoluciones posteriores que cambian por completo el sentido del caso.

Qué ocurrió y por qué llega al Tribunal Supremo
Según la información difundida, la condena de 2016 se apoyaba de forma esencial en el testimonio de la denunciante. Años después, en un procedimiento penal distinto, esa misma persona reconoció que había mentido y que se autolesionó, y un juzgado dictó sentencia firme condenándola por falso testimonio (febrero de 2024). Con esa sentencia firme posterior, el condenado promovió un recurso de revisión, que fue estimado por el Tribunal Supremo, dejando sin efecto la condena inicial.

La Fiscalía, siempre según lo publicado, informó en contra de la revisión, pero el Supremo finalmente la estimó, a la vez que aprovechó para recordar la obligación de jueces y fiscales de practicar una investigación eficaz y evitar que una eventual condena descanse únicamente en la declaración de quien afirma ser víctima.

El concepto clave: no estamos ante un recurso cualquiera
El art. 954 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla, entre otros supuestos, la posibilidad de revisión cuando la condena se basó en un testimonio que después ha sido declarado falso por sentencia firme dictada en un procedimiento penal seguido al efecto.
Esto es esencial: no basta con que alguien diga después que mintió, ni basta un cambio de versión sin soporte. Lo decisivo es que exista una sentencia penal firme que declare la falsedad del testimonio o del documento que fue determinante para condenar.

Por qué el testimonio puede ser suficiente para condenar y cuándo deja de serlo
En los delitos cometidos en el ámbito de la violencia de género es frecuente que no existan testigos directos. Eso no impide condenar, porque la declaración de la víctima puede ser prueba de cargo válida si supera los criterios jurisprudenciales de credibilidad, persistencia y ausencia de móviles espurios, además de venir mínimamente corroborada por elementos periféricos, como partes médicos, mensajes, testigos de referencia, llamadas, informes periciales.

Pero si el núcleo central de la condena era el testimonio, y ese testimonio es declarado falso por una sentencia penal firme posterior, el resto de los elementos que funcionaban como corroboración pierden su sentido, porque corroboraban un relato que ya no existe.
Este matiz es importante para todos: para quien denuncia, para quien se defiende y para el sistema. Una investigación eficaz en fase previa no solo protege a la persona investigada, también fortalece casos reales de violencia, porque evita que el procedimiento dependa de una única pieza.

La advertencia del Supremo
El Tribunal Supremo expresa que en contextos de violencia doméstica y de género no se puede ignorar el riesgo de que una retractación posterior responda a presiones, amenazas o dinámicas de control, y por eso exige cautelas y una investigación robusta.
Este punto suele olvidarse cuando el debate público se polariza. En la práctica profesional, el análisis correcto no es ideológico, es probatorio.

Si estás en una situación parecida: qué documentación suele ser decisiva.
La sentencia penal firme que declara falso el testimonio o el documento.
La sentencia original que se pretende rescindir y el detalle de su fundamentación probatoria.
El análisis de qué pruebas eran primarias y cuáles eran meramente corroborativas.
La cronología completa: denuncia, parte médico, juicio, recursos, procedimiento por falso testimonio.

En Ana Rodríguez Abogados trabajamos estos asuntos desde una doble perspectiva: rigor técnico y enfoque humano. En procedimientos de violencia de género, tanto si eres denunciante como si eres investigado o condenado, el coste emocional es enorme, y el coste jurídico puede acompañarte años.

Preguntas frecuentes (FAQ):
¿La retractación de una denunciante anula automáticamente una condena?
No. Una retractación por sí sola no rescinde una sentencia firme. Lo que abre la puerta a una revisión es, normalmente, una sentencia penal firme posterior que declare falso el testimonio o el documento determinante, u otros supuestos tasados del art. 954 LECrim.

¿Qué delito es el falso testimonio?
Es declarar faltando a la verdad en un procedimiento judicial cuando se actúa como testigo, perito o intérprete, con los requisitos y matices del Código Penal. 

En el caso difundido, lo relevante es que existió una condena firme por ese delito, y eso dio soporte a la revisión.

¿Denuncia falsa y falso testimonio son lo mismo?
No necesariamente. Puede haber denuncia falsa (imputar un delito sabiendo que es falso) y puede haber falso testimonio (mentir como testigo en el juicio). 

A veces se solapan, a veces no. Lo decisivo en la revisión suele ser qué se declaró falso y cómo afectó a la condena inicial.

¿Se puede pedir revisión si la condena fue por conformidad?
Depende del caso concreto y del motivo de revisión. En la noticia se menciona que la condena por falso testimonio de la denunciante fue por conformidad, y aun así sirvió como base para el debate de revisión. Lo importante es la firmeza y el contenido de lo declarado.

¿Qué significa "investigación eficaz" en violencia de género?
Significa que la fase previa debe intentar reunir elementos de corroboración suficientes, no solo por garantías del investigado, también para reforzar la solidez del caso y evitar giros posteriores. El Supremo lo recuerda expresamente en la información publicada.

Me condenaron hace años y ahora hay una sentencia que demuestra que una prueba era falsa, ¿qué hago?
Reunir toda la documentación y pedir un estudio profesional de viabilidad. 

La revisión es extraordinaria, pero precisamente está diseñada para supuestos como este, cuando una pieza esencial de la condena queda destruida por una resolución firme posterior.

¿Puede el Supremo absolver directamente o tiene que mandar repetir el juicio?
Depende. Si, al retirar la pieza declarada falsa, no queda prueba de cargo bastante para sostener la condena, puede proceder la absolución. 

Si aún existe un cuadro probatorio autónomo y suficiente, el escenario puede variar y, en función del caso, podrían plantearse alternativas procesales.

¿Esto significa que en violencia de género no se puede condenar solo con el testimonio de la víctima?
No significa eso. Significa que hay que motivar con rigor, y que, cuando sea posible, debe investigarse para obtener corroboraciones externas que enriquezcan el cuadro probatorio y eviten que la acción penal o una eventual condena dependan únicamente de un testimonio.