Aunque el Gobierno de coalición se comprometió en su momento a desarrollar “todas las medidas pendientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incorporando a nuestro ordenamiento lo dispuesto en el Convenio de Estambul para prevenir y erradicar todas las formas de violencia que sufren las mujeres”, esta promesa quedó incumplida con la convocatoria de Elecciones Generales del 23 de julio de 2023 pese a que el Pacto de Estado comprometió 1.000 millones de € para financiar la aplicación de sus medidas en el periodo 2018-2022.
Ahora, a punto de cumplirse 6 años desde que se ratificara este Pacto de Estado por los distintos Grupos Parlamentarios, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias, el Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe en el que hace balance de estos 5 primeros años del Pacto y constata que para mejorar la eficiencia en la asignación de los fondos sería necesario revisar el diseño del Pacto.
En línea generales, el Informe de fiscalización de las actuaciones para la prevención integral de la violencia de género 2018-2022 recomienda que se refuerce el pacto y se mejore la eficiencia de los fondos destinados a su financiación.
En línea generales, el Informe de fiscalización de las actuaciones para la prevención integral de la violencia de género 2018-2022 recomienda que se refuerce el pacto y se mejore la eficiencia de los fondos destinados a su financiación.
Entre sus consideraciones, el informe hace hincapié en que, durante la vigencia del Pacto, no se aprobó el plan nacional de sensibilización y prevención dispuesto en la normativa. Tampoco se reforzó el personal de las unidades de violencia sobre la mujer en las provincias e islas, cuya función resulta relevante para la prevención.
El informe concluye que las dotaciones presupuestarias previstas de 1.000 millones se han aplicado y que la mayoría de las medidas se han implementado o están en curso. Para su desarrollo se previó una financiación adicional de 1.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para el periodo 2018-2022, de los cuales 400 millones se destinaron a la Administración General del Estado, 500 millones a las Comunidades Autónomas y 100 millones a las Entidades Locales. Esta aportación ha sido complementaria y adicional a los fondos específicos anuales. Sin embargo, traslada la recomendación de revisar el diseño del Pacto para “mejorar las actuaciones públicas, la rendición de cuentas y evaluación de los resultados del Pacto de Estado”.
Siendo más concretos, el informe subraya que el seguimiento de las recomendaciones de mejora económico-financieras se han quedado obsoletas o descontextualizadas debido a que la Dirección General de Violencia de Género ha tenido 4 adscripciones a distintos ministerios desde su informe de recomendaciones de 2011. Y fija una recomendación sobre este asunto: el Ministerio de Hacienda debería trabajar con los ministerios, entidades y administraciones para que todos los gastos asociados a la política pública de erradicación de la violencia de género y, particularmente, los relativos al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, “se identifiquen de una forma inequívoca que facilite su cuantificación de forma automatizada, corrigiendo la dispersión actual que impide disponer de información agregada en tiempo y con suficientes garantías de fiabilidad”.
El informe también atribuye a la Dirección General de Violencia de Género la obligación de facilitar, con la mayor brevedad posible, la información económica y de ejecución de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género recabada de los ministerios y de las comunidades autónomas a fin de que pueda proporcionarse en la evaluación que ha de realizar la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado tras los 5º primeros años de vigencia.
El informe concluye que las dotaciones presupuestarias previstas de 1.000 millones se han aplicado y que la mayoría de las medidas se han implementado o están en curso. Para su desarrollo se previó una financiación adicional de 1.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para el periodo 2018-2022, de los cuales 400 millones se destinaron a la Administración General del Estado, 500 millones a las Comunidades Autónomas y 100 millones a las Entidades Locales. Esta aportación ha sido complementaria y adicional a los fondos específicos anuales. Sin embargo, traslada la recomendación de revisar el diseño del Pacto para “mejorar las actuaciones públicas, la rendición de cuentas y evaluación de los resultados del Pacto de Estado”.
Siendo más concretos, el informe subraya que el seguimiento de las recomendaciones de mejora económico-financieras se han quedado obsoletas o descontextualizadas debido a que la Dirección General de Violencia de Género ha tenido 4 adscripciones a distintos ministerios desde su informe de recomendaciones de 2011. Y fija una recomendación sobre este asunto: el Ministerio de Hacienda debería trabajar con los ministerios, entidades y administraciones para que todos los gastos asociados a la política pública de erradicación de la violencia de género y, particularmente, los relativos al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, “se identifiquen de una forma inequívoca que facilite su cuantificación de forma automatizada, corrigiendo la dispersión actual que impide disponer de información agregada en tiempo y con suficientes garantías de fiabilidad”.
El informe también atribuye a la Dirección General de Violencia de Género la obligación de facilitar, con la mayor brevedad posible, la información económica y de ejecución de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género recabada de los ministerios y de las comunidades autónomas a fin de que pueda proporcionarse en la evaluación que ha de realizar la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado tras los 5º primeros años de vigencia.
Además, le insta a impulsar anualmente una actualización de la información.
La financiación del Pacto de Estado “ha consolidado los servicios de las Comunidades Autónomas y ha ampliado su cobertura a una tipología más amplia, pero todavía no ha tenido la misma repercusión sobre los servicios de las entidades locales, existiendo un mayor margen de mejora en las de menor tamaño”, indica el informe. La fiscalización del Tribunal constata cómo las Comunidades Autónomas reconocen que falta reforzar los servicios de atención y prevención en el ámbito rural debido a la falta de recursos.
Según los datos recogidos, las actuaciones de prevención y protección puestas en marcha a la largo de estos 20 años “están contribuyendo a reducir la violencia de género, aunque el objetivo de erradicación está lejos de conseguirse”. Porque, a pesar de todos los esfuerzos, cada año se presentan unas 180.000 denuncias en los juzgados, más de 700 mujeres deben estar especialmente protegidas y alrededor de 50 mueren víctimas de sus parejas o exparejas.
Entre sus recomendaciones, el informe establece reforzar a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, potenciar la eficiencia en la toma de decisiones de financiación, la metodología presupuestaria y contable y la calidad de la evaluación de los resultados, así como reforzar el modelo de colaboración entre Administraciones Públicas. El informe valora que “el papel de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género es relevante para desarrollar la estrategia estatal, coordinar a los poderes públicos y evaluar los resultados de la actuación, pero necesita fortalecer los recursos de las unidades territoriales de violencia”.
El informe también detecta, dentro de los principales retos actuales, el hecho de lograr una mayor sensibilización en el uso de internet y de las nuevas tecnologías entre los jóvenes, así como mejorar la coordinación y colaboración entre los servicios educativos de las distintas administraciones.
6 años después
Este Pacto de Estado se rarificó en diciembre de 2017 y su renovación fue acordada por la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria el 25 de noviembre de 2021. El Pacto, concretado en 290 medidas de tipo legislativo, de prevención y protección a las víctimas de violencia de género, implica incidir en todos los ámbitos de la sociedad.
La fiscalización del Tribunal de Cuentas tiene el doble propósito de formular recomendaciones para la mejora de las actuaciones públicas de prevención integral de la violencia de género, con especial interés en los principios de buena administración, y de contribuir a la rendición de cuentas y evaluación de los resultados del Pacto de Estado a la finalización del marco temporal previsto inicialmente. La evaluación se ha soportado en el análisis de datos cuantitativos y cualitativos obtenidos de fuentes estadísticas y estudios y en entrevistas con personas expertas y representantes de los poderes públicos y de las partes interesadas.
La financiación del Pacto de Estado “ha consolidado los servicios de las Comunidades Autónomas y ha ampliado su cobertura a una tipología más amplia, pero todavía no ha tenido la misma repercusión sobre los servicios de las entidades locales, existiendo un mayor margen de mejora en las de menor tamaño”, indica el informe. La fiscalización del Tribunal constata cómo las Comunidades Autónomas reconocen que falta reforzar los servicios de atención y prevención en el ámbito rural debido a la falta de recursos.
Según los datos recogidos, las actuaciones de prevención y protección puestas en marcha a la largo de estos 20 años “están contribuyendo a reducir la violencia de género, aunque el objetivo de erradicación está lejos de conseguirse”. Porque, a pesar de todos los esfuerzos, cada año se presentan unas 180.000 denuncias en los juzgados, más de 700 mujeres deben estar especialmente protegidas y alrededor de 50 mueren víctimas de sus parejas o exparejas.
Entre sus recomendaciones, el informe establece reforzar a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, potenciar la eficiencia en la toma de decisiones de financiación, la metodología presupuestaria y contable y la calidad de la evaluación de los resultados, así como reforzar el modelo de colaboración entre Administraciones Públicas. El informe valora que “el papel de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género es relevante para desarrollar la estrategia estatal, coordinar a los poderes públicos y evaluar los resultados de la actuación, pero necesita fortalecer los recursos de las unidades territoriales de violencia”.
El informe también detecta, dentro de los principales retos actuales, el hecho de lograr una mayor sensibilización en el uso de internet y de las nuevas tecnologías entre los jóvenes, así como mejorar la coordinación y colaboración entre los servicios educativos de las distintas administraciones.
6 años después
Este Pacto de Estado se rarificó en diciembre de 2017 y su renovación fue acordada por la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria el 25 de noviembre de 2021. El Pacto, concretado en 290 medidas de tipo legislativo, de prevención y protección a las víctimas de violencia de género, implica incidir en todos los ámbitos de la sociedad.
La fiscalización del Tribunal de Cuentas tiene el doble propósito de formular recomendaciones para la mejora de las actuaciones públicas de prevención integral de la violencia de género, con especial interés en los principios de buena administración, y de contribuir a la rendición de cuentas y evaluación de los resultados del Pacto de Estado a la finalización del marco temporal previsto inicialmente. La evaluación se ha soportado en el análisis de datos cuantitativos y cualitativos obtenidos de fuentes estadísticas y estudios y en entrevistas con personas expertas y representantes de los poderes públicos y de las partes interesadas.
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