Redacción E&J, 18/10/2022
45 días de suspensión al abogado de Juana Rivas por acusar a un juez de su “manifiesta parcialidad”.
“Resulta francamente preocupante la interpretación que el Colegio ha realizado del Código Deontológico”, advierte el letrado sancionado
El Ilustre Colegio de Abogados de Granada ha acordado imponer una sanción de 45 días de suspensión del ejercicio de la abogacía a Carlos Aránguez, el letrado de Juana Rivas.
Según la entidad colegial, el abogado ha cometido una infracción grave prevista en el Estatuto General de la Abogacía Española al cuestionar públicamente la imparcialidad del Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Granada, Manuel Piñar, que instruyó el caso y condenó a su clienta a 5 años de prisión.
En septiembre de 2021, mediante una denuncia, el Magistrado-Juez alegó que Aránguez había incurrido en un “comportamiento desconsiderado e irrespetuoso” durante sus declaraciones a medios de comunicación y en las notas de prensa emitidas por su propio despacho, al acusar de “manifiesta parcialidad” al 1º en repetidas ocasiones durante el transcurso del procedimiento judicial.
Por su parte, a finales del pasado mes de julio, el abogado de Juana Rivas presentó una querella criminal contra el juez Manuel Piñar, por un delito continuado de prevaricación judicial y atentado contra la integridad moral por sus “ilegales decisiones” durante la tramitación de la ejecutoria en este caso.
Según el abogado ahora sancionado, la querella se fundamentó, entre otros extremos, en que el Magistrado titular del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Granada, “careciendo absolutamente de competencia para ello”, tramitó en su día un expediente de indulto bajo la única finalidad de “informar negativamente sobre dicho beneficio, con absoluta parcialidad (alterando intencionadamente la realidad) y ocultando la propia existencia de ese expediente a la defensa”.
Sin embargo, esta denuncia no prosperó y el ICAGR decidió abrir un expediente disciplinario a Aránguez. Ahora, su Comisión Delegada de Deontología ha declarado que la conducta del abogado “ha de considerarse una falta de probidad, lealtad y respeto” al Magistrado-Juez.
“Todo jurista tiene derecho a expresar su opinión”
Aránguez, en un comunicado remitido a los medios, ha confesado que no durará en “llevar este caso ante el Tribunal Constitucional”, el cual “podrá pronunciarse sobre la parcialidad o no del Juez Piñar en el Caso Juana Rivas”.
“Quienes hemos superado unas pruebas de acceso a la Magistratura, no somos dioses, exentos de toda posibilidad de crítica”, razona el letrado que trabajó durante 14 años como Fiscal en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. “Por supuesto, siempre desde el respeto y con la debida motivación, se puede (e incluso diría que se debe) valorar desde un punto de vista técnico la actuación de los jueces”, añade.
A su modo de ver, “en una sociedad democrática todo jurista tiene derecho a expresar su opinión”. En otras palabras, “decir que un juez es «manifiestamente parcial» (lo dije y lo mantengo) y aportar múltiples argumentos que respaldan esa afirmación, no puede ser nunca objeto de sanción por un Colegio de Abogados”, valora Aránguez.
“Resulta francamente preocupante la interpretación que el Colegio ha realizado del Código Deontológico, que ha desembocado en el alineamiento con un juez y la sanción (provisional, porque la hemos recurrido) a un abogado colegiado por ejercer el derecho a la libertad de expresión. Los colegios profesionales son una institución medieval, ya desaparecida en la mayoría de los países civilizados. Es ineludible y urgente luchar para que los que perduran y aún no lo han hecho, se adapten a las normas de las sociedades libres del S. XXI. Como abogado en ejercicio, reivindico mi derecho a expresar libremente mis opiniones sobre las actuaciones judiciales que considere oportuno, máxime si afectan a mis patrocinados. Se trata de un derecho y un deber, que el Colegio debería proteger en lugar de sancionar”, explica el abogado.
“Un jurista tiene todo el derecho del mundo a valorar la actuación de otro jurista”
Aránguez argumenta que un buen letrado debería defender “con vehemencia, rigor técnico y profesionalidad” a sus clientes. “Asumí la defensa de Juana Rivas pro bono, desde mi férreo compromiso con los valores constitucionales, el derecho a la igualdad y la defensa de las víctimas de violencia de género. Fue una decisión meditada, que tomé convencido de que podía ayudar a unos niños y a su madre, alejándolos de un maltratador”. Ahora, tras la decisión de suspensión de sus funciones durante 1 mes y medio, el afectado concluye que, por supuesto, “cualquier abogado que se precie, debe defenderse a sí mismo cuando se comete una injusticia como esta”.
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