Ya tiene un proyecto de sentencia para tumbar varias tasas fijas y la cuota variable de todas.
El Pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto abordar
esta semana el recurso presentado por el Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso contra la ley que amplió en 2012 las tasas judiciales,
provocando las mayores protestas del mundo de la Abogacía que se
recuerdan en años.
El ponente del caso, el magistrado Santiago
Martínez-Vares, propone declarar la inconstitucionalidad de las tasas
fijas más elevadas y de todas las cuotas variables, al considerar que
suponen una restricción indebida del derecho fundamental a acceder a la
Justicia.
Suprimidas en 1986 por el Gobierno de Felipe González y
reintroducidas en 2002 por Aznar sólo para los procedimientos civiles y
contencioso-administrativos (y en cuantías moderadas), el Ejecutivo de
Rajoy decidió generalizar en plena crisis la imposición de las tasas
judiciales de la mano del ex ministro de Justicia Alberto
Ruiz-Gallardón: las introdujo para los ciudadanos particulares, las
amplió al orden jurisdiccional social y elevó todas las cuantías, al
punto de que algunas son el doble o más del doble de lo establecido en
2002. Recurrir en apelación pasó a costar 800 euros (antes 300) y llegar
a la casación exige el abono de 1.200 euros (antes 600).
Las
quejas contra el 'tasazo' (manifestaciones en los Juzgados, recursos,
cuestiones prejudiciales, críticas del Defensor del Pueblo, movilización
en redes sociales, seminarios y artículos jurídicos) fueron de tal
envergadura que a los 3 meses Gallardón se vio obligado a rectificar
-mínimamente- la cuantía de algunas tasas.
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