1 de cada 5 ingresos en prisión se deben a quebrantamientos de medidas cautelares o sentencias. La violencia machista obligó a dictar 140 órdenes de protección en 1 año.
faro de vigo.es/J.F.
Jueves 02 de agosto de 2012
Aunque el nº de denuncias de mujeres víctimas disminuye con la losa de la crisis como una carrera de obstáculos para las que intentan liberarse del yugo de los malos tratos, la actividad de los investigadores ha repuntado en Ourense con un incremento notable de los procesos penales de violencia familiar y actos machistas.
Así lo pone de manifiesto la memoria de la Fiscalía Provincial de Ourense revelada esta semana superado ya el 1º semestre.
En 2011 se tramitaron un total de 1.327 asuntos relacionados con la violencia familiar, de los que 901, más de 2 cada día por término medio, eran sucesos de violencia de género.
La cifra queda muy por encima de los aproximadamente 650 procesos de 2010.
La 1ª acción de las fuerzas de seguridad y de la justicia no siempre basta para poner freno a los agresores.
El ministerio público expresa, negro sobre blanco, la "preocupación" por el "incremento sustancial de los delitos de quebrantamiento de condena", incumplimientos de medidas cautelares o sentencias judiciales, "que se dan esencialmente en la tipología que tiene que ver con la violencia doméstica", así como con las ausencias a los planes de cumplimiento de trabajos sociales que sustituyen las penas de prisión.
El incremento de esta figura delictiva tuvo su reflejo en la última tramitación que realizan los fiscales antes de que tenga lugar el juicio, como es el escrito de acusación en el que se relatan los hechos delictivos y se solicitan rangos de condenas.
El incremento de los incumplimientos de órdenes judiciales es todavía más acusado si se toma como referencia el año 2007, cuando los quebrantamientos apenas superaron el centenar de casos.
Desde entonces, las acusaciones de este tipo han crecido un 130%.
En los 112 casos en que se decretó prisión provisional el año pasado, 22 eran quebrantamientos.
Aun con el riesgo de que no disuadan al agresor, la autoridad judicial dictó el año pasado 140 órdenes de alejamiento y protección por casos de agresión machista.
Según la misma estadística, 67 mujeres, aproximadamente 1 de cada 10 denunciantes, terminaron renunciando al proceso penal.
1 de cada 4 procedimientos se archivaron provisionalmente.
Julián Pardinas muestra su preocupación por un "nuevo colapso" tras la marcha de la juez titular que había tomado el control y la amortización de 1 de las 2 plazas de funcionarios de refuerzo que ayudaron a levantar el vuelo.
El lastre del instructor provocó en 2009 la prescripción de "innumerables procedimientos", incluso ya calificados en 2009 y la dilación indebida de otros por "la desidia del propio juzgado". La sede llegó a acumular entonces más de 2.500 diligencias previas sin resolver.
Aunque el nº de denuncias de mujeres víctimas disminuye con la losa de la crisis como una carrera de obstáculos para las que intentan liberarse del yugo de los malos tratos, la actividad de los investigadores ha repuntado en Ourense con un incremento notable de los procesos penales de violencia familiar y actos machistas.
Así lo pone de manifiesto la memoria de la Fiscalía Provincial de Ourense revelada esta semana superado ya el 1º semestre.
En 2011 se tramitaron un total de 1.327 asuntos relacionados con la violencia familiar, de los que 901, más de 2 cada día por término medio, eran sucesos de violencia de género.
La cifra queda muy por encima de los aproximadamente 650 procesos de 2010.
La 1ª acción de las fuerzas de seguridad y de la justicia no siempre basta para poner freno a los agresores.
El ministerio público expresa, negro sobre blanco, la "preocupación" por el "incremento sustancial de los delitos de quebrantamiento de condena", incumplimientos de medidas cautelares o sentencias judiciales, "que se dan esencialmente en la tipología que tiene que ver con la violencia doméstica", así como con las ausencias a los planes de cumplimiento de trabajos sociales que sustituyen las penas de prisión.
El incremento de esta figura delictiva tuvo su reflejo en la última tramitación que realizan los fiscales antes de que tenga lugar el juicio, como es el escrito de acusación en el que se relatan los hechos delictivos y se solicitan rangos de condenas.
Las
acusaciones por quebrantar una sentencia judicial o una medida dictada
en instrucción aumentaron un 37% en el plazo de un año.
En 2011, según
el balance del ministerio público, se tramitaron un total de 239
escritos por quebrantamientos de condena, frente a los 174 que se
realizaron durante 2010. El incremento de los incumplimientos de órdenes judiciales es todavía más acusado si se toma como referencia el año 2007, cuando los quebrantamientos apenas superaron el centenar de casos.
Desde entonces, las acusaciones de este tipo han crecido un 130%.
En los 112 casos en que se decretó prisión provisional el año pasado, 22 eran quebrantamientos.
Aun con el riesgo de que no disuadan al agresor, la autoridad judicial dictó el año pasado 140 órdenes de alejamiento y protección por casos de agresión machista.
Caen las denuncias un 20%
Los
datos del Observatorio de la Violencia contra la Mujer dan otra
lectura.
Un total de 540 maltratadas dio el paso de señalar a sus
agresores, lo que revela una disminución del 20% en el nº de
denuncias.
El año pasado en Ourense, casi la mitad de los acusados
consiguió salir absuelto.
Un total de 261 agresores –4 mujeres– se
sentaron en el banquillo pero 118 fueron exonerados. Según la misma estadística, 67 mujeres, aproximadamente 1 de cada 10 denunciantes, terminaron renunciando al proceso penal.
1 de cada 4 procedimientos se archivaron provisionalmente.
El fiscal teme "un nuevo colapso" en Instrucción Nº 3
La
recuperación del juzgado de Instrucción Nº 3, el órgano que
asume los delitos contra la mujer a falta de un juzgado específico en
Ourense, lleva camino de quedar en nada, según apunta el fiscal delegado
de Violencia de Género en la memoria provincial. Julián Pardinas muestra su preocupación por un "nuevo colapso" tras la marcha de la juez titular que había tomado el control y la amortización de 1 de las 2 plazas de funcionarios de refuerzo que ayudaron a levantar el vuelo.
El lastre del instructor provocó en 2009 la prescripción de "innumerables procedimientos", incluso ya calificados en 2009 y la dilación indebida de otros por "la desidia del propio juzgado". La sede llegó a acumular entonces más de 2.500 diligencias previas sin resolver.
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