La reforma procesal exige reciclar al juez de instrucción

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La reforma procesal exige reciclar al juez de instrucción.
Con el nuevo sistema, actuarán como jueces de garantía o de intermediación.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño: La reforma procesal exige reciclar al juez de instrucción

Lola Fernández - Madrid - 26/07/2011
Las consecuencias del nuevo procedimiento judicial penal que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, impulsó el pasado viernes con la aprobación de 2 anteproyectos:
a. -la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y
b.- una nueva Ley Orgánica de Desarrollo de los Derechos Fundamentales, exigirá la reconversión de los jueces de instrucción, cuyo número tendrá que disminuir en pro de la ampliación del cuerpo de fiscales.

"El modelo provocará un reordenamiento del cuerpo de jueces y fiscales, ya que estos últimos tendrán que elevar su plantilla, mientras que los jueces de instrucción deberán disminuir", explica José Luis Ramírez, juez de lo penal y, a su vez, portavoz de la progresista Asociación de Jueces para la Democracia.

Ante esta situación, el proyecto de Caamaño tendrá que dar salida a estos profesionales de la justicia, que deberán reconvertirse y adoptar nuevas competencias.
Una posibilidad es que puedan reciclarse en las 2 nuevas categorías de la judicatura que el Gobierno quiere poner en marcha: los jueces de garantía o los jueces de intermediación, pero tampoco se descarta la posibilidad de que algunos de ellos reorienten su carrera como fiscales.

Talante personal
"He sido durante 10 años juez de instrucción", aclara Ramírez, "pero creo que la decisión de ejercer como nuevos fiscales responsables de la investigación dependerá del talante personal de cada juez, si se sienten cómodos en la investigación u ofreciendo garantías al proceso", añade Ramírez.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha reconocido en una entrevista al diario El País que necesitará liberar 1.000 jueces para que se dediquen a juzgar.
"Ahora, el juez que investiga es el mismo que decide si uno queda en libertad .... Tiene el monopolio absoluto.
Con la reforma, lo que hacemos es que el fiscal investigue y todos sus actos tienen que ser autorizados por un juez que no tiene nada que ver con la investigación y es distante", aclara el propio ministro en la citada entrevista.

Sobre el texto, por tanto, la reforma convierte al juez en un 3º imparcial ajeno a la investigación, cuyas funciones garantes serán: 
1.- la autorización de diligencias, medidas cautelares,
2.- controlar la duración de la investigación o
3.- resolver las impugnaciones contra los decretos del ministerio fiscal, entre otras.

"Valoramos positivamente el cambio porque ofrece una solución a los muchos problemas que plantea el enjuiciamiento criminal", asegura el portavoz de los jueces progresistas.
Por el contrario, los jueces más conservadores consideran más importante dotar de mayor independencia al ministerio fiscal, aunque sí aprueban los cambios en el proceso penal.
En su opinión, el más grave es una fase de investigación muy ineficaz, que impide investigar con rapidez cada caso ante la dispersión de competencias entre el partido judicial y los juzgados de instrucción, y la dificultad de ser juez y parte.
"Es esquizofrénico, o uno garantiza el derecho, o uno investiga", sostiene el portavoz de Jueces para la Democracia.

A partir de ahora, habrá un fiscal responsable, y si el delito es muy complicado, podrá pedir la ayuda de 4 fiscales.
No obstante, este necesitará el concurso del juez de garantías para que se practiquen las diligencias de intervención corporal grave, análisis de ADN, interceptación de las comunicaciones telefónicas, entrada y registro domiciliario, registro informático o la utilización de un agente encubierto, entre otras.

Los abogados estudian el nuevo sistema penal
Para muchos colegios de abogados ayer fue un día festivo, sin embargo, para los que no, como el de Barcelona, ayer fue un día de estudio y reflexión de los 2 anteproyectos de Ley de Enjuiciamiento Criminal con objeto de ofrecer durante esta semana una opinión consensuada sobre el nuevo modelo propuesto por Francisco Caamaño.

El ministro ha decidido que el Consejo General del Poder Judicial, el ministerio fiscal y los colegios de abogados ofrezcan su visión sobre el nuevo sistema.
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ya dijo en una entrevista a Europa Press que "queda poco tiempo" para sacar adelante esta reforma tan ansiada por el órgano de gobierno de los jueces.
No obstante, habló de su necesidad, "al ser la única ley que no ha sido tratada en profundidad en la democracia", indicó el nº 2 del CGPJ, que aboga por "regular de nuevo la figura del fiscal general del Estado y su dependencia al Gobierno de turno".

Por el contrario, los abogados han visto cómo una de sus mayores reivindicaciones: la garantía del secreto profesional, se fortalecía con esta última iniciativa de Justicia.
Según reza el texto, se prohibirá "toda la interceptación de las comunicaciones que el investigado mantenga con el abogado defensor", y se ofrecerá "el mismo régimen de comparecencia inmediata de la defensa en las vigilancias acústicas".
Para muchos letrados, se trata de una "medida lógica, porque es la piedra angular en la que se sustenta el derecho de defensa".

No obstante, ambos anteproyectos deben ser aprobados por el Parlamento antes de una convocatoria de elecciones. El tiempo apremia.