Denuncias Falsas: Una realidad evidente

El abuso inmoral de la Justicia
Publicado el 12/02/2008, por Santiago Milans del Bosch, jurista.

La Constitución propugna como “valor superior del ordenamiento jurídico la justicia”. Pero lo cierto es que en muchos casos –cada vez más– se usan los tribunales sólo para embolsarse ilícitamente una buena cantidad de dinero, aunque para ello halla que engañarlos haciéndose pasar por una víctima que necesita ser amparada y resarcida.

Últimamente lo estamos viendo con las noticias, que vienen en cascada, de quienes pretenden cobrar de los padres los desperfectos en sus vehículos al haber atropellado mortalmente a sus hijos (así, el caso del joven ciclista riojano).

Pero éstos no son los únicos en que se usa –mejor sería decir, se abusa– de la Justicia para fines espúreos o, cuando menos, ilícitos.
Lo preocupante es, en realidad, el uso inmoral de los medios y las personas que integran la Administració n de Justicia, cuando se acude a ésta no para solicitar lo que en Derecho corresponde sino para fines e intereses que nada tienen que ver con la Justicia , sino más bien con el bolsillo o con un injusto castigo ejemplarizante que sirva para reforzar una especifica acción política e ideológica de “bienes especialmente protegidos”.

Esto está al orden del día: denuncias falsas o en base a hechos preconstituidos que provocan la incoación de las pertinentes “diligencias previas”, con el consiguiente calvario de figurar durante años como imputado, aunque luego se archiven por “inexistencia de delito”;
1.- chantajes a las empresas con la amenaza de denunciarla y vapulearla mediáticamente, salvo que se indemnice por unos supuestos daños cuya valoración se acepta por ser ello “más económico” que el temido daño reputacional;
2.- acusaciones en los casos de siniestralidad laboral, con el consiguiente riesgo de cárcel para el empresario, salvo que se indemnice, ¡claro está!, por encima del baremo oficial, y ello aun cuando muchas veces el accidente se deba a causa ajena de la empresa o a culpa exclusiva del trabajador;
3.- denuncias, alentadas por la propaganda oficial, de sufrir un acoso psicológico por parte del marido (que automáticamente supone, por tratarse de un hombre contra una mujer, pernoctar en los calabozos policiales antes de ser puesto a disposición judicial) provocando la actuación del Juzgado de violencia de género que se encargará de tramitar de forma expeditiva no sólo la depuración de la posible responsabilidad penal sino también la custodia a favor de la madre y el régimen de visitas para con los hijos, además del divorcio;
4.- reclamaciones de cantidad o bajas laborales como consecuencia de los días, semanas o meses de incapacidad para el trabajo derivados de un accidente de tráfico, que el detective costeado por la aseguradora descubre está disfrutando con deportes de riesgo, etcétera.

Claro que hay casos reales y reclamaciones justas. Pero otras –demasiadas– no lo son.
¿Cómo poner fin a este abuso de la justicia? No es difícil, si se quiere:
1.- establecimiento de una sanción al querellante zafio, imposición legal de costas al denunciante temerario,
2.- persecución de oficio al querulante falso por delito de denuncia falsa,
3.- resarcimiento de los daños al honor y fama a cargo del querulante, del funcionario desaprensivo que actúa fuera de toda profesionalidad ‘construyendo’ el ilícito penal, o de la propia Administración de Justicia por el ‘error’ o anormal funcionamiento de la misma,
4.- obligación de dar la misma publicidad al archivo de la causa penal o sentencia absolutoria por inexistencia de hecho criminal, que la que se dio con motivo de su incoación, etcétera.

Sólo así tendremos una Administración de Justicia más justa, ágil, eficaz y moderna.