CANARIAS7, DOMINGO 25 NOVIEMBRE 2007
Mº Antonia Caro ha sido una de las ponentes de la comisión parlamentaria que creó la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Además pertenece a la Asociación pro-derechos humanos de Andalucía.
“La ley de violencia de género está pervertida”
Carlos S. Beltrán
Las Palmas de Gran Canaria
-¿Qué balance hace después de casi tres años de la aprobación de la Ley contra la Violencia de Género?
-El balance es ambivalente. Los pronunciamientos muy escorados en un sentido u otro que provoca la ley son un problema. Aún así, ha significado en muchos aspectos cosas positivas e importantes, como el hecho de que queden legislados los derechos de las mujeres víctimas de malos tratos. La ley tiene y tuvo un impacto social tremendo, ha ayudado a crear conciencia sobre un problema muy grave que afecta a un número importantísimo de personas.
El año pasado fueron cerca de 148.000 denuncias, 31.000 hombres condenados. Estamos hablando de unas cifras y unas magnitudes impresionantes.
La mayoría se produce en el ámbito doméstico, en la pareja, con lo que la erosión que produce se magnifica. Hay problemas importantes en la ley que con el paso del tiempo se han agravado.
-¿Cuáles son esos problemas?
-Son básicamente dos. El principal es que hay un enfoque penal abusivo.
La ley no corrige políticas anteriores muy punitivas que apuestan por solucionar el problema por la vía penal cuando es un problema social.
La ley no corrige estos errores sino que abunda en ellos, con mayores penas y castigos. Está habiendo intentos para acotar los problemas que se suscitan del abuso penal. El problema está en que desde un empujón hasta el asesinato todo es maltrato, según la ley. El otro problema es la obligatoriedad que impone a los jueces para emitir órdenes de alejamiento, quiera la víctima o no. Además se castiga más una conducta cuando la realiza un hombre que una mujer.
Es una ley perversa que se debe modificar.
-Entonces, ¿no se está haciendo bien?
-La implementación que se ha hecho de la ley es muy deficiente. Los recursos de atención sociales son verdaderamente escasos. Paralelamente, a ese abuso penal, están las deficiencias de los programas de tratamiento a hombres maltratadores. Casi no existe. Además las listas de espera para atención psicológica son eternas. Hay una contradicción entre un desarrollo legislativo grande y una puesta en práctica inexistente.
La ley agudiza estos problemas y la situación de las mujeres.
-Por ahora ya van 70 mujeres asesinadas. ¿Qué está fallando?
-Se debe hacer una evaluación real de la ley. Lo que se hace de manera sistemática por parte de todas las Administraciones es legislar, legislar y adoptar una medida tras otra sin evaluar la funcionalidad. Es una barbaridad que no haya un mejor diagnóstico del problema y que no haya una evaluación real y profunda de los recursos que se están activando y en los que se deben afianzar o retirar. Debe haber una evaluación profunda para saber porqué sigue aumentando el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Sin una evaluación rigurosa es imposible conocer las causas.
-¿Qué soluciones hay?
-Las soluciones pasan por un mejor uso de los recursos destinados a las víctimas de la violencia. Deben concentrarse en los casos más peligrosos, en las situaciones donde las mujeres realmente corren peligro. Si se tiene una concepción de que el maltrato es todo pues no se está priorizando situaciones en las que habría de concentrar todos los recursos existentes.
En vez de esto se están dispersando las herramientas. Así es imposible atender adecuadamente a las mujeres. Existe posibilidad de reflexionar sobre estos recursos y cambiar algunas concepciones de la ley que impiden avanzar en este campo.
Las Administraciones deben optimizar los recursos.
-¿Cree que las mujeres hacen un uso fraudulento de la ley?
-Hay dos problemas en esto. Se está popularizando la idea de que las mujeres abusan de ella. No estoy de acuerdo con eso. La perversión está en la propia ley no en el uso que hacen las mujeres. La ley obliga a presentar una orden de protección para tener acceso a los recursos para cubrir sus necesidades. La ley es la que presenta el problema. El abuso habría que demostrarlo. La ley prohíbe expresamente la mediación profesional, desde que haya algún atisbo de malos tratos.
-¿Está la sociedad concienciada?
-Se logra también de forma ambivalente. Cuando se pregunta específicamente por la violencia de género, sólo el 3% de los españoles lo consideran un problema grave o importante.
Sigue habiendo una distancia entre la envergadura del problema y la conciencia social.
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