3 damnificados de Sevilla encabezan una iniciativa para intentar sacar adelante sus denuncias agrupándolas.
VMPress|23.07.2015
Los
gabinetes psicosociales adscritos a los juzgados tienen la tarea de
orientar las decisiones judiciales en asuntos de tanta importancia como
el de anular los derechos de una persona mediante una incapacitación.
Debido a la alta tasa de conflictividad familiar que se da en nuestro
País, su trabajo más frecuente se desarrolla en asuntos de Familia,
donde su peritación suele ser decisoria a la hora de volcar custodias,
prohibir visitas o imponer alejamientos determinando si el padre que se
está divorciando tiene “perfil maltratador”. Sus consecuencias se
convierten en irreversibles en los niños, cuya personalidad se va a
forjar bajo los condicionantes que le hayan sido impuestos judicialmente
y puede quedar lesionada para siempre si no fueron los correctos porque
se produjo una peritación inadecuada. Por eso es tan mezquino que un
dictamen no se emita con criterios estrictamente profesionales en
beneficio del menor, sino que se dé cabida a otros intereses. Esto es
algo que una sociedad que aprecie su futuro no debería tolerar. En
España han venido sucediendo muchas cosas vergonzosas que debemos
corregir, y esta parece ser una de ellas.
Y así se pone de manifiesto ahora en Sevilla, donde los 3 Equipos
Psicosociales de los Juzgados de la Ciudad se encuentran denunciados e
investigados desde hace casi un año en un proceso de instrucción por
denuncias presentadas por 3 ciudadanos, debido a la elaboración de
informes falseados. Todos los denunciantes son varones (2 padres de
familia y un abuelo cuyo hijo ha quedado sumido en una profunda
depresión) que han visto perjudicados sus derechos a la hora de la
atribución de la custodia y régimen de visitas de los hijos o nietos.
Las actuaciones reprochadas consisten en la realización de informes
oficiales sobre exploraciones a menores sin la correspondiente
autorización judicial ni consentimiento paterno, la emisión de informes
sobre la relación del padre con los hijos sin molestarse en
presenciarla, la atribución de un carácter violento al padre en base a
denuncias presentadas por la madre a sabiendas de que habían sido
desestimadas en doble instancia en los Juzgados, calificarlo de “adicto”
sin base objetiva alguna, etc. Denuncian manipulaciones tan alevosas
como la de haber informado que la familia paterna nunca se presentaba a
visitar al menor en el Punto de Encuentro, después de haberles impedido
expresamente el acceso sin una orden judicial que lo justificara. Con
esas actuaciones se condicionó decisiones judiciales que produjeron la
separación injustificada de los menores de su entorno familiar paterno
y, en opinión de los denunciantes, trastornos psicológicos graves en
todos los afectados, especialmente los menores, algunos de los cuales
han presentado conductas agresivas contra profesores o han precisado
asistencia psiquiátrica.
Todas las denuncias han sido agrupadas en el Juzgado de Instrucción Nº 7 de la Ciudad Hispalense. Aunque fueron presentadas entre los meses de Junio a Diciembre de 2014, el proceso se encuentra bloqueado por la falta de pronunciamiento del la Fiscalía de Sevilla desde hace más de 9 meses, muy por encima del plazo máximo legal de 6 con el que cuenta para hacerlo. Los afectados señalan a la fiscal jefe de Sevilla, la Sra. Segarra, como responsable directa de ese bloqueo, pues ya con anterioridad a este asunto venía desoyendo las órdenes recibidas en Noviembre de 2013 desde la Fiscalía General del Estado y la Superior de Andalucía para investigar a la trabajadora social y posteriormente al psicólogo y al conjunto del Equipo Psicosocial Nº 1 de aquella ciudad.
El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental también ha sido denunciado por complicidad, al negarse a perseguir la carencia de colegiación del Psicólogo del Equipo Psicosocial Nº 1 (cuya obligatoriedad está avalada por el Tribunal Constitucional) y el intrusismo profesional de un individuo sin titulación relacionado con un alto cargo del Colegio, que realizó 42 sesiones de terapia en una mujer y la impulsó a presentar una denuncia por maltrato (que se desestimó por falsa) para poder apartar a los hijos de su padre. Además, se ven incluidos en el procedimiento judicial los Puntos de Encuentro Familiar de Sevilla y algunos altos cargos de la Junta de Andalucía de los que dependen estos Equipos Psicosociales, por emitir resoluciones absolutorias sobre la praxis profesional de 2 de los psicólogos denunciados, suplantando así las funciones del Colegio. Estos son también los encargados de la distribución de las importantes subvenciones públicas que Asuntos Sociales destina al Colegio de Psicólogos y, en general, al entramado conocido como “Género”.
Durante mucho tiempo, muchos otros afectados han venido quejándose de este tipo de prácticas en foros sociales, pero el temor de los afectados y sus abogados a la respuesta que se suele dar a este tipo de denuncias en las mismas Instituciones Judiciales a las que pertenecen estos Equipos Psicosociales, la amplitud de la influencia corporativa que llegan a acumular las Instituciones de “Género” y la falta de conexión entre los afectados, explica que apenas se produzcan reclamaciones por este tipo de asuntos. Pero en lo que llevamos de año 2015, otros 2 padres de familia de Córdoba y Cádiz se han sumado a la iniciativa de estos 3 sevillanos, uniendoles sus propias denuncias sobre los Equipos Psicosociales de sus localidades ante la Fiscalía General del Estado. La iniciativa de este pequeño grupo está consiguiendo despertar el valor de algunos de esos numerosísimos padres y madres que expresaban su frustración Internet. Muchos ya están preparando las pruebas para entregar también sus propias denuncias y podrían desencadenar una oleada que consiga trascender a la opinión pública. De momento han conseguido que se abra diligencias en Sevilla y Huelva.
Su expectativas se han visto alentadas porque, dentro del tímido proceso de saneamiento de las Instituciones Públicas que está viviendo nuestra Sociedad, recientemente en Murcia ha sido expedientada y sancionada con 4 meses de suspensión una psicóloga judicial, por la elaboración de un informe en un caso en el que una de las partes del proceso judicial en el que ella peritaba había sido atendida a en su consulta privada.
Escenas tan novedosas como la capacidad de unión de este grupo de denunciantes andaluces y la aparición de este tipo de sanciones abren la esperanza para cambiar realidad cotidiana de ciudades como Murcia, donde todos estamos acostumbramos a presenciar casos como el de una conocida psiquiatra vinculada a los Juzgados que volcó la custodia a favor de un padre del que terminó haciéndose pareja estable inmediatamente después del procedimiento judicial, pero volvió a volcarla a favor de la madre cuando rompió su unión con él. La catastrófica intervención pública en las situaciones de conflictividad familiar ha venido sufriendo dimensiones dramáticas en lugares como Madrid, Murcia o Canarias, donde la demora para tener acceso a un Punto de Encuentro Familiar donde poder ver a los hijos llega a superar el año alegando falta de recursos. Mientras tanto, se destina enormes partidas presupuestarias a financiar el asociacionismo neo-feminista o a implantar como obligatoria en muchas facultades de la Universidad Española la asignatura ideológica de Género, a semejanza de lo que ocurría en los peores tiempos de la Dictadura con su doctrina. Ante este tipo de actuaciones da la impresión de que, agotado ya el “filón” de las recalificaciones por el hundimiento de la Construcción, los sectores políticos menos escrupulosos están buscando ahora su lucro en “el Género” y “la Igualdad” a costa del erario público y de la desgracia de hijos, padres, madres, y abuelos.
Los promotores de esta iniciativa disponen de una dirección de correo electrónico (sereshumanosymenoresdestruidos@hotmail.com) para informar a todos aquellos padres, medres y abuelos que deseen recabar información al respecto o sumarse a ella.
Todas las denuncias han sido agrupadas en el Juzgado de Instrucción Nº 7 de la Ciudad Hispalense. Aunque fueron presentadas entre los meses de Junio a Diciembre de 2014, el proceso se encuentra bloqueado por la falta de pronunciamiento del la Fiscalía de Sevilla desde hace más de 9 meses, muy por encima del plazo máximo legal de 6 con el que cuenta para hacerlo. Los afectados señalan a la fiscal jefe de Sevilla, la Sra. Segarra, como responsable directa de ese bloqueo, pues ya con anterioridad a este asunto venía desoyendo las órdenes recibidas en Noviembre de 2013 desde la Fiscalía General del Estado y la Superior de Andalucía para investigar a la trabajadora social y posteriormente al psicólogo y al conjunto del Equipo Psicosocial Nº 1 de aquella ciudad.
El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental también ha sido denunciado por complicidad, al negarse a perseguir la carencia de colegiación del Psicólogo del Equipo Psicosocial Nº 1 (cuya obligatoriedad está avalada por el Tribunal Constitucional) y el intrusismo profesional de un individuo sin titulación relacionado con un alto cargo del Colegio, que realizó 42 sesiones de terapia en una mujer y la impulsó a presentar una denuncia por maltrato (que se desestimó por falsa) para poder apartar a los hijos de su padre. Además, se ven incluidos en el procedimiento judicial los Puntos de Encuentro Familiar de Sevilla y algunos altos cargos de la Junta de Andalucía de los que dependen estos Equipos Psicosociales, por emitir resoluciones absolutorias sobre la praxis profesional de 2 de los psicólogos denunciados, suplantando así las funciones del Colegio. Estos son también los encargados de la distribución de las importantes subvenciones públicas que Asuntos Sociales destina al Colegio de Psicólogos y, en general, al entramado conocido como “Género”.
Durante mucho tiempo, muchos otros afectados han venido quejándose de este tipo de prácticas en foros sociales, pero el temor de los afectados y sus abogados a la respuesta que se suele dar a este tipo de denuncias en las mismas Instituciones Judiciales a las que pertenecen estos Equipos Psicosociales, la amplitud de la influencia corporativa que llegan a acumular las Instituciones de “Género” y la falta de conexión entre los afectados, explica que apenas se produzcan reclamaciones por este tipo de asuntos. Pero en lo que llevamos de año 2015, otros 2 padres de familia de Córdoba y Cádiz se han sumado a la iniciativa de estos 3 sevillanos, uniendoles sus propias denuncias sobre los Equipos Psicosociales de sus localidades ante la Fiscalía General del Estado. La iniciativa de este pequeño grupo está consiguiendo despertar el valor de algunos de esos numerosísimos padres y madres que expresaban su frustración Internet. Muchos ya están preparando las pruebas para entregar también sus propias denuncias y podrían desencadenar una oleada que consiga trascender a la opinión pública. De momento han conseguido que se abra diligencias en Sevilla y Huelva.
Su expectativas se han visto alentadas porque, dentro del tímido proceso de saneamiento de las Instituciones Públicas que está viviendo nuestra Sociedad, recientemente en Murcia ha sido expedientada y sancionada con 4 meses de suspensión una psicóloga judicial, por la elaboración de un informe en un caso en el que una de las partes del proceso judicial en el que ella peritaba había sido atendida a en su consulta privada.
Escenas tan novedosas como la capacidad de unión de este grupo de denunciantes andaluces y la aparición de este tipo de sanciones abren la esperanza para cambiar realidad cotidiana de ciudades como Murcia, donde todos estamos acostumbramos a presenciar casos como el de una conocida psiquiatra vinculada a los Juzgados que volcó la custodia a favor de un padre del que terminó haciéndose pareja estable inmediatamente después del procedimiento judicial, pero volvió a volcarla a favor de la madre cuando rompió su unión con él. La catastrófica intervención pública en las situaciones de conflictividad familiar ha venido sufriendo dimensiones dramáticas en lugares como Madrid, Murcia o Canarias, donde la demora para tener acceso a un Punto de Encuentro Familiar donde poder ver a los hijos llega a superar el año alegando falta de recursos. Mientras tanto, se destina enormes partidas presupuestarias a financiar el asociacionismo neo-feminista o a implantar como obligatoria en muchas facultades de la Universidad Española la asignatura ideológica de Género, a semejanza de lo que ocurría en los peores tiempos de la Dictadura con su doctrina. Ante este tipo de actuaciones da la impresión de que, agotado ya el “filón” de las recalificaciones por el hundimiento de la Construcción, los sectores políticos menos escrupulosos están buscando ahora su lucro en “el Género” y “la Igualdad” a costa del erario público y de la desgracia de hijos, padres, madres, y abuelos.
Los promotores de esta iniciativa disponen de una dirección de correo electrónico (sereshumanosymenoresdestruidos@hotmail.com) para informar a todos aquellos padres, medres y abuelos que deseen recabar información al respecto o sumarse a ella.
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