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Las tasas judiciales pueden incrementar el coste de un
pleito, aminorar aún más algunas luchas judiciales poco frecuentes -como
las relativas a asuntos de protección del medioambiente - y hasta
saturar la jurisdicción penal, la única exenta de este coste. Estos son
solo algunos de los posibles perjuicios de los nuevos tributos que se
imponen en el acceso a los tribunales que ayer se pusieron sobre la mesa
en una jornada organizada por el Foro Profesional de Derecho y
Administración y Dirección de Empresas (Fordade), en colaboración con la
Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (UMU).
La conferencia inaugural corrió a cargo del profesor
titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Valencia, Gabriel
Doménech, quien recordó que los tributos judiciales son habituales en
el entorno europeo y defendió su pertinencia «incluso en cuantías tan
elevadas como las actuales». Doménech subrayó, sin embargo, que «el sistema es demasiado rígido» y recalcó la necesidad de que «se ajuste a distintas necesidades». Este experto en Derecho Administrativo se mostró partidario, por ejemplo, de que se aplique una reducción a las tasas en función de la capacidad económica del ciudadano. Advirtió, asimismo, de que éstas pueden dar lugar a «comportamientos estratégicos», como el fraccionamiento de los procedimientos o el abuso de la vía penal para tratar de eludir el pago de estas tasas
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