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El Tribunal de Estrasburgo desestimará los casos menos graves para ganar agilidad
Con esta medida pretende desatascar los 150.000 casos retrasados que tiene
El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos del Consejo de Europa(TEDH)
podrá rechazar pronunciarse sobre los casos que no impliquen «una
desigualdad significativa» para los reclamantes, como medio de
desatascar una lista de trabajo atrasado que alcanza ya los 150.000 casos.
La
Conferencia que se clausuró el viernes en la ciudad inglesa de Brighton
ha adoptado una serie de modificaciones en las reglas de funcionamiento
del tribunal, pero no ha aceptado el grueso de las demandas que promovía el gobierno británico y que pretendían reducir las prerrogativas del tribunal, para someterlo forzosamente a la soberanía de los estados miembros.
En
realidad, se trata de un resultado desigual para el pulso que ha
mantenido desde 2010 el gobierno británico, que se consideró ofendido
por una sentencia del Tribunal de Estrasburgo en la que fue condenado
por restringir el derecho de voto a los presos.
Londres no ha logrado el
consenso de los 47 estados miembros para alcanzar todos sus objetivos, aunque se ha dado por satisfecho con la reforma.
Lo
que sí se ha acordado es modificar los criterios de admisibilidad de
las quejas, para limitarlo a casos que se consideren más graves, o como
se dice en el texto, víctimas de una desigualdad significativa,
lo que se espera que haga al tribunal más eficaz para ocuparse de los
asuntos de mayor importancia.
El plazo en el que el tribunal deberá
decidir si admite o no un caso se reduce de 6 a 4 meses.
Además,
ha insistido en urgir a aquellos de los 47 países miembros del Consejo
de Europa que todavía no aplican la Convención de los Derechos Humanos
de 1950, lo que evitaría que haya tantas quejas de ciudadanos que acuden
al Tribunal de Estrasburgo reclamando sus derechos.
La mayor parte de las quejas, más del 80 %, provienen de países como Turquía, Rusia o Ucrania.
Sin embargo, hasta ahora9 de cada10 casos son rechazados por el tribunal.
Las decisiones tomadas en Brighton deben ser perfiladas y puestas en práctica en 2013.
El primer ministro británico, David Cameron,
había dicho al exponer su intención de reformar el criterio de
funcionamiento del Tribunal que este «no debería comprometer su
prestigio revisando decisiones de la justicia nacional, cuando esto no
es necesario».
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